Caracas
El oficialismo en Venezuela promete arreciar su ofensiva legal para
impedir que la oposición active este año un referendo revocatorio contra
el presidente Nicolás Maduro, acosado por la peor crisis económica en
17 años de chavismo en el poder.
El mandatario afirmó la noche del lunes que hay denuncias sobre “un gigantesco fraude de carácter electoral” que tendrá “impactos de carácter jurídico” y político.
Durante un acto con periodistas, Maduro se hizo eco de los señalamientos que más temprano hizo su delegado especial para el proceso revocatorio en torno a irregularidades en la recolección de firmas de apoyo a la consulta.
“Vamos a empezar a accionar tantas demandas y acciones legales (…) como eventos fraudulentos haya habido”, advirtió Jorge Rodríguez.
El gobierno cree que estas acciones deberían desembocar en la suspensión de la iniciativa contra Maduro, al tiempo que impulsa una querella con el mismo objetivo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de ser el brazo jurídico del mandatario.
La autoridad electoral abrió este lunes la etapa de revisión de las rúbricas que fueron validadas la semana pasada. El proceso se extenderá hasta el 26 de julio, cuando el organismo determinará si dará paso al llamado a las urnas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) “constatará firmas validadas en lapso de 20 días hábiles”, informó en Twitter Tania D'Amelio, rectora del organismo.
De su lado, los adversarios del jefe de Estado, agrupados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), creen que se están cocinando “un par de sentencias” para suspender la activación del referendo, según Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional.
El gobierno “no puede negarse al referéndum después de que se validan las firmas, y después de que la gente expresa su voluntad, y después de que se han superado todos los obstáculos, las trampas”, señaló Allup al canal Globovisión.
Si lo hace, “este es un golpe de Estado”, remarcó.
Entretanto, millones de venezolanos lidian a diario con la escasez de productos, la alta inflación (180,9 en 2015) y niveles disparados de criminalidad.
El gobierno achaca a una “guerra económica” la difícil situación, agravada por la caída en un 50% del precio internacional de petróleo, su único rubro importante de exportación.
El pasado viernes expiró el plazo de cinco días para el reconocimiento de rúbricas a favor del revocatorio. Poco más de 1,3 millones de venezolanos estaban llamados a cumplir con este trámite, que derivó en largas y extenuantes filas.
Según la oposición, 409,313 personas autenticaron la firma con la huella digital, el doble de lo exigido por el CNE para activar la consulta, pese a las trabas del oficialismo.
Si la autoridad electoral da su visto bueno, las fuerzas alineadas contra Maduro deberán reunir unos cuatro millones de firmas (20% de los electores registrados) para ir al referendo.
Aunque la normativa electoral indica que estas deben ser recaudadas en tres días, Rodríguez dijo que el chavismo pedirá al CNE que sea en una jornada.
“Vamos a exigir que así como el presidente Nicolás Maduro fue electo en un día, la recolección de firmas se haga en un día”, indicó.
El nuevo choque verbal del gobierno con la oposición parece alejar las opciones de un diálogo político en Venezuela a instancias de una misión internacional conformada por los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).
Ramos Allup descartó este lunes reunirse de nuevo con esa delegación en República Dominicana.
“La agenda de un eventual diálogo por parte nuestra la ponemos nosotros, y si no están dispuestos a coordinar esa agenda, pues no vamos”, sostuvo.
Con el apoyo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el grupo de expresidentes busca facilitar el acercamiento político en Venezuela, pero los adversarios de Maduro han señalado que no negociarán el referendo revocatorio.
El mandatario afirmó la noche del lunes que hay denuncias sobre “un gigantesco fraude de carácter electoral” que tendrá “impactos de carácter jurídico” y político.
Durante un acto con periodistas, Maduro se hizo eco de los señalamientos que más temprano hizo su delegado especial para el proceso revocatorio en torno a irregularidades en la recolección de firmas de apoyo a la consulta.
“Vamos a empezar a accionar tantas demandas y acciones legales (…) como eventos fraudulentos haya habido”, advirtió Jorge Rodríguez.
El gobierno cree que estas acciones deberían desembocar en la suspensión de la iniciativa contra Maduro, al tiempo que impulsa una querella con el mismo objetivo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de ser el brazo jurídico del mandatario.
La autoridad electoral abrió este lunes la etapa de revisión de las rúbricas que fueron validadas la semana pasada. El proceso se extenderá hasta el 26 de julio, cuando el organismo determinará si dará paso al llamado a las urnas.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) “constatará firmas validadas en lapso de 20 días hábiles”, informó en Twitter Tania D'Amelio, rectora del organismo.
De su lado, los adversarios del jefe de Estado, agrupados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), creen que se están cocinando “un par de sentencias” para suspender la activación del referendo, según Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional.
El gobierno “no puede negarse al referéndum después de que se validan las firmas, y después de que la gente expresa su voluntad, y después de que se han superado todos los obstáculos, las trampas”, señaló Allup al canal Globovisión.
Si lo hace, “este es un golpe de Estado”, remarcó.
Entretanto, millones de venezolanos lidian a diario con la escasez de productos, la alta inflación (180,9 en 2015) y niveles disparados de criminalidad.
El gobierno achaca a una “guerra económica” la difícil situación, agravada por la caída en un 50% del precio internacional de petróleo, su único rubro importante de exportación.
El pasado viernes expiró el plazo de cinco días para el reconocimiento de rúbricas a favor del revocatorio. Poco más de 1,3 millones de venezolanos estaban llamados a cumplir con este trámite, que derivó en largas y extenuantes filas.
Según la oposición, 409,313 personas autenticaron la firma con la huella digital, el doble de lo exigido por el CNE para activar la consulta, pese a las trabas del oficialismo.
Si la autoridad electoral da su visto bueno, las fuerzas alineadas contra Maduro deberán reunir unos cuatro millones de firmas (20% de los electores registrados) para ir al referendo.
Aunque la normativa electoral indica que estas deben ser recaudadas en tres días, Rodríguez dijo que el chavismo pedirá al CNE que sea en una jornada.
“Vamos a exigir que así como el presidente Nicolás Maduro fue electo en un día, la recolección de firmas se haga en un día”, indicó.
El nuevo choque verbal del gobierno con la oposición parece alejar las opciones de un diálogo político en Venezuela a instancias de una misión internacional conformada por los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).
Ramos Allup descartó este lunes reunirse de nuevo con esa delegación en República Dominicana.
“La agenda de un eventual diálogo por parte nuestra la ponemos nosotros, y si no están dispuestos a coordinar esa agenda, pues no vamos”, sostuvo.
Con el apoyo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el grupo de expresidentes busca facilitar el acercamiento político en Venezuela, pero los adversarios de Maduro han señalado que no negociarán el referendo revocatorio.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.