En 1999, el Estado reconoció los hechos y su responsabilidad ante
la Corte Interamericana de Derech
Jesús M. Gambús/ Anyela Torres r2001@bloquedearmas.com
La
filosofía de vida del Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de
Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), no se limita a descubrir la cortina
que cubre los sucesos del 27 de febrero de ese año. Su directora,
Liliana Ortega, y su equipo se sienten comprometidos a vigilar porque
situaciones extremas como aquellas no se repitan, y por extender su área
de influencia en otros casos en los que estén en entredicho los
derechos humanos en el país.
En un reciente mensaje por las redes sociales, Ortega le recordaba al
Estado su responsabilidad de adoptar las providencias necesarias para
que lo vivido en aquella ocasión no vuelva a ocurrir. El ejercicio
de memoria para las autoridades vale por igual con el país. Es así como
la ONG nacida en 1989 ha promovido a través de internet la etiqueta de
#RecordarParaNoRepetir y #Caracazo28AñosDespues.
En 1999, el Estado reconoció los hechos y su responsabilidad ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y en 2002 se dictó la
sentencia de las reparaciones y costas del caso. El Estado ha
cumplido parcialmente con la sentencia y el Ministerio Público solo
presentó acusación contra dos funcionarios de la Policía Metropolitana.
El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez tenía apenas 26 días
de inicio cuando se prendió la chispa el 27 de febrero de 1989 en la
ciudad de Guarenas (Miranda). A horas de la primera protesta por el
aumento de la gasolina, el descontento se propagó violentamente a las
calles de Caracas. Hoy a 28 años de aquella fecha, sacar
conclusiones sigue siendo una tarea complicada y dolorosa en la que no
se ponen de acuerdo los profesionales de las ciencias sociales que
evalúan sus antecedentes, desarrollo y consecuencias.
La historia oficial de entonces detuvo el saldo de su conteo en 300
fallecidos y miles de heridos. Otros llegan a estimar hasta 3 mil 500
muertos. Aquel estallido violento ha quedado como una especie de
coco que se asoma con cierta recurrencia, cuando la olla de presión
social no encuentra válvula de escape. Catalizadores. Las
evaluaciones de la conflictividad en Venezuela no son halagadoras. La
temperatura de las calles se marca en el Observatorio Venezolano de la
Conflictividad con una línea ascendente. En 2016 sus registros daban
cuenta de unas seis mil protestas, la mayoría por solicitud de alimentos
y libertades políticas.
Al margen de la acción de calle, el sociólogo Roberto Briceño León,
de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, aporta al qué se
puede esperar de 2017, la cifra de 28.479 asesinatos ocurridos en 2016. A los vaticinios sociales se suman los económicos. El FMI visualiza a Venezuela con una inflación cercana al 2.000 % en 2017. El porcentaje pinta un cuadro tenebroso que inevitablemente hacen recordar al 27F y llamar a la reflexión.
Estallido por gotas
El
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) ha alertado del
riesgo del estallido social. Tan solo este año el Ovcs ha registrado
más de 5 mil protestas y más de 670 saqueos en los primeros nueve meses,
destacando que 72% de las protestas ha sido para exigir Derechos,
Económicos, Sociales y Culturales (Desc) y de ese total el 28% en
rechazo a la grave situación de hambre e inseguridad alimentaria que
persiste y se agudiza en el país.
Le preocupa además a la Ovcs que cerca de 14% de las protestas
presentan características violentas, una tendencia que se ha venido
agravando.
EL DATO
casos documentó
Cofavic de los 44 relacionados con El Caracazo. De estos 44 casos, 18
ocurrieron el primero de marzo de 1989 o los días posteriores, cuando
las protestas habían cesado
Chavismo no pensaba ni en nacer
En
reiteradas ocasiones, el oficialismo hace mención del “El Caracazo”
como el conato de la rebelión popular que se consolidó el 4 de febrero
de 1992. Pero a concepción del sociólogo y profesor de la UCV, Amalio
Belmonte, ninguno de estos acontecimiento guarda relación partidista con
el otro. “La mayor carencia del gobierno actual es que no tiene
mito fundacional, es decir, no cuenta con ningún origen ético-heróico
del que pueda presumir con orgullo; por eso se adueña de todas las
fechas que crea conveniente”, dijo.
Aclara que el 27F ocurrió sin el chavismo, y fue una explosión social
que derivó de un movimiento espontáneo por descontento con la situación
de aquel momento.
A pesar de que han pasado 28 años y el gobierno mostró interés en
reivindicar a los familiares de los caídos, todavía no ha logrado
señalar al culpable figurativo.
Respecto a ello, el sociólogo menciona que aunque se discuta mucho
sobre el responsable, lo sucedido tiene nombre y apellido: anomia
social.
“Primero fue espontáneo en Guarenas, después se le sumó un cierto
vandalismo, sin embargo no le podemos calificar como acto vandálico,
sino más bien como una anomia social que después pudo ser aprovechada
por otros que traían distintas intenciones”, dijo.
A 28 años de los hechos, cabe la posibilidad de que estos vuelvan a repetirse archivo bda
¿La historia se repetirá?
“En general los hechos no se repiten exactamente, pero lo que sí
puede ocurrir es que las causas que produjeron un hecho vuelvan a
reproducirse”, opina el sociólo Amalio Belmonte. Relata que las
condiciones que promovieron aquella explosión social, hoy se
multiplican: “aumento de precios, corrupción, pérdida de legitimidad del
gobierno, y una crisis de desesperanza en la población de aquel
momento.
Asegura además que a ello se le anexan sentimientos más graves: incertidumbre, desconfianza sobre el futuro.
Pese a que la situación ha empeorado, el especialista aclara que eso
no significa que haya otro “Caracazo” en Venezuela. No obstante, tampoco
desestima que ocurra, pues alega que Venezuela está en un punto crítico
de descomposición social y el Gobierno no muestra interés en
solucionarlo.
Represión del Estado apaga candelitas
A
diario se registran saqueos a gandolas, comercios o supermercados; pero
resulta curioso saber por qué no se ha catalizado un segundo 27F en
Venezuela.
Para el sociólogo Amalio Belmonte, la primera razón es que desde los
hechos del 11 de abril de 2002, el gobierno ha tomado el camino de la
represión y el control social. “Es un gobierno que no dialoga sino
coacciona, intimida y amenaza; esta estrategia tiene efectos, sin lugar a
dudas, porque hay miedo, la gente sabe que los tribunales no son
independientes, que violan los derechos, y entonces el gobierno mediante
la represión desmoviliza los deseos de libertad”.
En segundo lugar, subraya que los ciudadanos no han recibido una
respuesta coherente del sector opositor, en la que se establezca una
estrategia coherente frente a lo que está pasando. “Si la oposición
llega a establecer una línea de acción totalmente unitaria, que integre a
todos los sectores, y se llega a diagnosticar cuál sería el aspecto
principal que va a orientar el trabajo político, no será suficiente la
represión, ni las amenazas, para que se produzca un manifestación social
de cambio político en el país”.
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.