El presidente
Nicolás Maduro se adelantó a los cambios de la FANB que,
tradicionalmente, se anuncian en julio y ratificó por cuarto año al
general en jefe (Ej.) Vladimir Padrino López como ministro de la
Defensa. Padrino, quien egresó de la Academia Militar en 1984, no
continuará como jefe del Comando Estratégico Operacional, cargo que será
asumido por el almirante Remigio
Ceballos, en tanto el mayor general
José Ornella Ferreira es el nuevo jefe del Estado Mayor del CEO.
El mayor general Sergio José Rivero
Marcano, que fue comandante de la Guardia del Pueblo, reemplazará a
Antonio Benavides Torres en la Comandancia de la GNB. Rivero Marcano,
que en 2016 cumplió 30 años en la FANB, se desempeñaba hasta ahora como
comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) oriente.
El jefe del Estado designó a los
mayores generales Jesús Suárez Chourio, quien fuera jefe de la Casa
Militar de Hugo Chávez, e Iván Hidalgo Terán como comandantes del
Ejército y la Aviación, respectivamente; al almirante Edglis Herrera
Balza, como comandante de la Armada, y al mayor general Carlos Leal
Tellería, como comandante de la Milicia. El mayor general Juan de Jesús
García Toussaintt y el almirante Orlando Maneiro Gaspar serán ministros
de Transporte y Pesca, respectivamente.
Rocío San Miguel, coordinadora de
Control Ciudadano, indicó que con el nuevo Alto Mando militar se
agravarán las violaciones de derechos humanos en el país. “La
designación de Rivero Marcano al frente de la GNB comprometerá aún más
la responsabilidad del Estado en violación de derechos humanos. Ha sido
denunciado desde que era teniente coronel, y estaba en la Dirección de
Inteligencia Militar, por tortura”.
Denunció que la GNB debe explicar la
decisión de sacar a los destacamentos de seguridad ciudadana y al Conas,
que usan armas de fuego, para reprimir las manifestaciones cuando las
unidades que pueden actuar, con el uso proporcional de la fuerza, son
las de control del orden público.
Rafael Uzcátegui, coordinador de
Provea, afirmó que “la actuación arbitraria de los funcionarios
militares se va a mantener pese a los cambios en el Alto Mando”. Explicó
que las razones de fondo se encuentran en el discurso del Ejecutivo
según el cual las protestas son llevadas a cabo por grupos terroristas
que lideran un plan insurreccional y son violentos. Afirmó que el
propósito del gobierno es realizar una ocupación militar del territorio,
así como las órdenes de impedir el derecho a la manifestación pacífica.
“El Estado quiere hacer ver que
hechos como el asesinato de Fabián Urbina son aislados, cuando se
observa un patrón sistemático de dispersión de las protestas y de
ataques con armas de fuego, así como de allanamientos sin orden
judicial. Debe establecer una cadena de responsabilidades. Hay una
conducta institucional que permite y tolera este tipo de abusos”,
indicó.
Enemigo interno. Laboratorio
de Paz señala que las violaciones de derechos humanos por parte de
funcionarios militares se derivan de la aplicación del Plan Zamora. La
coordinadora de la ONG, Lexys Rondón, dijo que “las actuaciones se basan
en la lógica de ver al disidente como un enemigo interno y se aplica la
fuerza de forma indiscriminada, no se respeta el derecho a la protesta,
se usan armas letales y se dispara directamente a los manifestantes,
tampoco se protege a terceros. Hay que documentar las violaciones de los
derechos humanos porque no se puede amparar la impunidad”.
Añadió que desde 2014 el defensor del
Pueblo se comprometió a elaborar un protocolo de actuación de los
organismos de seguridad y militares en el control de protestas que aún
no ha sido presentado.
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