Citgo Petroleum, filial de Petróleos de Venezuela, jugó un importante papel en el bloqueo de las sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro involucrados en violaciones de los derechos humanos que iban a ser aprobadas en el Senado, convenciendo a una senadora de Louisiana de que la medida ponía en riesgo a cientos de puestos de trabajo en su estado.
La empresa de capital venezolano radicada en Houston también contrató los servicios de dos importantes firmas de cabildeo en Washington en mayo, cuando una versión de las sanciones introducida por la congresista Ileana Ros-Lehtinen fue aprobada en la Cámara Baja.
La resolución en la Cámara Alta –introducida por el senador demócrata Bob Menéndez y promovida por el republicano Marco Rubio– solicita al presidente Barack Obama que congele las visas y los activos en Estados Unidos de aquellas personas involucradas en la represión emprendida por el régimen de Maduro durante las manifestaciones de la primera mitad de este año, que dejó al menos 43 muertos, cerca de 900 heridos, miles de detenidos y decenas de casos reportados de tortura.
Pero los esfuerzos por conseguir la aprobación de las sanciones en el Senado fueron bloqueados por la senadora demócrata Mary Landrieu, quien argumentó que las medidas pondrían en riesgo los puestos de 2,000 trabajadores en Louisiana.
“Después de que Citgo me envió una carta resaltando que las sanciones podrían poner en peligro estos trabajos, yo me metí y bloqueé el proyecto de ley”, dijo Landrieu esta semana a periodistas, mientras visitaba una de las instalaciones de Citgo en Louisiana.
“Yo creo con firmeza que el gobierno venezolano debe asumir la responsabilidad por sus violaciones a los derechos humanos, pero podemos hacerlo de una manera que proteja los empleos en esta refinería”, agregó.
La carta enviada por Citgo a la senadora resaltó que las medidas podrían afectar severamente las operaciones de la compañías en el complejo de Lake Charles.
La preocupación de Citgo consiste en la posibilidad de que la interpretación de la legislación por parte del Poder Ejecutivo podría llevar a la compañía a ser considerada como “una persona” y que su vinculación con la estatal PDVSA pudiese implicarla en abusos a los derechos humanos en ese país.
La empresa también teme que las medidas le impidan importar crudo venezolano que representa cerca del 30 por ciento del total utilizado en su refinería de Lake Charles.
“Las sanciones propuestas podrían tener consecuencias que nos obligarían, en un mercado de pesados muy limitado, a operar a tasas de capacidad muy limitadas e impactar nuestra capacidad de manejar un negocio”, dijo en la carta el vicepresidente de Gobierno y Asuntos Públicos de Citgo, Rafael Gómez Abreu.
Funcionarios de Citgo no pudieron ser contactados a tiempo para comentar sobre este artículo.
En sus declaraciones en público, Landrieu ha señalado que ella está dispuesta a respaldar las sanciones si una pequeña frase es introducida en la legislación para proteger los puestos de trabajo de Louisiana.
Pero ya el tema de las violaciones a los derechos humanos ha llegado a formar parte de la campaña electoral en la que la senadora trata de conseguir su reelección, y su contrincante –el republicano Bill Cassidy– la acusa ya de salir en respaldo del autoritarismo del régimen chavista.
“Los funcionarios del régimen venezolano han estado oprimiendo a venezolanos inocentes, saqueando la riqueza del país, viajando a Estados Unidos para derrochar y luego regresar a Venezuela para continuar con la represión”, manifestó recientemente Cassidy en un comunicado redactado conjuntamente con Rubio.
La contienda entre Landrieu y Cassidy es muy reñida y el tema de las sanciones ha incrementado la temperatura de la campaña. Activistas venezolanos de Miami, encabezados por la ONG Independent Venezuelan American Citizens (IVAC), ha organizado jornadas de protesta en Louisiana para denunciar la decisión de la senadora.
Además de escribirle a la senadora, la unidad estadounidense de PDVSA contrató a dos influyentes firmas de cabildeo para tratar de incrementar su influencia en Washington.
Según el blog Politico, Citgo contrató a las firmas Squire Patton Boggs y Cornerstone Government Affairs, pagándoles un total combinado de $450,000 en honorarios en el segundo trimestre.
La empresa además le pagó $100,000 a Grayling, una firma que también le representa en Washington.
Squire Patton Boggs, en particular, tiene una larga relación con Landrieu. El ex senador de Louisiana, John Breaux, quien es copresidente de la firma de cabildeo, ejerció su período en la Cámara Alta al lado de la senadora, reportó Politico.
La empresa de capital venezolano radicada en Houston también contrató los servicios de dos importantes firmas de cabildeo en Washington en mayo, cuando una versión de las sanciones introducida por la congresista Ileana Ros-Lehtinen fue aprobada en la Cámara Baja.
La resolución en la Cámara Alta –introducida por el senador demócrata Bob Menéndez y promovida por el republicano Marco Rubio– solicita al presidente Barack Obama que congele las visas y los activos en Estados Unidos de aquellas personas involucradas en la represión emprendida por el régimen de Maduro durante las manifestaciones de la primera mitad de este año, que dejó al menos 43 muertos, cerca de 900 heridos, miles de detenidos y decenas de casos reportados de tortura.
Pero los esfuerzos por conseguir la aprobación de las sanciones en el Senado fueron bloqueados por la senadora demócrata Mary Landrieu, quien argumentó que las medidas pondrían en riesgo los puestos de 2,000 trabajadores en Louisiana.
“Después de que Citgo me envió una carta resaltando que las sanciones podrían poner en peligro estos trabajos, yo me metí y bloqueé el proyecto de ley”, dijo Landrieu esta semana a periodistas, mientras visitaba una de las instalaciones de Citgo en Louisiana.
“Yo creo con firmeza que el gobierno venezolano debe asumir la responsabilidad por sus violaciones a los derechos humanos, pero podemos hacerlo de una manera que proteja los empleos en esta refinería”, agregó.
La carta enviada por Citgo a la senadora resaltó que las medidas podrían afectar severamente las operaciones de la compañías en el complejo de Lake Charles.
La preocupación de Citgo consiste en la posibilidad de que la interpretación de la legislación por parte del Poder Ejecutivo podría llevar a la compañía a ser considerada como “una persona” y que su vinculación con la estatal PDVSA pudiese implicarla en abusos a los derechos humanos en ese país.
La empresa también teme que las medidas le impidan importar crudo venezolano que representa cerca del 30 por ciento del total utilizado en su refinería de Lake Charles.
Funcionarios de Citgo no pudieron ser contactados a tiempo para comentar sobre este artículo.
En sus declaraciones en público, Landrieu ha señalado que ella está dispuesta a respaldar las sanciones si una pequeña frase es introducida en la legislación para proteger los puestos de trabajo de Louisiana.
Pero ya el tema de las violaciones a los derechos humanos ha llegado a formar parte de la campaña electoral en la que la senadora trata de conseguir su reelección, y su contrincante –el republicano Bill Cassidy– la acusa ya de salir en respaldo del autoritarismo del régimen chavista.
“Los funcionarios del régimen venezolano han estado oprimiendo a venezolanos inocentes, saqueando la riqueza del país, viajando a Estados Unidos para derrochar y luego regresar a Venezuela para continuar con la represión”, manifestó recientemente Cassidy en un comunicado redactado conjuntamente con Rubio.
Además de escribirle a la senadora, la unidad estadounidense de PDVSA contrató a dos influyentes firmas de cabildeo para tratar de incrementar su influencia en Washington.
Según el blog Politico, Citgo contrató a las firmas Squire Patton Boggs y Cornerstone Government Affairs, pagándoles un total combinado de $450,000 en honorarios en el segundo trimestre.
La empresa además le pagó $100,000 a Grayling, una firma que también le representa en Washington.
Squire Patton Boggs, en particular, tiene una larga relación con Landrieu. El ex senador de Louisiana, John Breaux, quien es copresidente de la firma de cabildeo, ejerció su período en la Cámara Alta al lado de la senadora, reportó Politico.
