miércoles, 3 de mayo de 2017

¿Qué tan viable es la constituyente que pretende Maduro?


El esfuerzo es hercúleo en tiempo, en recursos, en capacidad política. Convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) implica la refundación de las bases del Estado sobre consensos suficientemente amplios como para que un país –al menos la mayoría– se reconozca en su máximo pacto: la Constitución.


Venezuela pasó por esta experiencia hace 18 años, y sobre ese ejemplo luce improbable que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pueda empujar una experiencia constituyente a la usanza del presidente Hugo Chávez, quien lideró férreamente el proceso durante 14 meses gracias, entre otras cosas, a su popularidad.
En abril de 1999, recién investido presidente gracias, justamente, a la promesa electoral de refundar la política venezolana, Chávez contaba prácticamente con un cheque en blanco al tener más de 80 por ciento de aprobación como figura política. 
Aunque no hay mediciones recientes, el sondeo de Datanálisis de enero del presente año concluyó que la aprobación del presidente Nicolás Maduro alcanzaba 19 por ciento, sin el contexto de fuertes protestas contra su gobierno, la represión que ha dejado 29 muertos en las últimas semanas y el llamado de la dirigencia opositora a la rebelión de los venezolanos contra el devenir autoritario del gobierno.
Además, la Venezuela de 1999, lejos de ser perfecta, tampoco era el pandemonio económico y social que es hoy, con la inflación anualizada que supera 700 por ciento y miles de personas haciendo filas para comprar alimentos básicos que escasean hasta en 80 por ciento. 
“¿Acaso vamos a poder comprar comida con una nueva Constitución que se va a redactar cuando a Maduro se le dé la gana? Hambrientos y enfermos estamos ya, lo que queremos es elecciones para que alguien capaz resuelva este desastre”, se quejaba ayer una señora en la protesta de cierre de calles en el sector de El Hatillo, en Caracas. 
Esto introduce otro tema fundamental, pues la Constitución actual fue producto de tres procesos electorales: un referéndum aprobatorio en el que se les consultó a los venezolanos si querían cambiar la Constitución de 1961; la elección de los miembros de la ANC y, finalmente, otro referéndum donde se consultó a los venezolanos su acuerdo con el nuevo texto constitucional. 
La impresionante crisis que atraviesa el país no es precisamente incentivo para los venezolanos para votar a favor de una nueva Constitución, mucho menos una nueva Carta Magna que “perfeccionará el sistema económico actual”, como prometió el mandatario. 
En septiembre del año pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas por la Carta Magna alegando que el país carecía de suficientes recursos para organizarlos. 
¿Cuenta ahora con estos fondos para embarcarse en tres procesos electorales adicionales? Aunque todavía el presidente Maduro no ha hecho público el decreto donde toma la iniciativa de convocar la constituyente, al anunciarla ni siquiera asomó la posibilidad de que se haga ese primer referéndum, sino directamente la elección de quienes redactarán la nueva Constitución.
Respeto constitucional
Las cátedras de derecho constitucional de la Universidad Central de Venezuela publicaron un exhorto en el que no solo recuerdan al mandatario que “necesariamente cualquier convocatoria a una ANC debe ser sometida a referéndum” sino que le sugieren, además, que en esa consulta se le pida al pueblo su aprobación sobre las “bases comiciales”. Esto es los criterios y condiciones sobre los que se escogerán a los constituyentes. 
“Es necesario tener presente que el presidente solo tiene iniciativa para la convocatoria (esto es la facultad de iniciar el proceso), pero no es quien convoca a la elección de la ANC”, agrega el documento emitido por la universidad.
Al respecto, son contundentes las críticas hacia la propuesta del mandatario de que la mitad de los constituyentes representen sectores de la sociedad, entre ellos las comunas y los miembros de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción que son estructuras creadas y esencialmente ligadas al partido de gobierno. “El gobierno busca con la constituyente a la carta fabricar una mayoría que no tiene”, opina el analista político Luis Vicente León.
Justo en este punto el gobierno venezolano cuenta con ventaja. El control que tiene sobre instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia pueden allanar el camino estrictamente legal para redactar un nuevo texto constitucional. También la Fuerza Armada Nacional ha respondido en respaldo al llamado del presidente Maduro. Para el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, “no hay nada más democrático” que la convocatoria a una constituyente, quien la calificó como un “diálogo obligado”.
'Maduro se quiere adjudicar la cualidad de ser pueblo'
William Dávila Barrios, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, habló con El Tiempo sobre la propuesta de Maduro.
1. ¿Es inconstitucional que el presidente Nicolás Maduro convoque a una Asamblea Constituyente?
La situación es muy grave porque el presidente no puede convocar a ninguna Asamblea Nacional Constituyente, eso es una facultad del pueblo, que, de acuerdo con el artículo 347 de nuestra Constitución, es el que, en ejercicio de su poder, puede convocar una Asamblea Nacional. Sin embargo, el pueblo tiene que expresar su decisión a través de un referendo, pero en este momento Maduro se quiere adjudicar la cualidad de ser pueblo, cuando 80 por ciento de las encuestas lo rechazan.
2. ¿Qué busca el presidente con esta decisión? 
El presidente quiere eliminar el derecho al voto. Quiere no volver a consultar al pueblo porque sabe que no tendría el apoyo. Además, busca eludir las instancias para convertir a Venezuela en un modelo cubano con elecciones de segundo y tercer grado, donde no exista la Asamblea Nacional y donde él funja como presidente sin ningún tipo de control. Esto, con una montonera de 500 personas que él pueda controlar y eso no es democracia, eso simplemente es un fraude de la Constitución y un golpe de Estado.
3. ¿Cuál es el peligro de convertir al país a un modelo de gobierno como el de Cuba?
Maduro quiere convertir a Venezuela en un sistema de Asamblea Popular como la cubana, donde el presidente, jefe de Estado o comandante de la revolución es elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular que a su vez es controlada por el gobierno. Es decir, una elección de segundo grado, donde no vamos a poder decidir quién será el presidente de la República. Solo es ver cómo estaría constituida esa Asamblea Nacional de acuerdo a los términos de Maduro para llegar a esta conclusión. Con ello, estaría transformando el sistema de democracia representativa.
4. ¿Maduro venía planeando esta estrategia, o es un anuncio impulsivo?
La Constitución le da facultades a la Asamblea para proponer una constituyente. Por supuesto que el gobierno desde el inicio comenzó a quitarle a la Asamblea ese poder de las dos terceras partes cuando removió a los diputados del Amazonas. Desde ahí empezó a desarrollar su estrategia y con más de 60 sentencias le quitó las facultades constitucionales a la Asamblea. Al ellos nombrar una nueva Asamblea fraudulenta, ningún poder constituido puede suspender o rechazar cualquier decisión de esa constituyente, es decir, en el fondo ya no existiría la Asamblea como la conocemos, o simplemente sería sustituida por otra figura planteada por Maduro. 
5. ¿La presión de la comunidad internacional está dando frutos?

Hemos avanzado gracias a que vemos una comunidad internacional que de manera reiterada ha declarado que en Venezuela se rompió el hilo constitucional. Dos años atrás eso era imposible con Insulza, mientras que en este momento Luis Almagro ha tenido una posición muy clara y leal con los valores y principios latinoamericanos. Ahora bien, tenemos que consolidar la imagen de unidad y del discurso que se tiene porque en este momento ya no estamos ante la posibilidad de un diálogo constructivo. La situación en Venezuela es de una profunda polarización y nosotros vamos a luchar contra esta dictadura. Es nuestro derecho de resistencia.

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