A dos meses de las elecciones parlamentarias, el chavismo ha empezado a desplegar medidas en 66,7% de los circuitos electorales del país con miras a mantener el control de la Asamblea Nacional. La táctica tiene directo sobre 74,3% de las circunscripciones con tendencia histórica reñida o levemente oficialista, los sitios en los que se decidirá quién se queda con la mayoría de escaños en las próximas legislativas
El 21 de agosto en la tarde fue la última vez que Laidy Gómez, candidata de la MUD en el circuito 1 de Táchira, pudo hacer un acto público de campaña. Pocas horas después del evento, el presidente Nicolás Maduro apareció en cadena nacional desde el palacio de Miraflores para decretar el estado de excepción en los seis municipios tachirenses que conforman su circunscripción.
“Como se prohibieron las concentraciones públicas, tuvimos que suspender las asambleas en los barrios y comunidades para evitar que inventen que estamos desacatando la medida y eso sirva de excusa para inhabilitar nuestra candidatura”, aseguró Gómez, luego de que su circuito, compuesto por los municipios Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta, cumplió un mes con las garantías restringidas y la frontera cerrada.
Gómez hizo una solicitud informal ante el Consejo Nacional Electoral para que mediara en la situación y su precampaña no se viera afectada. Sin embargo, el ente comicial le respondió que el período de proselitismo comienza oficialmente el 3 de noviembre.
Pero no todos los dirigentes políticos de la zona sienten el mismo temor a la hora de salir a la calle. El 5 de septiembre el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, realizó un acto de masas en el municipio Bolívar, fronterizo con Colombia. Lo acompañaron todos los candidatos del PSUV, incluido Néstor Sayago, el rival de Gómez, quien desde entonces ha hecho varias concentraciones públicas, según se puede corroborar por las fotos de su cuenta de Twitter, @Nestor_Sayago.
Esta medida especial y otras que han sido activadas por el chavismo en varios estados pudieran terminar decidiendo quién se lleva la victoria en los comicios legislativos el próximo 6 de diciembre, fecha en la que el PSUV aspira a mantener su control sobre el Parlamento.
Existe una competencia dispar entre los candidatos opositores, a quienes se les imponen restricciones, y los del PSUV, que actúan con toda libertad. El caso del circuito 1 de Táchira se repite con distinta intensidad en otras 9 circunscripciones, 10,3% del total, afectadas también por la declaración de estado de excepción en 23 municipios de Apure, Táchira y Zulia. En la 2 zuliana, compuesta por las alcaldías Jesús Enrique Lossada y La Cañada de Urdaneta, el opositor Avilio Troconiz se está movilizando con cautela: “Intentamos que no haya más de 30 personas reunidas para no llamar la atención de las autoridades. Aun así, algunas patrullas de la Policía Nacional Bolivariana nos han rodeado y mantienen la vigilancia. Hasta ahora hemos podido hacer actividades, el anuncio fue más mediático que otra cosa”, afirmó.
Seis de los nueve circuitos afectados por el estado de excepción tienen una tendencia histórica de votación reñida, por lo que la MUD está obligada a ganarlos para obtener la mayoría parlamentaria. Si no lo hace, tendrá que vencer en más circuitos históricamente chavistas en otros estados del país, lo que dificultaría sus opciones.
El 6-D no ganará quien obtenga la mayoría de sufragios, sino quien consiga más diputados. Con 84 se logra la mayoría y a partir de 101 se conquista la mayoría calificada, que otorga un importante poder político.
Con un margen a su favor de hasta 20 puntos porcentuales en intención de voto, el reto de la MUD es obtener la mayoría calificada, mientras que al PSUV le bastan unos pocos diputados más, gracias a la forma en que están distribuidos los circuitos electorales, que en su mayoría tienen una tendencia histórica inclinada hacia el chavismo.
Ganar sin popularidad. Con una intención de voto para los candidatos del PSUV que ronda 25%, según algunas encuestas, la popularidad del chavismo se encuentra en el peor momento de su historia y el panorama electoral es poco alentador. “Si esto fuera una elección nacional, el gobierno casi no tendría opciones de triunfo”, advierte Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos. “Lo único que hoy los mantiene en juego es su capacidad de manipulación y movilización de votos”, añade Alfredo Keller, quien preside la firma de análisis de datos Keller y Asociados.
Además del estado de excepción y del cierre de la frontera, en julio fue activada la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP), plan de seguridad que “busca erradicar el crimen y células paramilitares e intervenir con especial atención en urbanismos de la Misión Vivienda”, según los videos promocionales presentados por el mismo gobierno.
Pero cuando se analizan los lugares en los que se ha aplicado la OLP, queda claro el trasfondo electoral de lo que se ha vendido como una simple política pública para combatir la inseguridad.
Según un registro de los anuncios oficiales hechos por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz en Twitter y en la web hasta el 28 de septiembre hubo operativos en 53 circuitos. 23 de ellos son de tendencia histórica reñida o levemente chavista, 65,7% del total de espacios de ese tipo, los cuales definirán el resultado de la elección de diciembre. Del resto, 23 son fuertemente chavistas (57,5% de ese total) y 7 opositores (58,3% de ese total).
Sondeos de opinión indican que la inseguridad es el segundo mayor problema para los venezolanos, por detrás de las dificultades económicas, por lo que la meta del oficialismo es mejorar su imagen promoviendo mano dura contra el crimen. Según Hinterlaces, más de 80% de los encuestados en agosto respaldó la aplicación de la OLP, cifra que se elevó a 97% entre los autodenominados chavistas.
Si se suman los datos de la OLP y la declaratoria de estado de excepción, hasta finales de septiembre se aplicaron medidas especiales para influir directamente sobre el electorado de 58 circunscripciones, 66,7% del total. 26 de ellas son de tendencia levemente oficialista o reñida (74,3% del total de ese tipo), 25 son fuertemente chavistas (62,5% de ese total) y 7 opositoras (58,3% de ese total).
Al profundizar sobre los circuitos fuertemente chavistas y opositores en los que se activaron las medidas, el objetivo electoral queda todavía más claro.
Entre los primeros hay circunscripciones de estados como Apure y Portuguesa, donde el gobierno afronta el riesgo de derrotas inesperadas por divisiones, y zonas como los Valles del Tuy, en Miranda, donde algunos estudios revelan que la ventaja del PSUV es mucho más débil que en otros años.
En lo que respecta a los circuitos de tendencia opositora, cuatro de los siete están en Carabobo, Miranda y Zulia, los tres estados en los que se eligen tres diputados por método proporcional, por lo que ganar la entidad implica añadir un parlamentario y por eso es indispensable reducir las ventajas de la oposición en sus feudos. Entre los tres restantes está el circuito 3 de Caracas, importante para triunfar en la capital y con influencia sobre la circunscripción 2, que es reñida.
“Lo que estamos viendo es el chavismo impactando con fuerza sobre algunos circuitos específicos para evitar que la oposición llegue a la mayoría calificada. Al final son unas 24 circunscripciones las que serán la diferencia entre ganar o perder”, indica Oswaldo Ramírez, especialista en campañas electorales y director de ORC consultores.
Dakazo. En 2013 la aprobación de gestión de Nicolás Maduro venía cayendo progresivamente desde que ganó las presidenciales el 14 de abril. El panorama lucía tan gris que muchos auguraron que el chavismo tendría un mal resultado en las municipales de ese año. Sin embargo, todo cambió un mes antes de los comicios.
Con la intervención de varias tiendas de electrodomésticos, entre ellas Daka, el presidente logró que gran parte del electorado chavista e independiente responsabilizara a los comerciantes de la especulación de precios y creyera en la guerra económica. Esto provocó que la aprobación de su mandato subiera 9,5 puntos, según cifras de Datanálisis, y que el PSUV aumentara su intención de voto para terminar ganando 72,2% de las alcaldías. El “dakazo” alimentó la leyenda de que el chavismo es capaz de reponerse antes de cualquier elección activando medidas extraordinarias de última hora.
Es lo que busca ahora: si al cierre fronterizo y al estado de excepción logra sumar una mejora del abastecimiento, explotará el argumento de que las mafias fronterizas eran las culpables de la escasez, y con ello aumentar su popularidad e intención de voto, señalan expertos.
Esta idea será sometida a prueba en diciembre. Basándose en los últimos datos de las encuestas, algunos analistas ponen en duda esa teoría. “Creo que solo 10% del electorado estaría dispuesto a cambiar de opinión y apoyar al gobierno en los dos meses que quedan antes de los comicios”, advierte Seijas.
Ramírez es incluso más pesimista: “Viendo los últimos estudios, considero que el impacto positivo de medidas como la OLP y el cierre de la frontera apenas podría ser de entre 3% y 8% del electorado en circuitos específicos. En los lugares que están perdiendo muy holgadamente, eso no cambia nada”.
Enrique Márquez, dirigente de Un Nuevo Tiempo y miembro del comando de campaña de la MUD, agrega que las medidas no han sido exitosas, por lo que no atraerán al electorado. “En la frontera sigue el desabastecimiento de alimentos y la OLP no van a resolver realmente el tema de la inseguridad porque es un simple operativo más”, afirma.
Los últimos sondeos demuestran que más de 70% de la población no cree en la guerra económica y menos de 10% responsabiliza al sector privado de los problemas, el grupo que sirvió de chivo expiatorio en 2013.
Keller cree que en esta oportunidad la ciudadanía reaccionará con mucho menos entusiasmo ante iniciativas de última hora. “Será así por tres razones: 1) la credibilidad del gobierno es extremadamente baja, 70% de los encuestados no le creen nada, 2) existe ya una convicción general de que tiene las elecciones perdidas y 3) el único problema que se enfrenta no es la escasez. Puede llegar la comida, pero los precios siguen siendo cada vez más altos y eso no lo podrán detener”, argumenta.
Carlos Hurtado, vocero del grupo Clase Media Socialista, es uno de los chavistas descontentos. “Es lamentable que se espere a una coyuntura electoral para tomar medidas de seguridad y económicas que son necesarias desde hace mucho. Desde los movimientos sociales tenemos tiempo haciendo propuestas y no se nos había hecho caso. Podemos partir de la buena fe de que se busca combatir la delincuencia y el problema económico, pero no se puede actuar solo antes de los eventos electorales”, reclama Hurtado, que ahora también es miembro de Marea Socialista.
Jugar duro. Aunque analistas dudan del impacto nacional que pueden tener las medidas del oficialismo, consideran que mantienen el potencial de influir sobre el resultado de algunos circuitos específicos en los que afectan directamente el desarrollo del proceso electoral, como ocurre con el estado de excepción.
“Vamos a acudir al CNE y a distintas instancias regionales para que se respeten los derechos de todos lo candidatos y cesen las limitaciones, que han sido especialmente fuertes en Táchira”, advierte Márquez.
El decreto restringió expresamente seis garantías constitucionales en los nueve circuitos afectados. Cuatro de ellas influyen directamente sobre las actividades de campaña: el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, protegidos por el artículo 48 de la Constitución; la libertad de tránsito, que está en el artículo 50; la posibilidad de realizar reuniones públicas, en el artículo 53, y el derecho de manifestar pacíficamente, artículo 68.
“Esto te quita la libertad de realizar actos de tierra como caminatas, volanteo y caravanas. Para todo eso habría que pedir permiso a la autoridad única de la zona, que termina teniendo el poder de interferir sobre la campaña”, opina Ramírez.
Debido al crecimiento de la hegemonía comunicacional del gobierno en los últimos dos años, la oposición cuenta cada vez con menos espacios mediáticos para difundir sus mensajes. Por consiguiente, depende más del contacto directo con la gente en la calle. La situación especial de estas circunscripciones limita eso y deja a los candidatos de la MUD en una posición muy comprometida.
“En circunstancias anómalas como esta tiene ventaja la organización con la estructura más fuerte, y en eso el chavismo es superior a la MUD, que no tiene un ejército electoral. La situación podría influir incluso el día de la elección durante la movilización de votantes”, agrega Ramírez.
La superioridad que el estado de excepción le da al gobierno en términos organizativos es tan alta que el consultor político advierte que pudiese ser extendido a otros estados fronterizos o costeros, como Bolívar y Anzoátegui, con el argumento de que se busca eliminar el contrabando.
El 22 de septiembre Maduro anunció que también activaría el estado de excepción en Amazonas, entidad compuesta por un circuito electoral de tendencia reñida. Sin embargo, la medida todavía no se ha concretado.
Por su parte, el 16 de septiembre el alcalde de Punto Fijo, Alcides Goitía, adelantó la posibilidad de que la medida se tomara en la península de Paraguaná para detener el contrabando.
Sin embargo, el comando de la MUD duda que el Gobierno esté en capacidad de extender la medida mucho más. “Creemos que enfrentarían problemas logísticos importantes porque la Fuerza Armada también está afectada por los distintos problemas que tiene el país. Incluso, en Zulia ha venido declinando la presencia militar”, asegura Márquez.
En total, Venezuela tiene 12 circuitos que limitan con Colombia o Brasil y en ellos se elige a 13 diputados, de los cuales 10 se escogerán en espacios con tendencia histórica reñida. Si a eso se suman los circuitos costeros, esta medida pudiese extenderse a otros 22 circuitos con 30 curules, lo que afecta la elección de hasta 43 parlamentarios nominales, 38,1% de los que se seleccionarán por ese método. De esos, 26 se eligen en sitios clave para la victoria opositora.
Entre agosto y septiembre Bolipuertos reportó la llegada al país de más de 60.000 toneladas de alimentos que serán distribuidas en abastos populares, donde compran los electores que al gobierno le interesa reconquistar.
El sábado 19 de septiembre se activaron 1.190 operativos de mercados populares en los cuales se repartieron 6.500 toneladas de comida, según el ministro de Alimentación, Carlos Osorio. La cantidad importada permite hacer operativos similares todos los sábados que quedan hasta el 6 de diciembre, pero no sería suficiente para abastecer el país de manera regular, según calculan expertos.
Además, el gobierno ha traído carros para entregar a través de la misión Transporte, por la cual esperan más de 20 mil taxistas; planea aumentar el número de pensionados; adjudicar más viviendas e inaugurará grandes obras, como la estación Bello Monte del Metro de Caracas.
Desde abril el presidente Nicolás Maduro toca el tema de las misiones y otros programas sociales en 77% de los actos televisados que ha realizado, según un conteo que lleva El Nacional. Además, en varias oportunidades ha advertido que la oposición limitaría los créditos adicionales si controla la Asamblea Nacional, lo que repercutiría sobre las ayudas que puede otorgar el Estado.
También desde abril, en los actos oficiales del jefe del Estado han sido transmitidas 26 inauguraciones, entre las que destacan escuelas, centros de distribución de alimentos y obras de infraestructura, tratando de dar la idea de que el gobierno sigue cosechando logros a pesar de la crisis económica.
La entrega de ayudas no se limita a Maduro. Los candidatos del PSUV se aprovechan de los recursos públicos para donar bienes públicos, como canaimitas y artefactos electrodomésticos, a electores durante actos de campaña.
“A partir de ahora la narrativa del oficialismo se apalancará en tres grandes cosas: 1) nuestros candidatos son los del pueblo, 2) Maduro tratará de ser nombrado lo menos posible y 3) chantajear con el tema de que su triunfo es el único que garantiza la gobernabilidad”, advierte el consultor Oswaldo Ramírez.
Además, el PSUV sigue haciendo uso de la tesis del enemigo externo para cohesionar a su base de seguidores promoviendo el nacionalismo.
En marzo y abril, luego de que Estados Unidos sancionara a siete funcionarios venezolanos por sus prácticas en contra de los derechos humanos, Maduro habló sobre este tema en todas las oportunidades que apareció en televisión. Según números de Datanálisis, esto le ayudó a que la aprobación de su gestión subiera de 24% a 28%, aunque luego cayó nuevamente a 24% en julio.
Ese mismo mes intentó repetir el beneficio abordando el tema del diferendo limítrofe con Guyana, del cual habló durante 84,2% de las veces que apareció en televisión desde el 5 de julio.
Como esto no le reportó mayores beneficios, se enfrentó con Colombia, asunto del que habló en 82,7% de sus actos televisados entre el 19 de agosto y el 24 de septiembre, periodo en el que sólo tocó el tema de Guyana en 10% de sus apariciones. Luego de reunirse con Santos y encarrilar las relaciones con Bogotá, volvió a hablar del tema de la zona en reclamación.
Algunos analistas consideran que el gobierno podría intentar suspender las elecciones parlamentarias en caso de que la intención de voto a su favor no mejore en las encuestas y su derrota en los comicios sea imposible de evitar.
Sin embargo, esa posibilidad o la postergación de las elecciones no parece un camino sencillo si se evalúa desde el punto de vista jurídico. El abogado José Ignacio Hernández, profesor de Derecho en la UCV y la UCAB, escribió recientemente sobre el tema en un artículo publicado por el portal prodavinci.com. Aclaró que la declaratoria de estado de excepción no permite restringir derechos políticos propios del proceso electoral, entre ellos el sufragio.
Advirtió además que en la historia venezolana hay ejemplos de elecciones que se han llevado a cabo durante regímenes especiales de excepción y que en la legislación vigente no hay una figura que permita al Consejo Nacional Electoral “suspender” una elección luego de la convocatoria. Además, la Constitución señala que la nueva Asamblea debe ser juramentada el día 5 de enero, por lo que tendría que estar elegida para entonces.
No obstante, existen antecedentes de postergación de elecciones. En 2013, debido a los comicios presidenciales que debieron hacerse tras la muerte de Hugo Chávez, el Poder Electoral retrasó la elección de alcaldes y concejos municipales, que estaba prevista para julio y terminó celebrándose en diciembre.
Por esta situación buena parte de los alcaldes estuvieron en sus cargos por un año más de lo que les correspondía. En el caso de los concejales ocuparon sus puestos por tres años más de lo que les tocaba, pues la última vez que habían sido sometidos a votación fue en 2005.
“El estado de excepción crea las condiciones necesarias para que el chavismo tenga argumentos a favor de mover las elecciones de fecha. Podría incluso postergarlas unas pocas semanas para generar zozobra y desmovilizar a la oposición”, advierte el consultor político Oswaldo Ramírez.
El experto no descarta que la medida se limitara exclusivamente a los circuitos bajo régimen especial. Para el PSUV sería en cierta medida beneficioso mantener los diputados actuales en esas nueve circunscripciones, pues en 2010 ganó cinco y la oposición cuatro. En esta oportunidad, la MUD debería apuntar a ganar los seis parlamentarios que se reparten en lugares con tendencia de votación históricamente reñida. Es decir, necesita dos de los que controla hoy el chavismo.
