Senadores demócratas y republicanos
presentaron ante la Cámara alta de Estados Unidos un proyecto de ley en
el que proponen que se impongan nuevas sanciones a funcionarios del
gobierno de Venezuela responsables de bloquear los procesos democráticos
o que estén involucrados en corrupción, que se reúnan diez millones de
dólares en ayuda humanitaria y que se coordine un plan regional para
mitigar la crisis en el país.
El documento de 27 páginas solicita
también informes detallados a las agencias de inteligencia sobre el
papel que desempeñan miembros del gobierno venezolano en el tráfico de drogas y la corrupción.
El anteproyecto de ley está conducido
por el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el
senador demócrata Ben Cardin, y su homólogo republicano Marco Rubio,
crítico de Caracas y quien lidera el subcomité para el Hemisferio
Occidental y con el apoyo de pesos pesados de ambos partidos, los
demócratas Dick Durbin, Robert Menéndez, Bill Nelson, Tim Kaine y Chris
van Hollen; y con el de los conservadores John McCain y John Cornyn.
El texto también proporcionaría 10
millones de dólares para que las agencias de ayuda exterior de Estados
Unidos alivien las necesidades de la población venezolana, y otros 9,5
millones de dólares para las organizaciones de la sociedad civil
venezolana que trabajan por la defensa de los derechos humanos en el
país.
La legislación contiene disposiciones
para la financiación de medicamentos esenciales, suplementos
nutricionales y asistencia técnica para mejorar la distribución de
alimentos y medicinas; además de apoyar los esfuerzos de restauración de
la democracia liderados por la Organización de Estados Americanos y
futuras misiones de observación electoral.
“El presidente (Nicolás) Maduro ha
lanzado a su país a una profunda crisis y ha minado el sustento del
pueblo venezolano de forma profunda y trágica”, apuntó el senador Ben
Cardin, copatrocinador del texto y el demócrata de más alto rango del
Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta.
“Es el interés estratégico de Estados
Unidos apoyar la restauración de la democracia en Venezuela y trabajar
con los socios regionales para poner al país de nuevo en el camino de la
paz, la prosperidad y la estabilidad”, agregó. Cardin insistió en que
Estados Unidos debe liderar un esfuerzo más amplio con los países de
América para detener la hemorragia de Venezuela y apuntó que este
proyecto de ley dotará al gobierno de los instrumentos y recursos
necesarios para hacerlo, así como apoyar los derechos humanos del pueblo
venezolano.
El senador Marco Rubio argumentó que
el proyecto debe avanzar por las violaciones de los derechos humanos que
ocurren en la nación: “Los civiles venezolanos están siendo heridos y
asesinados por su propio gobierno cuando el dictador Maduro y sus
matones usan la violencia para reprimir protestas pacíficas
prodemocracia. Estados Unidos debe apoyar al pueblo venezolano mientras
lucha por defender sus derechos y restaurar los mecanismos
constitucionales y traer de vuelta la democracia en su país”.
El senador Durban, por su parte,
subrayó la importancia de que Estados Unidos trabaje con el resto de la
región para proporcionar la ayuda humanitaria necesaria para los
venezolanos y para exigir la restauración del orden democrático y la
liberación de todos los presos políticos.
“Mientras miles de venezolanos
valientemente toman las calles para enfrentar la brutal represión,
Estados Unidos debe trabajar con sus aliados regionales para proveer la
muy necesitada ayuda humanitaria y demandar que se restaure el orden
democrático y se liberen todos los presos políticos”, manifestó el
senador demócrata. “Me siento orgulloso de unirme a mis homólogos para
presentar este proyecto en solidaridad con los ciudadanos venezolanos
mientras que inequívocamente denunciamos el uso de la violencia por
parte del gobierno venezolano para crear más crisis y socavar la
democracia del país”.
“Las manifestaciones públicas que se
están produciendo en el país son una expresión poderosa de las
aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. El presidente Maduro
deber cesar de cometer estos actos de violencia contra los manifestantes
pacíficos y respetar los derechos básicos de sus ciudadanos, incluyendo
la libertad de expresión y de asamblea”, afirmó el senador McCain, jefe
del comité de Fuerzas Armadas.
McCain agregó: “Es parte del interés
nacional de Estados Unidos y de la región entera que los ciudadanos
venezolanos vivan en paz y con seguridad. Mientras que la crisis de
derechos humanos sigue deteriorándose todos los días, esta ley ayudará a
apoyar a los venezolanos en su esfuerzo por un país más libre,
democrático y próspero”.
Por último, el senador Menéndez
manifestó: “El Congreso de Estados Unidos se ve forzado una vez más a
tomar medidas legislativas a la luz del atroz desmantelamiento de la
democracia, explosión de abusos a los derechos humanos y la bullente
crisis económica en Venezuela”.
“El sufrimiento de los venezolanos es
real, espantoso y espeluznante, y ahora es evidente que Nicolás Maduro
continuará abusando de ellos sin someterse a la justicia y continuará en
el camino de llevar la economía al suelo a menos que la comunidad
internacional les plante cara de forma conjunta. Mientras el régimen
venezolano cae sin control, esta legislación bipartita representa
nuestra resolución para que Estados Unidos se pronuncie inequívocamente
en el rechazo del estado repugnante en que se encuentra Venezuela en
este momento y el impacto potencial de desestabilización en el
hemisferio”.
Los legisladores de la Cámara de
Representantes también presentaron un proyecto de ley sobre Venezuela.
El republicano Carlos Curbelo dijo que se unió a los demócratas en
presentar una iniciativa que permitiría a los venezolanos que viven en
Estados Unidos obtener refugio, siempre que no tengan antecedentes
penales y no estén involucrados en violaciones de los derechos humanos.
Los senadores también urgen a la Casa
Blanca a que evite que la petrolera estatal rusa, Rosfnet, obtenga el
control de cualquier infraestructura energética estadounidense, en
alusión a la filial de la petrolera venezolana Pdvsa, Citgo. Pdvsa, a
través Citgo Petroleum, posee tres refinerías en los estados de Texas,
Illinois y Luisiana, y una red de autoservicio de combustible de
alrededor de 15.000 gasolineras en todo Estados Unidos. Pdvsa usó a
Citgo como garantía para recibir financiación de Rosneft.
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