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miércoles, 23 de enero de 2008

Alimentos Polar denuncia decomisos ilegales de alimentos de la cesta básica

Alimentos Polar denunció lo que calificó como “una serie de actuaciones arbitrarias e ilegales en contra de los trabajadores, las instalaciones y la mercancía de Alimentos Polar, en varias partes del país”, por parte de funcionarios de la Guardia Nacional.
José Anzola, director de Logística y Abastecimiento de Alimentos Polar, informó que más de 350 toneladas de varios alimentos de la cesta básica y 165 toneladas de harina precocida de maíz, producidas por Alimentos Polar para su comercialización en distintos puntos de venta del país, han sido retenidas por efectivos de la Guardia Nacional de manera “ilegal, arbitraria e irresponsable” en los estados Táchira, Mérida, Bolívar y Monagas.
Asimismo, Anzola denunció públicamente la privación de la libertad por parte de los funcionarios de la GN en la ciudad de Maturín, del ingeniero Ricardo Felice, trabajador de la compañía.

Al detallar los hechos, el vocero explicó que las acciones ilegales comenzaron cuando fueron retenidos un total de 27 camiones por efectivos de la Guardia Nacional en varios puntos del país: en el Comando Regional 1, con sede en la ciudad de San Cristóbal; en el Peaje El Quebradón en la vía hacia El Vigía; y en el Comando Logístico de la GN de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar, alegando razones de presunto contrabando hacia países fronterizos.
Anzola explicó que al momento de la retención los camiones se encontraban realizando sus funciones habituales de distribución de los alimentos producidos por la compañía, hacia las sucursales de venta en esas entidades (en el caso del transporte primario) y hacia distintos puntos de venta (en el caso de la flota comercial de Alimentos Polar).
Detalló que la mercancía retenida está constituida por productos de primera necesidad que contribuyen a la seguridad alimentaria del país: harina precocida de maíz, mayonesa, salsa de tomate, margarina, arroz, crema de arroz y avena.
Aseguró que esta situación supone la interrupción del normal suministro de esos productos hacia los puntos de venta, afectando notablemente la cadena de comercialización que generaría una oferta insuficiente de esos alimentos en los estados de San Cristóbal, Mérida, Valera, El Vigía, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar y las poblaciones aledañas.
Asimismo, Anzola informó que el martes en la noche fue allanada por efectivos de la Guardia Nacional, la sucursal de Alimentos Polar en la ciudad de Maturín, siendo retenidas 165 toneladas de harina precocida de maíz que corresponden al inventario habitual de dos días y medio de ventas.
En el procedimiento fue detenido por efectivos de la GN el ingeniero Ricardo Felice, trabajador de Alimentos Polar.
Anzola dijo que el allanamiento, el decomiso de la mercancía y la detención del trabajador, son “actos ilegales, arbitrarios y violatorios de los derechos constitucionales básicos de la empresa, de sus trabajadores y de la población que se ve afectada por estas medidas”.
“Nos sorprende que la razón esgrimida por los efectivos que practicaron el allanamiento en Maturín sea acaparamiento, puesto que la razón de ser de esta instalación comercial es precisamente la de acopiar los alimentos para su distribución; de hecho, la cantidad de harina precocida de maíz que allí se encontraba corresponde al inventario habitual de dos días y medio de ventas”, explicó.
Para Anzola, estas acciones “arbitrarias, ilegales e irresponsables”, lejos de contribuir con la seguridad alimentaria del país, dificultan notablemente el abastecimiento seguro y continuo de alimentos.
“Creemos firmemente que la solución al tema de la oferta oportuna y suficiente de alimentos exige la acción conjunta entre el gobierno y la empresa privada. En ese sentido, Alimentos Polar ha estado en permanente comunicación con los ministerios y organismos especializados en el tema, ofreciendo propuestas e informando en todo momento sobre la continuidad de nuestras operaciones”, dijo.
“Nosotros pensamos que estas actuaciones son hechos aislados, que se contradicen con la política de Seguridad Alimentaría establecida por el Ejecutivo Nacional y son contrarias a las conversaciones que hemos mantenido en reuniones con las autoridades del área”, dijo Anzola. “Esperamos que no se repitan y que se restablezca la normalidad para poder continuar abasteciendo a la población”, agregó.
Para finalizar, aseguró que la empresa ejercerá todas las acciones legales que correspondan para la defensa de nuestros derechos constitucionales y los de sus trabajadores.
MGCGlobovisión/AFP

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