La Organización de Estados Americanos
ponderará este lunes si declara a Venezuela en violación de su orden
constitucional en virtud de la Carta Democrática Interamericana, y
activa mecanismos para presionar al país a convocar elecciones y liberar
a los presos políticos.
Por tercera vez en una semana, los 34
Estados del Consejo Permanente convendrán en la sede del organismo
continental, en Washington, para discutir la crisis institucional en el
país suramericano, en una sesión de embajadores prevista a las 14H00
locales (18H00 GMT).
A Venezuela le han llovido condenas
de la comunidad internacional, luego de que el máximo tribunal se abrogó
facultades legislativas y retiró la inmunidad a los parlamentarios, en
dos fallos de mediados de la semana pasada, luego anulados.
La OEA debatirá un proyecto de
resolución presentado por 13 países, a fin de declarar las sentencias
"una violación del orden constitucional" y resolver implementar
"mecanismos interamericanos" para la "preservación de la democracia" en
Venezuela, conforme a la Carta Democrática Interamericana.
Pero podría además elevar el tenor de
situación y convocar esta semana una reunión de cancilleres, como
anunció el sábado el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, para
"tomar una posición sobre la Carta Interamericana", según el diario El Comercio.
Creada por el consenso de la OEA en
2001, la Carta Democrática Interamericana fija mecanismos graduales para
intervenir en un Estado miembro, en caso de "una alteración del orden
constitucional que afecte gravemente su orden democrático".
En caso extremo podrían terminar con
la suspensión del país de la OEA. La presión se incrementa hacia el
gobierno de Caracas luego de que Uruguay se uniera el sábado a los
gobiernos más críticos de Argentina, Brasil y Paraguay en un
pronunciamiento de Mercosur, exhortando a Venezuela a garantizar la
separación de poderes y a respetar el cronograma electoral previsto.
En respuesta, el presidente Nicolás
Maduro advirtió el domingo que Venezuela "no se deja ni se dejará"
agredir jamás por la OEA ni el Mercosur.
La confusión se desató en Venezuela
desde que los magistrados se adjudicaran las funciones de la Asamblea
Nacional, de mayoría opositora, y retirara la inmunidad de los
diputados, en dos sentencias dictadas a mediados de la semana pasada.
Tras un fuerte rechazo internacional y
la presión de la oposición que denunció un "golpe de Estado", el máximo
tribunal anuló esos fallos, no antes de un pacto entre los poderes
públicos al que no acudió la cabeza del parlamento opositor.
El secretario general de la OEA, Luis
Almagro, quien denunció las sentencias como un "autogolpe", criticó la
marcha atrás del tribunal, señalando que "de una ruptura institucional
no se sale con más alteración del orden constitucional".
Almagro dio un ultimátum a Venezuela:
o convoca a elecciones generales en un mes o debe ser suspendida de la
OEA. Pero la decisión corresponde únicamente a los países, no al
secretario general.
Búsqueda de mayoría
La aprobación de la resolución,
respaldada entre otros por Estados Unidos, México, Brasil y Argentina,
constituiría el paso más drástico de la comunidad continental desde el
inicio de la crisis institucional venezolana hace un año.
Al igual que con la resolución, una
reunión de cancilleres debe ser aprobada por una mayoría al menos de 18
países. Al menos 20 gobiernos proponen algún tipo de rol mediador de la
OEA en la crisis, frente al rechazo rotundo de Caracas, que denuncia un
intento de injerencia liderado por Estados Unidos.
Varios de esos países llaman a
Venezuela a liberar sus presos políticos y a fijar un calendario de
elecciones, que incluya los comicios regionales suspendidos
indefinidamente el año pasado.
En declaración a la ONG Venezuelan
American Leadership Council, el embajador mexicano ante la OEA, Luis
Alfonso de Alba, dijo que podrían ajustar el texto "si fuera necesario"
para ampliar el banco de apoyo.
Queda por ver si logran convencer a
algunos países del bloque Caribe que apoyaron la convocatoria como
Bahamas, Barbados, Belice o Jamaica a unirse en la resolución.
Esa posibilidad señala la erosión de
los apoyos de Venezuela en la OEA, donde por años la mayoría de las
islas caribeñas, a las que el gobierno de Caracas suministra petróleo en
condiciones preferenciales, impedía bloquear cualquier debate adverso
en el organismo.
"Dentro de ese foro en particular
pero también regionalmente, Venezuela está siendo, y cada vez más
claramente, aislada", dijo un alto funcionario del Departamento de
Estado.
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