Como unos “caramelos envenenados”. Así ven en el ámbito jurídico y académico las aclaratorias que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó en la madrugada del sábado y en las cuales “suprime” sus decisiones de despojar a los diputados de su inmunidad parlamentaria y de arrebatarle todas sus competencias mientras no acate sus decisiones —en relación con los suspendidos legisladores de Amazonas— y no reforme su reglamento interno.
Juan Francisco Alonso / Crónica Uno
Aunque los nuevos dictámenes, numerados como los 157 y 158, aún no están disponibles, para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Juan Manuel Raffali, los mismos no solucionan la “ruptura al orden constitucional” que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció el viernes.
“Aquí no hay impasse entre la Fiscalía y el TSJ ni hay recule si no se anulan todas las sentencias que la Sala Constitucional ha dictado contra la Asamblea Nacional bajo la patraña del desacato (…) El TSJ aparenta haber modificado su posición, pero no lo hizo porque deja vigente las decenas de sentencias que le han impedido a la AN realizar su labor legisladora y ejercer sus labores de control al Gobierno y a la Administración Pública, con lo cual lo sustancial del golpe contra el Parlamento sigue”, afirmó.
Tras aseverar que “las sentencias 155 y 156 son la punta del iceberg” del golpe judicial contra el Legislativo, el constitucionalista alertó que mientras no se dejen sin efecto las más de 50 sentencias que desde enero de 2016 la intérprete de la Carta Magna ha emitido contra el Parlamento y en las cuales le ha arrebatado a los diputados la tarea de aprobar el presupuesto nacional, los créditos adicionales, declarar los honores del Panteón e incluso pagar los sueldos de sus funcionarios “lo sustancial, el sustrato del golpe contra la AN seguirá”.
“Si hubiera voluntad de rectificación mañana mismo la Asamblea debería citar a comparecer a un ministro y este debería ir, pero seguramente no lo hará porque la sentencia número 9 del año pasado dice que no está en la obligación de hacerlo mientras no se coordine con el vicepresidente”, ejemplificó Raffali.
En similares términos se pronunció el también profesor de Derecho de la UCAB, Alí Daniels, gerente de la organización Acceso a la Justicia, quien señaló: “Esto es un maquillaje. La AN sigue intervenida y disminuida y prueba de ello es que no le devolvieron su potestad constitucional y legal de aprobar la constitución de empresas mixtas en materia de hidrocarburos”.
A confesión de partes
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