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martes, 23 de mayo de 2017

Ordenan a organismos que envíen cada vez más funcionarios a las marchas


El gobierno y el PSUV ordenaron a los jefes y directores de los organismos aportar el mayor número posible de empleados públicos para acudir a las marchas convocadas por el oficialismo. “Hasta abril se establecían cuotas de asistencia de personal, pero ahora requieren más gente para llenar las movilizaciones”, señaló Betty Suárez, secretaria general del Sindicato del Ministerio de Finanzas.
Suárez precisó que luego de la actual actividad de protestas de la oposición para exigir la restitución del orden constitucional, el oficialismo ha aumentado la presión sobre los trabajadores con la finalidad de garantizar su presencia en los actos.



“Cada vez que la Mesa de la Unidad Democrática convoca una marcha el gobierno reacciona con otra, solo que la asistencia a los actos de la MUD es masiva y voluntaria, en contraste con la más menguada participación de los seguidores del chavismo, lo cual obliga a recurrir a los funcionarios”, destacó Suárez.
Un coordinador de sección de un instituto autónomo del Estado, que solicitó el anonimato, expresó: “Cada vez me presionan más para que garantice, como sea, la mayor cantidad de personas para las marchas sin importar si eso atrasa el trabajo en la oficina. Luego esos mismos directivos te reclaman”.
Una funcionaria, que también pidió guardar su nombre en reserva, indicó: “Estamos agotados de tanto marchar. Nos convocan tres y cuatro veces semanales así estés enfermo, con un reposo médico y tengas que dejar de hacer cosas importantes en el trabajo”.
“Te hacen la convocatoria con un dulce y un garrote: por un lado, te invitan a colaborar y, por el otro, insisten en que la asistencia es obligatoria y que habrá sanciones si no vas”, ironizó otro empleado.
Ambos trabajadores expresaron que ya habían recibido la notificación de sus superiores que debían asistir hoy a la “gran marcha nacional por la paz y el amor contra el fascismo”, anunciada el domingo por el presidente Nicolás Maduro.
José Matute, directivo del Sindicato del Instituto Nacional de Parques, informó que los funcionarios contratados son el blanco de mayor presión por parte de los jefes y directores para acudir a los actos proselitistas, también llamados operativos, bajo la amenaza de rescisión del contrato y/o no pasarlos a nómina fija.
“Con más de 3 millones de trabajadores, de los cuales en muchos organismos la mitad son contratados, la administración pública es la cantera de asistentes a las marchas de gobierno que perdió la calle, pero necesita hacer creer a sus seguidores que todavía tiene poder de convocatoria”, dijo Matute.
Agregó: “Cada día se le hace más difícil al oficialismo la participación de su propia gente decepcionada por la falta de alimentos, medicinas y el alto costo de la vida, aunque todavía logra enganchar a algunos con la promesa de un apartamento, el arreglo de su casa o la provisión de una bolsa de comida”.
Suárez reveló que al finalizar las movilizaciones muchos funcionarios quedan varados en el centro de Caracas sin posibilidad de retornar a sus centros de trabajo o a sus hogares, porque el Metro cierra las estaciones y suspende el servicio del Metrobús, en el intento de detener las concentraciones de la oposición”.


Crisis agrava el ausentismo
El ausentismo laboral se ha elevado vertiginosamente en el país desde el inicio de la crisis política, lo cual afecta la productividad y genera desabastecimiento de los artículos de primera necesidad, señaló Linerby Sánchez, directora de Proyecto del Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales.

La representante del Inaesin indicó que también se han presentado cierres parciales de comercios por carecer del personal necesario para prestar la atención al público. A su juicio, de continuar la situación originada hace más de 50 días, el país podría sufrir una paralización total de los distintos sectores productivos lo cual perjudicará a los trabajadores al no poder llevar el sustento diario a sus familias. Sánchez llamó al gobierno a evitar una crisis de mayor envergadura con el cese de la represión en la protesta cívica y pacífica de la población.

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