Fiscal: De mil lesionados, la mitad fue por la acción militar y policial

Luisa Ortega Díaz, fiscal general, afirmó ayer que las prácticas inadecuadas de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana han acarreado un resultado de mil personas lesionadas, de las cuales 771 son civiles y 229, funcionarios. Señaló a los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado de ser los responsables de causar la mitad de las agresiones a los manifestantes.
También destacó que 346 bienes inmuebles públicos y privados han sido quemados o dañados, con pérdidas patrimoniales cuantiosas. Por estas circunstancias,  se iniciaron 1.475 investigaciones, de las que 1.329 son por delitos contra las personas y 150 por daños a la propiedad.



En los resultados ofrecidos desde la Escuela de Fiscales, lugar en el que dio la rueda de prensa porque su despacho, localizado en el centro de Caracas, se encontraba sin servicio eléctrico, informó que de los 55 fallecidos, tres son funcionarios de seguridad.
Indicó que existen 16 investigaciones a grupos civiles armados por su actuación violenta en manifestaciones pacíficas.
“Preocupa la proliferación de estos grupos. Se han recibido testimonios importantes en diferentes sectores del país donde antes de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en materia de orden público se ven grupos de personas armadas en actitudes violentas, actuando al margen de la ley y haciendo que se alteren los ánimos. También tenemos denuncias de funcionarios policiales y militares saqueando. Por tanto, los cuerpos de seguridad del Estado están en el deber de evitar confrontaciones de grupos antagónicos que se encuentren armados y utilizar la fuerza apegado a la ley”.
Agregó que hay 19 funcionarios presuntamente vinculados con la violación de derechos fundamentales. “Tenemos 18 órdenes de captura que no se han ejecutado por delitos contra la propiedad y delitos comunes. En materia de protección de derechos fundamentales, el Ministerio Público ha imputado a 19 funcionarios policiales y militares por la presunta comisión de los delitos de homicidio, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica, violación ilegítima de libertad, violación de domicilio, entre otros”.
También se refirió a la inacción de los funcionarios policiales ante situaciones que ameritan su participación. Señaló que en estados como Barinas han ocurrido saqueos, y los cuerpos de seguridad se han mantenido ausentes.
“Los propios habitantes de la comunidad de Barinas denunciaron la poca presencia o no intervención policial, es decir, que había saqueos, situaciones irregulares y los cuerpos policiales no se hicieron presentes. Es importante que se hagan presentes para evitar estos hechos delictivos durante las manifestaciones o como consecuencias de ellas”, apuntó.
Ortega Díaz señaló que de las 7 investigaciones que se siguen por justicia militar, fue solicitada la declinatoria de competencia de 2 casos: uno en Nueva Esparta y otro en Zulia. Añadió que se va a presentar un amparo por abstención de uno de estos tribunales militares, pues aún no ha habido pronunciamiento.
Además, dijo que fue girada una comunicación a la fiscal militar para que informe al Ministerio Público el número de los  procesos y detenidos para poder verificar el estado de salud de los privados de libertad.
Caso Pernalete. La fiscal también desmintió la versión del gobierno sobre la muerte de Juan Pernalete el pasado 26 abril. Ortega Díaz dijo que la muerte del joven se debió al impacto de una bomba lacrimógena lanzada por la GNB; mostró un proyectil que portaba una leyenda: “No lanzar directamente a una persona”.
“De acuerdo con nuestra investigación, la muerte del estudiante se produce por un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax. Nosotros llegamos a la conclusión luego de una serie de experticias, los testimonios de cinco testigos en este caso y la realización del acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho con  la lesión en el tórax que tenían presencia de residuos en la franela”.
La funcionaria pidió que no se utilice ninguna muerte con fines políticos e instó a esperar las conclusiones de las investigaciones de la Fiscalía debido a que es la única institución apta para determinar las causas y los responsables de las muertes.

El dato

346 saqueos y daños a bienes públicos y privados contabilizó la Fiscalía. Luisa Ortega Díaz informó que esto ocurre por la ausencia de los cuerpos policiales