Durante el primer semestre la fiscal
general de la República, Luisa Ortega Díaz, se ha deslindado de varias
acciones del Ejecutivo. En el tablero político, ella está moviendo sus
piezas. El Tribunal Supremo de Justicia ha respondido con celeridad a
cada una de las jugadas. La expectativa está centrada en cuál será la
próxima movida de la máxima autoridad del Ministerio Público –que para
el gobierno se ha convertido en su principal adversario– luego de que la
Sala Plena admitió la solicitud de un antejuicio de mérito en su
contra.
Ortega Díaz, quien fue designada
frente al Ministerio Público por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre
de 2007 para el período 2008-2014 y ratificada para el lapso
2014-2021, asegura que actúa en defensa del Estado de Derecho y de la
Constitución de 1999.
Fiel al proyecto que lideró el
presidente Hugo Chávez, ahora la fiscal ha sido blanco de ataques de
oficialistas, entre ellos del propio presidente Nicolás Maduro. “Todas
las acciones intentadas por nuestra institución han sido desechadas,
inadmitidas, negadas, sin que se produjera un pronunciamiento a fondo
del Tribunal Supremo”, advirtió Ortega Díaz el 13 de junio.
“La fiscal general ha actuado en
cumplimiento de su obligación como representante del Ministerio Público
para garantizar el respeto a la Constitución. Las sentencias 155 y 156
fueron denunciadas por Ortega Díaz por considerar que estas significaban
la ruptura del orden constitucional. El TSJ no puede sustituir al
Parlamento. La Sala Constitucional le dio la razón a la fiscal, en una
decisión gatopardiana, cuando corrigió algunos aspectos. Los magistrados
reconocieron que actuaron fuera de la carta magna”, señaló el abogado
Javier Elechiguerra, ex fiscal de la República.
Para Elechiguerra, Ortega Díaz tuvo
razón cuando hace unos días acusó a los magistrados de incurrir en el
delito de conspiración para alterar la forma republicana. La funcionaria
solicitó un antejuicio de mérito contra los juristas, que fue negado
por los propios afectados. “Los magistrados han sido juez y parte ante
las peticiones de la fiscal, cuando debieron inhibirse. En este contexto
el Estado venezolano quedó muy mal ante el mundo, al violentar derechos
universales.
Por el contrario, Ortega Díaz cumplió con su obligación. Actuará hasta donde se lo permita la Constitución”, expresó.
El ex fiscal dijo que las actuaciones
de Ortega Díaz han sido semejantes a las asumidas en 2002 por el
entonces fiscal Isaías Rodríguez, cuando denunció el golpe de Estado
contra Chávez. Considera que en ambos casos la conducta fue legítima. “A
Isaías Rodríguez nadie intentó enjuiciarlo, porque lo que hizo
corresponde a la función de un fiscal. Él y Ortega Díaz actuaron según
su juramento”.
Restablecimiento democrático.
El ex magistrado Perkins Rocha dijo que Ortega Díaz ha actuado conforme
a lo que dispone el artículo 333 de la carta magna, según el cual todo
ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar
para el restablecimiento de la Constitución.
“La fiscal ha desnudado ante el país y
la comunidad internacional la falta de imparcialidad y el sesgo de las
autoridades del TSJ puestas por Maduro, cuando están obligadas a velar
por el Poder Público”, indicó.
Rocha, actualmente vicepresidente del
Comité de Postulaciones Judiciales, coincidió con Elechiguerra en que
los magistrados, al no admitir o rechazar a los recursos que Ortega Díaz
introdujo ante el máximo tribunal, “como parte y jueces del proceso
incurrieron en un inexcusable error de carácter penal”.
Destacó que la fiscal ha contribuido
en la integración del gran expediente por la ausencia democrática en el
país, registro que, recordó, es válido ante la Corte Penal
Internacional.
“La fiscal evidenció que hay Estado
de Derecho, pero no justicia. Mientras tengamos este TSJ no podremos
tener decisiones efectivas, lo que tiene un costo social. El Libertador
decía que el talento sin probidad es un azote, pero el TSJ es un azote.
Como dijo Ortega Díaz: El TSJ es un obstáculo para la paz del país”.
Rocha dijo que está claro en que “la
fiscal sigue siendo una señora con posición política de izquierda, lo
que es perfectamente válido. Pero, al mismo tiempo, se puede afirmar que
va a dar la vida por un valor republicano, por la democracia, por
defender la Constitución”.
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