lunes, 29 de mayo de 2017

“Hay una intención de castigar y eso configura el delito de tortura”


“El Estado democrático ha venido desapareciendo, lo que nos pone en riesgo a todos”, dice convencida Liliana Ortega, abogada fundadora y coordinadora de Cofavic, quien señala que los derechos humanos requieren instituciones fuertes y democráticas al servicio de los ciudadanos. “Las víctimas necesitan tener resortes institucionales y esos resortes están muy debilitados en Venezuela”, advierte.


Rechaza que en el país haya bandos enfrentados: “No se puede equiparar la fuerza del Estado a la que tiene la ciudadanía. Aquí lo que hay es una población que está manifestando y por eso es reprimida. El Estado tiene el deber de controlar el orden público, pero debe garantizar los derechos humanos. No hay nada de subversivo que un ciudadano quiera entregar una carta en un ministerio. Las víctimas del Caracazo, por ejemplo, se encadenaron en Miraflores en una protesta simbólica pidiendo la apertura de las fosas clandestinas de La Peste”.
A su juicio, uno de los elementos prioritarios en la construcción de un nuevo país es contrarrestar el odio, la criminalización y la discriminación: “Hablar de la necesidad del reconocimiento del otro crispa los ánimos, pero es necesario porque debemos defender a todas las víctimas”.
Dice que las víctimas están en una situación muy difícil porque se les divide en buenas y malas, lo que ha hecho mucho daño a la sociedad.
—¿Qué opina sobre la aplicación de la justicia militar a civiles?
—En Venezuela hay una ruptura del orden constitucional y quizás esto sea lo más claro porque nos coloca en una especie de tutelaje militar. Hay un principio constitucional que no puede ser restringido ni siquiera bajo estado de excepción, que es el debido proceso y una característica fundamental es el derecho al juez natural. Eso está establecido en la Constitución. Aplicar la justicia militar es ponerse de espalda a los estándares internacionales, significa un abandono profundo del Estado de Derecho. Es gravísimo porque es arrebatar las competencias al Ministerio Público. Son sanas esas intervenciones de la fiscal oponiéndose al uso de la justicia militar porque una de sus funciones es la protección de los derechos humanos.
—¿Y cómo afecta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana?
—Le hace mucho daño porque la pone a violar la Constitución. El uso de la jurisdicción militar nos lleva al recuerdo de la memoria histórica más terrible de América Latina, lo ocurrido en los regímenes del Cono Sur. Nos hace daño a toda la sociedad, no solo a quienes están siendo investigados. Es una afrenta a los valores civiles y democráticos.
—No pareciera que el gobierno tenga intenciones de rectificar.
—Deben darse cuenta de que ese camino es errado. Vemos con mucha preocupación que se utilice el control de orden público para doblegar el ánimo de los manifestantes. Se persigue a quienes ya abandonaron la protesta. Hay una intención de castigar y eso configura el delito de tortura que –de ser probado– es un crimen de lesa humanidad.
—¿Esos crímenes pueden ser elevados a la Corte Penal Internacional?
—La obediencia debida no exime cuando se cometen violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Eso debería tenerlo presente cada funcionario. Augusto Pinochet, por ejemplo, fue investigado por cuatro casos de tortura, no por la Corte Penal Internacional. Existe la jurisdicción universal, por lo que independientemente de donde se haya cometido el delito, algunos son considerados crímenes contra la humanidad. Estos crímenes son imprescriptibles, son una condena perpetua para quien los comete no solo de manera directa, sino también para quienes los hayan ideado y prestado los medios para que ocurran.
—El gobierno acusa a los manifestantes de ser terroristas.
—En un Estado de Derecho el gobierno no puede acusar a nadie, ni puede presentar pruebas, ni sentenciar. El delito de terrorismo es algo muy grave. Tienen que hacerse investigaciones muy serias para determinar eso.
—¿Para usted qué tan crítica es la situación actual?
—Venezuela vive una profunda crisis de derechos humanos, no solo civiles y políticos, sino de acceso a medicamentos y alimentación. Hay una agenda gravemente comprometida cuyo eje transversal es la impunidad.
—¿Qué debe hacer la Defensoría del Pueblo?
—El mejor favor que haría en estas circunstancias es cumplir su rol constitucional.
—¿La omisión la hace responsable de delitos de lesa humanidad?
—La omisión de cualquier funcionario, sin importar su rango. El ámbito de garantía y protección de derechos humanos no es solo cuando ocurren violaciones a los derechos humanos, es también de prevención. Allí hay una obligación del funcionario: evitar que ocurran violaciones.
—¿Que evidencia lo dicho por la fiscal sobre la muerte de Juan Pablo Pernalete?
—La Fiscalía tiene las facultades de investigar. Si retoma sus funciones constitucionales es algo muy importante para la reconstrucción del Estado de Derecho. El Poder Ejecutivo, le guste o no, tiene que acatar las decisiones de los tribunales y de la Fiscalía.
¿El presidente de la República puede cambiar a la fiscal?
—No. Y tampoco puede sustituirla por ningún otro funcionario.
—¿Una eventual asamblea constituyente puede destituirla?
—Ese proceso está fuera de la Constitución. Esa convocatoria debe ser consultada al pueblo. La ruptura comenzó con la declaratoria del estado de excepción, pues lo que se hizo no está acorde con lo establecido en la carta magna.
—¿Qué es lo más grave que ha ocurrido en este proceso?
—El desconocimiento de la voluntad popular porque la Asamblea Nacional fue electa. Todas las sentencias que han ido menoscabando sus funciones son un golpe muy duro a la Constitución. Esto de crear una fórmula de constituyente que obvie el voto secreto, directo y universal es gravísimo.
—¿Cuál es su mayor temor?
—El odio. No hay modo de solventar esta situación sin el reconocimiento del otro. El otro no es un enemigo que hay que aplastar y es más grave cuando la deshumanización proviene del Estado. Preocupa el uso de la fuerza pública contra los manifestantes, las muertes, el no permitir la ayuda a quienes resultan heridos, todos estos efectos provienen de la deshumanización.
—¿Teme una explosión social?
—Creo que hay elementos de un enorme descontento social y el gobierno no puede ser impermeable a esta situación, pero los que trabajamos en derechos humanos tenemos que ser optimistas. Debe haber sectores dentro del propio gobierno que no estén cómodos con esta situación y vean violados sus valores. Lo otro es pensar que los valores están de un solo lado y eso no es así.
—¿Qué pasos deberían darse para construir una salida?
—Ojalá puedan abrirse mecanismos para una mediación internacional seria que no puede ser impuesta por una de las partes, que sea creíble para ambas, y sobre todo tiene que ser pensada para el bien de la mayoría de los ciudadanos.
La sombra del Caracazo
“En Venezuela hay Caracazos pequeños todos los días, no tiene que ser una explosión social”. La afirmación es de Liliana Ortega, coordinadora general de Cofavic, organización que nació por la masacre ocurrida el 27 y 28 de febrero de 1989, en la que más de 600 personas fueron asesinadas en cuestión de horas.
Su experiencia acumulada de 28 años como defensora de derechos humanos le hace entrever, sin embargo, que no todo está perdido. Confía en que lo que hay es que “sumar más voluntades en todas partes” para solventar el sufrimiento de la gente.

Aunque no cree que pueda suceder un Carachazo, ve dos elementos coincidentes: la frustración de la gente y la sordera del gobierno ante el reclamo del pueblo. “El presidente de la República debe gobernar para todos, por lo que el dolor del otro debe importarle, aunque no sea el suyo. No son solo los muertos, basta que camines por cualquier zona de Caracas y verás a la gente cansada de hacer colas, que no consigue la comida, que le robaron en el autobús, que no encuentra las medicinas”.

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