López denunció a Nicolás Maduro, Miguel Rodríguez Torres, y Manuel Gregorio Bernal Martínez como presuntos autores intelectuales de los homicidios de Bassil Da Costa y Juan Montoya | Foto EFE / Archivo
Ante el Ministerio Público el dirigente opositor denunció al presidente Nicolás Maduro, al ministro Miguel Rodríguez Torres y al ex director del Sebin Manuel Bernal como autores intelectuales de los homicidios del 12-F
Nunca antes la jueza 28 de Juicio, Susana Barreiros, se puso tan seria. El abogado defensor de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, le reprochó públicamente que, en forma ilegal y al margen de sus atribuciones, se haya prestado para tratar de corregir un error cometido por la Fiscalía con el cual quedaría definitivamente desmontada la acusación por incendio a la sede del Ministerio Público al final de la marcha opositora del 12 de febrero de 2014.
El 15 de septiembre Barreiros envió una comunicación a la Fiscalía solicitándole que le remitiera la experticia química realizada a dos segmentos de tela, varios pedazos de vidrio (supuestamente los restos de una bomba molotov) y un trozo de papel quemado en un borde que fueron hallados dentro de la biblioteca del Ministerio Público.
La experticia no estaba incluida en el expediente, a pesar de que había sido promovida por la Fiscalía y admitida por la jueza 16 de control, Adriana López. Se detectaron fallas en la identificación numérica de la prueba y que estaba señalada como una experticia biológica, en vez de química. Los defensores se encargaron de destacar que no se trata de formalidades no esenciales (como alegó la Fiscalía), sino de la admisión de todas las pruebas del Ministerio Público sin analizarlas individualmente, al tiempo que todas las promovidas por la defensa, excepto el testimonio de uno de los asistentes a la marcha opositora, fueron rechazadas.
Carlos García Guevara, abogado de Marcos Coello, uno de los cuatro estudiantes acusados, también dejó en entredicho la imparcialidad de la jueza 28 de juicio: “Si usted ha repetido hasta el cansancio que no puede admitir más pruebas que las admitidas por el tribunal de control, ¿cómo es que ahora intenta incorporar una prueba mal formulada por la Fiscalía”.
De nada valieron los alegatos reiterados de los defensores. Barreiros se empeñó en que Cristian Padrón, el experto que habría evaluado las evidencias presuntamente impregnadas de hidrocarburos y sustancias inflamables, ofreciera su testimonio. Sin embargo, el experto echó por la borda todos los esfuerzos de los fiscales y de la jueza por rescatar la única prueba que serviría de asidero a la acusación de incendio, el segundo delito más grave endilgado a López y a dos de los estudiantes. Cuando se sentó en el banquillo Padrón dijo que no podía contestar preguntas si no tenía la experticia a la vista. Y es que no podría verla porque no está incluida en el expediente.
¿Maduro autor intelectual? Al inicio de la quinta sesión del debate oral y público Leopoldo López reveló que ayer formalizó una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente Nicolás Maduro, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, y el ex director del Sebin Manuel Gregorio Bernal Martínez como presuntos autores intelectuales de los homicidios de Bassil Da Costa y Juan Montoya.
Como en otras ocasiones, López argumentó que los ataques a la Fiscalía fueron una reacción de un grupo de manifestantes contra los asesinatos de Da Costa y Montoya a manos de funcionarios del Sebin. Destacó que por 6 de los 42 homicidios ocurridos durante las protestas en todo el país que comenzaron en febrero y se prolongaron hasta mayo la Fiscalía ha acusado a funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado: “Entre ellos escoltas del ministro Rodríguez Torres”.
En la denuncia formulada en la Fiscalía se indica, por ejemplo, que “según la pretensión punitiva de la Fiscalía, los autores materiales del asesinato de Bassil Alejandro Da Costa Frías son funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dependiente jerárquico de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela”. Y seguidamente se señala: “existe una cadena de mando inequívocamente delimitada en forma ascendente entre los autores del hecho objeto de la acusación fiscal y los ciudadanos general de Brigada (Ej) Manuel Gregorio Bernal Martínez, director del Sebin; mayor general (Ej) Miguel Rodríguez Torres, ministro; y Nicolás Maduro Moros, en su condición de Presidente de la República”.
Se destaca como “circunstancia no causal” que los presuntos homicidas de Da Costa, Jonathan José Rodríguez Duarte y Andry Yoswua Jaspe López, se desempeñaban, respectivamente, como asistente y escolta del ministro Rodríguez Torres.
En el documento consignado ante el Ministerio Público también se hace referencia a la participación de integrantes de los colectivos oficialistas en el homicidio de Montoya: “El Ministerio Público presentó acusación en contra del ciudadano Hermenegildo Barrera Niño (…) víctima y victimario compartían la coordinación general del Secretariado Revolucionario de Venezuela, organización que agrupa y dirige los grupos colectivos, que se definen como representantes del poder comunal y popular”.
López dijo ser consciente de que esta denuncia caería en saco roto, pero que el propósito es demostrar que el 12 de febrero se ejecutó “una celada” planificada por el gobierno.
El debate oral y público proseguirá el 14 de octubre.
La desesperación de Christian
La sesión empezó a las 4:07 y terminó a las 6:48 pm. La mayor parte del tiempo Christian Holdack permaneció en el borde de uno de los bancos destinados al público, con la cabeza recostada sobre una baranda y a ratos sobre la pared. La cefalea vascular grave que le ha sido diagnosticada y 230 días de prisión lo desesperan.
La sesión empezó a las 4:07 y terminó a las 6:48 pm. La mayor parte del tiempo Christian Holdack permaneció en el borde de uno de los bancos destinados al público, con la cabeza recostada sobre una baranda y a ratos sobre la pared. La cefalea vascular grave que le ha sido diagnosticada y 230 días de prisión lo desesperan.
A pesar del malestar, decidió hablarle directamente a la jueza Susana Barreiros, en vista de que no ha atendido satisfactoriamente las solicitudes de sus abogados para que reciba la asistencia médica especializada que necesita.
“Cuando me detuvieron, solo por estar haciendo fotos, me dieron muchos golpes y patadas por la cabeza. Los dolores cada vez son más fuertes y ya no sé qué hacer. Los analgésicos que me han mandado ya no me surten efectos, ni siquiera en sobredosis. ¿Qué es lo que quieren?, ¿que me muera?”, expresó el joven de 23 años, que estudia Diseño.
La representante de la Defensoría del Pueblo María Eugenia Torres Dugarte y la fiscal de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público Adriana Salazar han abogado por Holdack, pero la jueza Barreiros se ha negado a concederle libertad condicional para que recupere su salud. Solo accedió a que hoy fuese trasladado al Hospital Militar Carlos Arvelo, donde sería examinado por un neurólogo y un psiquiatra.
El dato
Charles A. Bentley, de la oficina de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, asistió como observador a la sesión del debate oral y público que se llevó a cabo ayer.
Charles A. Bentley, de la oficina de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, asistió como observador a la sesión del debate oral y público que se llevó a cabo ayer.
