Desde un tráiler justo frente al ayuntamiento de la villa de Bal Harbour, la policía estableció una complicada operación encubierta.
Haciéndose pasar por blanqueadores de dinero, ellos contaron los $409,115 en dinero de la droga que acababan de llegar. Lo juntaron en fajos. Le tomaron fotos.
En los días que siguieron, lo entregaron: miles de dólares a VA Cell, una compañía ubicada en Atrium Office Park en el Doral. Aún más a GSM City, una popular tienda de computadoras apenas a tres millas de distancia.
Armados con una de las leyes contra el lavado de dinero más severas de todo el país, la policía infiltró los carteles de la droga cinco años atrás y se enfocaron en sus redes de lavado de dinero, preparando lo que debió haber sido una ofensiva arrasadora contra los negocios usados por los narcotraficantes para ocultar su efectivo.
Pero, al final, no pasó nada.
Ni un solo dueño de compañía fue arrestado por el Equipo de Trabajo de los Tres Condados, ni tampoco fue demandado por lo civil para confiscar sus activos. Hasta el momento, la mayoría de esas compañías exportadoras están abiertas, y agentes federales siguen sospechando de algunas de ellas que lavan dinero para las organizaciones de narcotráfico, concluyó una investigación del Miami Herald.
“Fue una operación encubierta, pero no operaron nada”, dijo Mark Overton, jefe de policía de Bal Harbour, quien fue contratado después de la disolución del equipo de trabajo. “Fue un intento miope de investigar el lavado de dinero”.
La falta de resultados policiales representa todo lo que funcionó mal en un equipo de trabajo que desvió millones de dólares a esos negocios — reuniendo pruebas cruciales en contra de algunos de sus propietarios — y sin embargo no tomó medida alguna en contra de ellos.
Esos lapsos tuvieron lugar a todos los niveles, desde la ausencia de citaciones judiciales para inspeccionar a los negocios a la ausencia de reportes investigativos para llevar los casos a los tribunales. Los mismos frustraron una operación que se suponía que iba a echar abajo una de las redes de lavado de dinero más florecientes de la nación.
En la declaración de objetivos de su misión, el equipo de trabajo dijo que su objetivo era “disminuir significativamente la capacidad de las organizaciones de lavado de dinero que operaban en las áreas que son nuestro objetivo”, y finalmente “apresar a los responsables”. Pero ni un solo caso fue encausado.
Cuando ellos entregaron casi $20 millones a las tiendas — tiendas de computadoras, puntos de venta de teléfonos celulares, distribuidores de juegos — ellos cobraron a los grupos delictivos decenas de miles de dólares en comisiones todos los meses para lavar su dinero, y usaron parte de lo ganado para pagarse vuelos en primera clase, estancias en hoteles de lujo y compras costosas.
Los negocios de exportación ha han sido usados durante años por los grupos criminales para sacar dinero de la droga fuera del país y llevarlo a país tales como Colombia y México, según ex agentes de la DEA.
Siguiendo instrucciones de intermediarios, los agentes encubiertos enviaron el dinero a un mínimo de 349 negocios, más de la mitad de los cuales estaban en Miami-Dade, en un montón de transferencias bancarias y, en casos más obvios, llevando el efectivo a la misma puerta de los propietarios.
Con cada negocio, la lista de exportadores creció. La ciudad en la que había más de ellos: Doral, el suburbio en expansión de Miami conocido por su ilustre torneo de PGA, el concurso de Miss Universe y cientos de exportadores esparcidos en cada rincón de la ciudad.
El Herald concluyó que al menos 83 negocios en el Doral — en su mayor parte tiendas de computadoras y teléfonos celulares — recibieron colectivamente casi $7 millones de los policías encubiertos.
Ex miembros del equipo de trabajo defienden su investigación, diciendo que ellos pasaron información detallada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sobre los negocios de exportación, y dejaron en manos de la DEA y otras agencias federales deshacer las florecientes redes en Miami-Dade y Broward. En la mayoría de los casos, ellos hubieran comprometido sus casos si arrestaran a dueños de negocios o los demandaran por lo civil para confiscar sus activos, afirmaron.
“Nosotros hicimos nuestro trabajo”, dijo Tommy O’Keefe, sargento retirado de la policía de Miami-Dade y jefe del Equipo de Trabajo de los Tres Condados. “Nosotros les dimos muchísima información”.
No obstante, de los negocios locales que recibieron dinero — 201 en Miami-Dade y Broward — solamente tres propietarios fueron encausados, y, en cada caso, las pruebas provinieron de investigaciones de la DEA llevadas a cabo por los propios investigadores de la agencia, según muestran archivos y entrevistas.
El Herald concluyó que por lo menos 10 exportadores recibieron una docena o más de transferencias bancarias de los policías encubiertos. En un negocio por $1.2 millones en el Día de San Valentín en el 2011, los policías enviaron 40 transferencias bancarias, la mitad de las cuales fueron a parar a tiendas de exportación en Miami-Dade.
Veintidós pagos se hicieron a Microbol en lo que expertos llaman un patrón que debió haber atraído el escrutinio de la policía simplemente debido al número de transferencias bancarias enviadas por una compañía fachada. El total: $367,251.
Aún más transferencias se enviaron a Florida Appliances & Electronics, la cual recibió dos docenas de pagos por un total de $293,041.
Al enviar dinero a las tiendas, la policía estaba recurriendo a uno de los métodos de lavado de dinero más viejos del país.
En lugar de limitarse a mover el dinero a través de una serie de cuentas de banco hasta que no hubiera vínculo alguno con los narcotraficantes, ellos recurrieron a las tiendas de exportación de Miami que venden laptops y otras mercancías en lo que se conoce como el Cambio del Peso del Mercado Negro.
Los policías encubiertos recogían dinero de la droga de los carteles por todo el país. Luego, acudían a las tiendas de exportación de Miami que envían miles de laptops a vendedores al por menor en Colombia y otros países.
Los policías usaron el dinero de la droga para pagar a las tiendas de exportación de Miami por la mercancía enviada a los minoristas en Colombia.
Los minoristas de Colombia pagaron entonces a los carteles en pesos.
Nora Jiménez, presidenta ejecutiva de Microbol, dijo que ella consideraba que estaba recibiendo dinero por la mercancía que su compañía enviaba a los compradores en el extranjero, y que no sabía que estaba recibiendo dinero de la droga. “Si yo vendo algo, debo poder pagar por ello”, dijo.
Shelley Henderson, presidenta de Florida Appliances, dijo que ella no sabía que dinero alguno enviado a su negocio hubiera pertenecido a organizaciones de la droga. “No sabemos de dónde vino ese dinero”, dijo. Ninguna de las dos compañías ha sido encausada”.
“Eso desafía toda lógica y toda credibilidad”, dijo Donald Semesky, ex agente criminal del IRS. “Ellos no quieren saber de dónde vino ese dinero. Lo que ellos están diciendo es: ‘Yo no vi las drogas. ¿Por qué no puedo vender mi mercancía?’”
Irónicamente, algunos de los exportadores que recibían pagos de los policías estaban situados a corta distancia de la sucursal sudfloridana de la Reserva Federal, la institución que supervisa la integridad de las fuentes de dinero de la nación.
Una de las firmas fue VA Cell, exportadora de teléfonos celulares con pisos de losas blancas y lucientes y vidrios polarizados en Doral, y otra fue GSM City, una importante exportadora de teléfonos celulares en un centro comercial en una de las calles más concurridas de Doral.
Una y otra vez, el equipo de trabajo envió transferencias bancarias a los exportadores, mientras el equipo de trabajo continuaba lavando inmensas sumas de dinero y recibiendo comisiones. En total, los agentes enviaron a VA Cell casi tres docenas de pagos, incluyendo tres en un mismo día, por la suma de $891,499.
GSM City recibió 32 pagos que pasaron de $778,965, según los archivos.
Iván Garcés, contador forense y experto en lavado de dinero que asesora a los exportadores, dijo que las firmas que recibieron una o dos transferencias bancarias podían ser disculpadas. Ellos pudieron haber pensado que el dinero provenía de un cliente.
Pero cuando las tiendas empiezan a recibir múltiples transferencias bancarias por grandes sumas de dinero, y, en muchos casos, números redondos de parte de compañías fachada, “esas son señales de alarma. Ahí es que hay que empezar a hacer preguntas”.
Bajo las leyes de la Florida, el equipo de trabajo pudo haber intentado demandar por lo civil a algunos exportadores usando un estatuto que da a la policía amplios poderes para interrumpir el flujo de dinero, entre ellos la capacidad de confiscar dinero de cuentas de banco e imponer multas.
La única agencia gubernamental que tomó medidas fue el Departamento de Justicia.
Después de una profunda investigación, agentes federales acusaron a VA Cell y otras empresas de recibir miles de dólares de manos de corredores de dinero que trabajaban para el notorio cartel Norte del Valle, según una demanda federal presentada en Nueva York en el 2013. VA Cell negó las acusaciones y llegó a un acuerdo extrajudicial en el caso cuyos detalles fueron mantenidos confidenciales.
Lilly Ann Sánchez, abogado de VA Cell, dijo que su cliente tiene un negocio legítimo y no sabía que estaba recibiendo dinero de la droga.
GSM City tuvo tropiezos en una pesquisa criminal.
Tras entregar dinero repetidas veces a un vendedor — parte del mismo metido en bolsas de papel — agentes federales arrestaron a los dueños, Shamin y Amjad Azad, por no reportar el dinero al gobierno, según actas judiciales. Los hombres se declararon culpables el año pasado, fueron sentenciados a tres años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario, y acordaron entregar $232,131. Ambos propietarios dijeron que no sabían que el dinero tenía nada que ver con las drogas.
Haciéndose pasar por blanqueadores de dinero, ellos contaron los $409,115 en dinero de la droga que acababan de llegar. Lo juntaron en fajos. Le tomaron fotos.
En los días que siguieron, lo entregaron: miles de dólares a VA Cell, una compañía ubicada en Atrium Office Park en el Doral. Aún más a GSM City, una popular tienda de computadoras apenas a tres millas de distancia.
Armados con una de las leyes contra el lavado de dinero más severas de todo el país, la policía infiltró los carteles de la droga cinco años atrás y se enfocaron en sus redes de lavado de dinero, preparando lo que debió haber sido una ofensiva arrasadora contra los negocios usados por los narcotraficantes para ocultar su efectivo.
Ni un solo dueño de compañía fue arrestado por el Equipo de Trabajo de los Tres Condados, ni tampoco fue demandado por lo civil para confiscar sus activos. Hasta el momento, la mayoría de esas compañías exportadoras están abiertas, y agentes federales siguen sospechando de algunas de ellas que lavan dinero para las organizaciones de narcotráfico, concluyó una investigación del Miami Herald.
“Fue una operación encubierta, pero no operaron nada”, dijo Mark Overton, jefe de policía de Bal Harbour, quien fue contratado después de la disolución del equipo de trabajo. “Fue un intento miope de investigar el lavado de dinero”.
La falta de resultados policiales representa todo lo que funcionó mal en un equipo de trabajo que desvió millones de dólares a esos negocios — reuniendo pruebas cruciales en contra de algunos de sus propietarios — y sin embargo no tomó medida alguna en contra de ellos.
En la declaración de objetivos de su misión, el equipo de trabajo dijo que su objetivo era “disminuir significativamente la capacidad de las organizaciones de lavado de dinero que operaban en las áreas que son nuestro objetivo”, y finalmente “apresar a los responsables”. Pero ni un solo caso fue encausado.
Cuando ellos entregaron casi $20 millones a las tiendas — tiendas de computadoras, puntos de venta de teléfonos celulares, distribuidores de juegos — ellos cobraron a los grupos delictivos decenas de miles de dólares en comisiones todos los meses para lavar su dinero, y usaron parte de lo ganado para pagarse vuelos en primera clase, estancias en hoteles de lujo y compras costosas.
En Doral
Siguiendo instrucciones de intermediarios, los agentes encubiertos enviaron el dinero a un mínimo de 349 negocios, más de la mitad de los cuales estaban en Miami-Dade, en un montón de transferencias bancarias y, en casos más obvios, llevando el efectivo a la misma puerta de los propietarios.
Con cada negocio, la lista de exportadores creció. La ciudad en la que había más de ellos: Doral, el suburbio en expansión de Miami conocido por su ilustre torneo de PGA, el concurso de Miss Universe y cientos de exportadores esparcidos en cada rincón de la ciudad.
El Herald concluyó que al menos 83 negocios en el Doral — en su mayor parte tiendas de computadoras y teléfonos celulares — recibieron colectivamente casi $7 millones de los policías encubiertos.
Ex miembros del equipo de trabajo defienden su investigación, diciendo que ellos pasaron información detallada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sobre los negocios de exportación, y dejaron en manos de la DEA y otras agencias federales deshacer las florecientes redes en Miami-Dade y Broward. En la mayoría de los casos, ellos hubieran comprometido sus casos si arrestaran a dueños de negocios o los demandaran por lo civil para confiscar sus activos, afirmaron.
“Nosotros hicimos nuestro trabajo”, dijo Tommy O’Keefe, sargento retirado de la policía de Miami-Dade y jefe del Equipo de Trabajo de los Tres Condados. “Nosotros les dimos muchísima información”.
No obstante, de los negocios locales que recibieron dinero — 201 en Miami-Dade y Broward — solamente tres propietarios fueron encausados, y, en cada caso, las pruebas provinieron de investigaciones de la DEA llevadas a cabo por los propios investigadores de la agencia, según muestran archivos y entrevistas.
Dinero de extraños
Hacia el 2011, el equipo de trabajo estaba desviando millones hacia más de 200 tiendas, cada una de las cuales se convirtió en parte importante de sus negocios. Siempre que los agentes encubiertos pudieran cumplir con la demanda de los grupos criminales enviando dinero de la droga a los exportadores, siguieron haciendo negocios con ellos.El Herald concluyó que por lo menos 10 exportadores recibieron una docena o más de transferencias bancarias de los policías encubiertos. En un negocio por $1.2 millones en el Día de San Valentín en el 2011, los policías enviaron 40 transferencias bancarias, la mitad de las cuales fueron a parar a tiendas de exportación en Miami-Dade.
Veintidós pagos se hicieron a Microbol en lo que expertos llaman un patrón que debió haber atraído el escrutinio de la policía simplemente debido al número de transferencias bancarias enviadas por una compañía fachada. El total: $367,251.
Aún más transferencias se enviaron a Florida Appliances & Electronics, la cual recibió dos docenas de pagos por un total de $293,041.
Al enviar dinero a las tiendas, la policía estaba recurriendo a uno de los métodos de lavado de dinero más viejos del país.
En lugar de limitarse a mover el dinero a través de una serie de cuentas de banco hasta que no hubiera vínculo alguno con los narcotraficantes, ellos recurrieron a las tiendas de exportación de Miami que venden laptops y otras mercancías en lo que se conoce como el Cambio del Peso del Mercado Negro.
Los policías encubiertos recogían dinero de la droga de los carteles por todo el país. Luego, acudían a las tiendas de exportación de Miami que envían miles de laptops a vendedores al por menor en Colombia y otros países.
Los policías usaron el dinero de la droga para pagar a las tiendas de exportación de Miami por la mercancía enviada a los minoristas en Colombia.
Los minoristas de Colombia pagaron entonces a los carteles en pesos.
Nora Jiménez, presidenta ejecutiva de Microbol, dijo que ella consideraba que estaba recibiendo dinero por la mercancía que su compañía enviaba a los compradores en el extranjero, y que no sabía que estaba recibiendo dinero de la droga. “Si yo vendo algo, debo poder pagar por ello”, dijo.
Shelley Henderson, presidenta de Florida Appliances, dijo que ella no sabía que dinero alguno enviado a su negocio hubiera pertenecido a organizaciones de la droga. “No sabemos de dónde vino ese dinero”, dijo. Ninguna de las dos compañías ha sido encausada”.
A la sombra de la Reserva Federal
Ex agentes de la DEA dijeron que exportadores que reciben cientos de miles de dólares de compañías fachada tienen la responsabilidad de saber si ese dinero proviene de un cliente.“Eso desafía toda lógica y toda credibilidad”, dijo Donald Semesky, ex agente criminal del IRS. “Ellos no quieren saber de dónde vino ese dinero. Lo que ellos están diciendo es: ‘Yo no vi las drogas. ¿Por qué no puedo vender mi mercancía?’”
Irónicamente, algunos de los exportadores que recibían pagos de los policías estaban situados a corta distancia de la sucursal sudfloridana de la Reserva Federal, la institución que supervisa la integridad de las fuentes de dinero de la nación.
Una de las firmas fue VA Cell, exportadora de teléfonos celulares con pisos de losas blancas y lucientes y vidrios polarizados en Doral, y otra fue GSM City, una importante exportadora de teléfonos celulares en un centro comercial en una de las calles más concurridas de Doral.
Una y otra vez, el equipo de trabajo envió transferencias bancarias a los exportadores, mientras el equipo de trabajo continuaba lavando inmensas sumas de dinero y recibiendo comisiones. En total, los agentes enviaron a VA Cell casi tres docenas de pagos, incluyendo tres en un mismo día, por la suma de $891,499.
GSM City recibió 32 pagos que pasaron de $778,965, según los archivos.
Iván Garcés, contador forense y experto en lavado de dinero que asesora a los exportadores, dijo que las firmas que recibieron una o dos transferencias bancarias podían ser disculpadas. Ellos pudieron haber pensado que el dinero provenía de un cliente.
Pero cuando las tiendas empiezan a recibir múltiples transferencias bancarias por grandes sumas de dinero, y, en muchos casos, números redondos de parte de compañías fachada, “esas son señales de alarma. Ahí es que hay que empezar a hacer preguntas”.
Bajo las leyes de la Florida, el equipo de trabajo pudo haber intentado demandar por lo civil a algunos exportadores usando un estatuto que da a la policía amplios poderes para interrumpir el flujo de dinero, entre ellos la capacidad de confiscar dinero de cuentas de banco e imponer multas.
La única agencia gubernamental que tomó medidas fue el Departamento de Justicia.
Después de una profunda investigación, agentes federales acusaron a VA Cell y otras empresas de recibir miles de dólares de manos de corredores de dinero que trabajaban para el notorio cartel Norte del Valle, según una demanda federal presentada en Nueva York en el 2013. VA Cell negó las acusaciones y llegó a un acuerdo extrajudicial en el caso cuyos detalles fueron mantenidos confidenciales.
Lilly Ann Sánchez, abogado de VA Cell, dijo que su cliente tiene un negocio legítimo y no sabía que estaba recibiendo dinero de la droga.
GSM City tuvo tropiezos en una pesquisa criminal.
Tras entregar dinero repetidas veces a un vendedor — parte del mismo metido en bolsas de papel — agentes federales arrestaron a los dueños, Shamin y Amjad Azad, por no reportar el dinero al gobierno, según actas judiciales. Los hombres se declararon culpables el año pasado, fueron sentenciados a tres años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario, y acordaron entregar $232,131. Ambos propietarios dijeron que no sabían que el dinero tenía nada que ver con las drogas.
El redactor del Nuevo Herald Enrique Flor y Joanna Zuckerman Bernstein contribuyeron a este reportaje.
