48 personas han sido asesinadas en el
contexto de la represión del Estado contra las protestas en rechazo al
golpe de Estado y por elecciones libres –sin contar a 12 personas que
perecieron el 20 de abril durante un saqueo en Caracas-. La mayoría de
las víctimas, 90%, perdió la vida tras la activación del Plan Zamora.
En los primeros días de
manifestaciones, entre el primero y el 18 de abril, fueron asesinadas 5
personas (10% del total de las víctimas). Para ese momento, la GNB y
policías respondían a las manifestaciones bajo sus parámetros habituales
de actuación de orden público. El promedio de víctimas mortales fue de
una cada 3,6 días.
Las 5 víctimas se registraron en
protestas nocturnas en urbanizaciones y hay 3 imputados, por cuatro de
esas víctimas, un PNB y 2 policarabobo, 14 órdenes de captura contra
funcionarios de la GNB, y un civil presentado en tribunales.
Pero el 18 de abril en la noche, sin
que la opinión pública ni los órganos de control ciudadano de la FANB
contaran –ni cuenten todavía- con un documento escrito que explique en
qué consiste, Nicolás Maduro anunció la activación del Plan Zamora en su
fase I para repeler la protesta.
Hasta el momento, lo que han
documentado las ONG parece indicar que el Plan Zamora es la
incorporación de diferentes cuerpos de seguridad y civiles al mando de
la GNB para tareas de orden público y contención de protestas.
Desde el 19 de abril hasta el 16 de
mayo (28 días), un total de 27 personas murieron, casi una al día en
promedio. El total de víctimas de ese lapso equivale a 56% de todos los
fallecidos hasta ayer.
22 de las víctimas fueron baleadas,
la mayoría (9) en la cabeza. Además, 13 de las muertes ocurrieron en los
horarios de represión de las marchas opositoras, es decir, mañana y
tarde. El resto murió durante espontáneas en urbanizaciones, en la
noche.
13 personas han sido imputadas o
presentadas a tribunales por la muerte de 8 ciudadanos en esta fase del
Plan Zamora: 3 GNB, 3 politáchira, un policarabobo, un polisucre, que no
estaba en funciones de orden público, y 5 civiles.
A partir del 17 de mayo el ministro
de la Defensa, Vladimir Padrino, anunció que el Plan Zamora pasaba a
fase II. Desde ese día hasta ayer (10 días), 16 personas fueron
asesinadas en el contexto de la represión. La cifra equivale a 34% del
total de las víctimas. En esta fase murieron 1,6 personas por día en
promedio.
La mayoría de las víctimas pereció
por disparo de arma de fuego: 9 en el pecho y 4 en la cabeza. Al menos 7
fallecieron en la tarde y otros 4 en la noche. 3 funcionarios de
Polibolívar y 3 civiles han sido imputados o presentados ante tribunales
por la muerte de 2 manifestantes y un Policía de Carabobo.
Enemigo interno. Lexys
Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, denunció que el
gobierno ha movido a los cuerpos de seguridad bajo el principio de
“enemigo interno”. “Venden a militares y policías la idea de que la
oposición no es pacífica y su protesta no es por elecciones ni por
democracia. Catalogan a los manifestantes de terroristas y enemigos. Eso
es muy grave porque bajo esa lógica, la GNB y demás cuerpos de
seguridad están combatiendo a un enemigo y no a civiles desarmados que
exigen un derecho”.
Rocío San Miguel, presidente de la
ONG Control Ciudadano, tilda la acción gubernamental de terrorismo de
Estado: “Es una OLP contra toda la población con un solo propósito:
aplastar la protesta y reducir la voluntad de la gente de manifestar. Lo
de San Antonio, la semana pasada, son métodos de conflicto armado
internacional: ocupación militar de una zona, asedio, detenciones
masivas, encapuchados apuntando con armas largas a detenidos que caminan
en fila como si de combatientes se tratara”.
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