En los últimos meses, el gobierno de Guyana ha optado por acelerar la actividad petrolera en áreas marinas bajo disputa con Venezuela, mediante el inicio de faenas el pasado mes de marzo del barco-taladro Deepwater Champion al servicio de la petrolera Exxon-Mobil. El gobierno del presidente guyanés Donald Ramotar, además, ha amenazado con abandonar el esquema bilateral de resolución del diferendo y recurrir a instancias judiciales internacionales, mientras dentro del régimen venezolano impera la tesis cubana de no afectar la territorialidad de Guyana.
Pese a las intensas relaciones que el régimen chavista ha mantenido con el Caribe mediante, por ejemplo, programas de venta de crudo a precios privilegiados en Petrocaribe, los gobiernos que forman el Caricom emitieron el 20MAR15 un comunicado confirmando su tradicional posición de respaldo a “la soberanía e integridad territorial de Guyana y al desarrollo económico y social sin restricciones de toda Guyana”.
El gobierno Maduro, hasta la fecha, no ha respondido formalmente a las acciones del gobierno guyanés ni de Caricom, siguiendo una lógica impuesta desde el gobierno de Hugo Chávez que privilegia las relaciones políticas con el Caribe antes que la defensa territorial. La cancillería venezolana no se ha dirigido al gobierno de Guyana exigiéndole la paralización de las actividades petroleras y, curiosamente, ha preferido emitir comunicaciones dirigidas a la empresa Exxon-Mobil, beneficiaria de la concesión otorgada por el gobierno de Guyana sobre territorio en disputa.
La más reciente carta de la canciller de Maduro, Delsy Eloina Rodríguez, a la petrolera está datada el 07ABR15 y el destinatario es Jeff Simon, jefe de la empresa Exxon en Guyana. En ella Rodríguez afirma que el gobierno de Venezuela considera un “acto absolutamente nulo (…) cualquier acto que facilite la ejecución de actividades de exploración y/o explotación no consensuadas, ni autorizadas por los Estados interesados en el referido espacio marítimo, donde solo cabe los efectos jurídicos derivados del consenso exclusivamente bilateral entre ambos estados, estos son la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela”.
No deja de llamar la atención que la gravedad de lo planteado por la canciller de Maduro repose en una comunicación a un empleado de una empresa privada estadounidense y no al lógica contraparte para estos asuntos, es decir, el gobierno guyanés.
Las expresiones “actividades no consensuadas” y “consenso exclusivamente bilateral” dejan ver una inédita interpretación legal del régimen chavista sobre la eventual administración compartida de la zona en disputa.
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