Preocupa a EE UU traslado de Ceballos a "una cárcel lejana sin aviso"
Roberta Jacobson, la secretaria de Estado adjunta de EE UU para Latinoamérica | Foto Archivo El Nacional
La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, recordó que los derechos humanos en Venezuela "deben ser respetados"
El Gobierno de EE.UU. expresó hoy su preocupación por el traslado de una cárcel militar a otra civil del opositor venezolano Daniel Ceballos y pidió a Venezuela "liberar" a los prisioneros políticos.
En su cuenta de Twitter, la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica, Roberta Jacobson, se declaró "preocupada" por el traslado de Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, a "una cárcel lejana sin aviso" y agregó que los derechos humanos en Venezuela "deben ser respetados".
En otro tuit, Jacobson indicó que Ceballos fue trasladado de una prisión a otra "sin orden judicial" y subrayó que Venezuela "debería liberar a prisioneros políticos".
Según su abogada, Ceballos fue trasladado del penal militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, a una cárcel civil en San Juan de los Morros, en el estado Guárico (centro), algo que confirmó después la esposa del opositor.
El secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) venezolana, Jesús Torrealba, informó hoy que esa alianza acudirá a la Organización de Estado Americanos (OEA) para denunciar el traslado de prisión del exalcalde, que calificó de "agresión".
Mientras, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) también protestó hoy "enérgicamente" por el traslado del opositor venezolano.
"El sorpresivo traslado se hizo sin orden judicial y sin informar a sus familiares ni abogados, y pone en grave e inminente peligro al exalcalde Ceballos, quien se encuentra arbitrariamente detenido desde hace más de un año", denunció el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Ceballos, detenido en marzo de 2014, fue condenado a 12 meses de prisión ya cumplidos por desacato a una medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que obligaba a las autoridades municipales a impedir la colocación de barricadas durante las protestas de principios de ese año.
Sin embargo, el TSJ informó de que continuaría preso "por la causa judicial que se le sigue por rebelión y agavillamiento (asociación para delinquir)", relacionada también con esas jornadas de manifestaciones antigubernamentales.
Los hechos violentos registrados durante las protestas antigubernamentales entre febrero y junio de 2014 ocasionaron la muerte de 43 personas entre oficialistas, opositores y personas sin filiación política.
