Jóvenes con camisas azules y beiges
marchan en medio del asfalto. Adolescentes, estudiantes de educación
media y diversificada, tomaron posición y salieron del aula a la calle.
La manifestación del lunes 22 de las
jóvenes del Colegio Santa Cecilia inició dentro de la institución a las
6:45 am. Las muchachas decidieron sentarse en círculo, entonar el Himno
Nacional y colocar la bandera en el suelo y con los nombres de los
estudiantes que han muerto en las protestas.
“Salimos de la institución a la
fuerza y nos fuimos a la calle gritando por todos los liceos, diciendo
consignas para buscar apoyo de los demás estudiantes. A las 10:30 am
salieron los de Santa Rosalía y nos encontramos. De allí tomamos la
iniciativa de irnos a la avenida Lecuna”, relata una estudiante del
colegio Santa Cecilia. Una hora después sujetos vestidos de negro y
encapuchados arremetieron contra ellos: “Dispararon al aire, estando a
100 metros la guardia y no hicieron absolutamente nada. Uno me pisó el
pie con la moto. Después la situación se salió de control cuando unos
civiles trancaron el paso con cauchos y prendieron basura. Los
colectivos lanzaron gas pimienta. Llevaban palos y golpearon a los
muchachos”. Dice que muchos corrieron a esconderse en los
estacionamientos de los edificios, pues comenzaron a perseguirlos. “Nos
metieron electricidad. En qué país estamos viviendo que nosotros no
podemos exigir nuestros derechos y esas personas andan armadas en la
calle, atentando contra nuestra vida”, narra la adolescente.
Los vecinos de la residencia Lecuna
salieron a socorrer a los estudiantes para evitar que los alcanzaran los
colectivos. “La meta era llevárselos. A uno lo subieron en una moto en
la esquina El Muerto, le robaron el bolso y lo dejaron en Quinta Crespo.
Varios resultaron heridos. Lo único que queríamos era alzar nuestra voz
y ser escuchados como estudiantes. Porque mientras estamos aquí viendo
clases, Venezuela se está cayendo. Cada vez hay más heridos y más
muertos”, enfatiza.
En la plaza La Pastora la acción de
grupos colectivos contra un estudiante de Monseñor Castillo, no pasó de
amenazas verbales. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,
expresó el miércoles su rechazo al amedrentamiento por parte de civiles
armados en otro caso que se presentó en un colegio de Catia el lunes.
El jueves 25 cerca de 30 alumnos de
varios colegios de Santa Mónica se concentraron al mediodía, a la hora
de salida, en la avenida Teresa de la Parra. Trancaron la vía con
cauchos y le encendieron fuego. La Policía Nacional Bolivariana retiró
los obstáculos pero los estudiantes permanecieron. Algunos se quitaban
las franelas del colegio —para evitar ser identificados— y cada dos
minutos cerraban la vía, tiempo suficiente para entonar una estrofa del
Himno Nacional y gritar consignas: “Y cuál constituyente si aquí lo que
queremos es un nuevo presidente”. En las pancartas el mensaje
recurrente: “No me quiero ir de mi país”, “Un presidente sin estudio
nunca entenderá a los estudiantes”.
Las razones de las protestas que
llevan 52 días les son afines. “Vengo a protestar por el derecho a la
libertad. A mi hermano lo llevaron preso el miércoles por estar
protestando. No lo quieren liberar. No hemos hablado con él. Ni nos han
dado señales de vida”, cuenta una joven. Otra cuestiona: “En nuestras
casas no hay ni comida. Una pregunta al presidente Maduro ¿estos son los
estudiantes que usted quiere? Pues los va a tener en la calle
protestando. Defenderemos nuestros derechos”.
Los liceístas tienen un grupo de
whatsapp por el cual organizan las convocatorias. “Que no quede ningún
colegio sin hacer plantón”, se lee en una imagen enviada. Diversos
grupos de liceístas han tomado lugares de Caracas como La Pastora, la
avenida Lecuna, Catia. Lo hicieron los colegios Santa Cecilia, Santa
Rosalía, Monseñor Castillo de la Pastora, La Presentación de Propatria.
El martes otro grupo de Santa Mónica. El miércoles fueron los del
Antonio José de Sucre en Catia. En las redes sociales también circulan
videos de estudiantes que protestan en el interior del país.
Sancionados por protestar
Tan solo tres días de protesta de
estudiantes de bachillerato hizo que el Ministerio de Educación emitiera
un comunicado el miércoles 24: “tras el comportamiento de algunas y
algunos propietarios y del personal directivo de instituciones
educativas privadas”. En el texto se les acusa de permitir, provocar e
incitar dentro del plantel y adyacencias “acciones de violencia y el
inaceptable desprecio e irrespeto” a los símbolos patrios.
Como consecuencia ordenó iniciar
procedimientos disciplinarios, penales, civiles y demás sanciones a
propietarios y personal directivo de 15 colegios privados de Caracas,
Aragua y Zulia. El comunicado resalta que fueron vulnerados los
artículos 78 de la Constitución, el 3, 10 y 11 de la Ley Orgánica de
Educación y el 7, 8 y 32 de la Lopnna. Sin embargo, estos no hacen
referencia explícita a los símbolos patrios, sino a la lealtad a la
patria, la incitación al odio y la violencia y mensajes contrarios a la
soberanía nacional. “¿Cuál ha sido la conducta ilícita que han cometido
esos centros? ¿Bajo qué ley van a sancionar a esos colegios? Ya el hecho
de emitir un comunicado donde se mencione los colegios, indica que hay
un juzgamiento”, señala el abogado y coordinador de Cecodap, Carlos
Trapani. Agrega: “Las disposiciones transitorias de la Ley de Educación
en su numeral 3 y 5 no establece como falta el uso incorrecto de
símbolos patrios como falta para iniciar un procedimiento. Ese hecho que
se atribuye no da elementos que permita demostrar eso”.
El jueves 25 durante la juramentación
del Comando Nacional para la Asamblea Constituyente, el ministro de
Educación, Elías Jaua, dijo que a nueve planteles se les abrió el
procedimiento: "No le vamos a permitir a nadie, en ningún colegio
privado, que se ofenda y que se agravie a la bandera de Bolívar, a la
bandera de Miranda, a la bandera de nuestros patriotas”.
“Se habla de traición a la patria. En
las áreas de sociales y valores se enseña el significado de los
símbolos patrios. Pero son ocurrencias que se le escapan completamente a
uno de control”, asevera el director de la institución, Teófilo
Morales. “Hay que aclarar que los muchachos al salir de sus casas en la
mañana se fueron a protestar. Al rato llegaron a sus actividades
normales. Vinieron también al colegio los supervisores y levantaron un
acta de lo sucedido”, manifiesta Morales. El director fue al Ministerio
de Educación para informarse y consignar el relato de lo que ocurrió.
Hasta el momento no han recibido notificación de la sanción por escrito
pero les dijeron que debían hacer una reunión con padres, representantes
y estudiantes que protestaron y hacer un trabajo de orientación sobre
los valores y los símbolos patrios.
El colegio Santa Cecilia tampoco ha
recibido las sanciones del ministerio, aseguró la directora Josefina
Scott: “Lo que las niñas hagan de la puerta para afuera es
responsabilidad de los padres”. En la entrada de la institución está
pegado un documento firmado y sellado por la dirección que señala que
está prohibido realizar manifestaciones estudiantiles con fines
políticos.
Esa institución fue supervisada el
martes. “Nos dijeron que la manera en que podíamos manifestar era con la
constituyente, la campaña de amor y la Organización Bolivariana
Estudiantil”, relata una de las estudiantes. La joven cuenta que la
supervisora 304 les pidió que firmaran un acta de lo sucedido en la
avenida Lecuna y ellas se negaron: “Quisieron amedrentar diciendo que
podían cerrar la institución”. Un grupo de alumnas redactó a mano una
carta de seis páginas con el relato de lo sucedido que entregaron a la
directora del centro educativo.
Un derecho quebrantado
El 5 de febrero, una joven de 16 años
del Liceo Benito Canónico de Guarenas, durante el programa dominical de
Maduro, denunció ante las cámaras las fallas que presentaba la
institución, entre esas, el cierre del comedor, por lo que manifestó que
muchos de sus compañeros se desmayaban del hambre. Maduro los alentó
para que protestaran: “No se pueden quedar en la solicitud. Ustedes se
tienen que movilizar, ir a la calle. Que se sienta su palabra y
conquistar su derecho en la batalla”. Así reivindicó el primer
mandatario el derecho a la manifestación de los estudiantes, que ahora
pretende castigar con sanciones.
Para Trapani con las medidas del
ministerio, la represión de las manifestaciones e incluso el ataque con
bombas lacrimógenas a instituciones educativas se está criminalizando la
protesta que es un derecho no solo garantizado por la Constitución. El
artículo 67 de la Lopnna establece el derecho a la libertad de
expresión, el 81 el derecho a participar en la vida comunitaria y social
y el 82 el derecho a la reunión pública con fines lícitos y sin
necesidad de permiso de las autoridades públicas, este último en
consonancia con el 83 donde se fija el derecho a la manifestación
pacífica.
“Pareciera que ese derecho es válido
mientras no sea contrario a políticas oficiales o iniciativas
gubernamentales. Cuando no es así, se amenaza a los centros educativos.
Es una intimidación, contraria a cualquier lógica de participación. Las
manifestaciones se tienen que hacer con libertad y sin miedo. Sancionar,
evidentemente compromete ese derecho”, sostiene.
La presidenta de Fenasopadres, Nancy
Hernández, señaló que el ministro Jaua pretende utilizar medidas de
retaliación y represivas ante el derecho legítimo a manifestar.
“Emplazamos a que con pruebas digan dónde aparece la bandera izada
incorrectamente”, sostuvo.
Asistencia obligatoria
El Ministerio de Educación también
vigila de cerca el diario de asistencia de los docentes y alumnos en
medio de este escenario de protestas y movilizaciones. Una profesora de
un liceo público ubicado en Valle Abajo señala que han sostenido
reuniones con la directiva y supervisores de la Zona Educativa en donde
les indican que “tienen que dar clases a los alumnos así esté uno”. Y
cuando faltan tienen que presentar una exposición de motivos para
sustentarla: “Uno se la entrega al directivo y ellos la envían a la zona
educativa. Dicen que no debemos faltar por nada. Los supervisores
pueden venir en la mañana o en la tarde pero que van a ir todos los
días, es como una amenaza”, resalta.
Cuando acudieron los supervisores
—que son dos— solicitaron al director del plantel el diario donde los
docentes firman su asistencia. En este cuaderno está el listado diario
de su hora de entrada y salida. “Averiguan a través del diario quién fue
y quién no, porque el directivo entrega el reporte a los que vienen de
la Zona Educativa. Yo he dicho que a veces no puedo salir porque vivo
fuera de Caracas y trancan la vía con barricadas. Según ellos averiguan
si ese día pasó eso de verdad”.
En otro colegio privado también de la
zona, un docente cuenta que hay niños que han dejado de ir a clases.
“La maestra manda las actividades por Whatsapp o por correo para que las
hagan en casa. Se evalúan de esa forma”.
Son varios los colegios afectados
durante los días de marchas ante la represión de los cuerpos de
seguridad. En el colegio San Pedro, el San José de Tarbes y otras
instituciones ubicadas en El Paraíso, las bombas lacrimógenas han caído
en los planteles, lo que incidió en el aumento del ausentismo escolar.
El secretario de educación de
Miranda, Juan Maragall, asevera que no solamente la confrontación
política que inició en abril ha hecho que los niños dejen de ir a
clases, por lo menos en su entidad. “Finalizamos la semana pasada un
censo escolar que se realizó en marzo donde verificamos la pérdida de
matrícula en la escuela: 8% en educación básica y en bachillerato 10 %
de abandono este año escolar. Tiene que ver con costo de transporte,
situaciones de violencia, la falta de profesores especialistas en las
escuelas, más que con la protesta. La perdida de estudiantes puede
llegar a 14% entre primer y tercer año de bachillerato. Podemos tener en
la calle a más de 500.000 estudiantes”. La directora de la Zona
Educativa de los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre, Beatriz
Cortés, señaló a El Nacional que a algunos de los
colegios mencionados en la lista que publicó el ministerio se le
aplicarán las sanciones porque el irrespeto a los símbolos patrios fue
“público y notorio”, pero que hay otros casos donde aún se están
investigando irregularidades asociadas a la incitación de la violencia.
Explicó que desde este despacho, en
articulación con el Sistema de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, están haciendo un llamado ético y moral a los directores
de las unidades educativas del país, recordándoles su responsabilidad en
la custodia de los estudiantes durante la jornada escolar. Cortés
añadió que también están trabajando con los padres: “algunos están
aterrorizados y no quieren que los muchachos se acerquen más a la
escuela y eso tampoco es la solución”, dijo.
La funcionaria constató que
supervisores del ministerio, junto a representantes de los consejos de
protección de NNA, evalúan las condiciones. “Son los encargados de
determinar con los directores cuándo puede haber una situación en el que
se vean afectados los muchachos. En las zonas críticas llamamos y les
pedimos que nos informen cómo han visto las cosas. Si hay algún riesgo
permitimos la suspensión de actividades”, expresó. Añadió que hay
planteles, como por ejemplo algunos ubicados en Baruta y El Hatillo,
donde la suspensión de clases está sujeta a la paralización del
transporte público. El cierre de las estaciones del Metro cuando hay
planificadas concentraciones opositoras contribuye al ausentismo tanto
escolar como laboral.
Cortés indicó que hay un plan de
contingencia para las evaluaciones y la asistencia de los niños y
jóvenes a las aulas en este escenario de conflicto: “En los planes de
contingencia están contempladas todas las vías de comunicación con los
estudiantes, sin embargo no queremos que lo tomen alegremente y después
los docentes manden todas las clases a través de las redes y traten de
sustituir el trabajo presencial”. Por tanto las inasistencias de los
muchachos no serán tomadas en cuenta y dijo que “gran parte del
procesamiento del material se ha llevado a cabo con éxito. Esperamos
trabajar mucho el área de valores, que se converse con los estudiantes
sobre actividades colectivas y de tranquilidad, para que baje un poco la
violencia”.
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