Desde la semana pasada el gobierno
presiona a empleados del sector público, sobre todo al personal
contratado de reciente ingreso o en espera de ser ascendido de cargo,
para que apoyen a sus candidatos a la asamblea nacional constituyente.
“Los trabajadores del Metro de Caracas en esta situación deben estampar
primero su firma para respaldar las postulaciones de los directivos del
sindicato a la constituyente obrera”, afirmó una fuente de la empresa.
Explicó que en el Metro condicionan
con la firma el pase a nómina fija a los nuevos empleados que se
entrenan para ingresar en las gerencias de operaciones y seguridad
patrimonial, así como los ascensos por antigüedad y mérito.
“Los empleados deben estampar su
rúbrica de apoyo a Edison Alvarado, actual presidente del sindicato que
aspira a ser elegido como constituyente”, destacó la fuente.
Servando Carbone, directivo de la
Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, indicó que desde
que el presidente Nicolás Maduro anunció el 1° de mayo que convocaría
la constituyente, en los organismos públicos ha crecido la contratación
de jóvenes.
“Con la promesa de pasar a la nómina
fija a estos trabajadores, se busca garantizar a los candidatos el 3% de
las firmas del padrón electoral de los trabajadores en vista de las
dificultades que han tenido para la recolección de las rúbricas. Los
funcionarios de carrera están molestos por la pérdida del poder
adquisitivo de sus salarios pulverizados con la inflación”, expresó.
El sindicalista señaló que “la
recolección de firmas es un formalismo porque los candidatos de la
constituyente obrera fueron designados a dedo por Maduro entre los
directivos de la oficialista Central Bolivariana Socialista de
Trabajadores y los sindicatos leales al régimen”.
En la lupa de la OIT. Carbone
destacó que la 106 conferencia de la Organización Internacional del
Trabajo reunida en Ginebra, Suiza, tratará por segundo año consecutivo
el incumplimiento del gobierno venezolano del convenio 122 de la OIT
sobre políticas de empleo.
Indicó que Venezuela integra la lista
de 25 países con graves violaciones de los convenios que examina la
Comisión de Normas de la OIT, la cual el año pasado instó sin éxito al
gobierno a enviar, antes de septiembre de 2016, un informe con los
correctivos a los incumplimientos del convenio 122 ante la destrucción
de 800.000 empleos en 2 años por la contracción del aparato productivo
nacional.
Carbone recordó que el gobierno
también debía aceptar la visita al país de una misión tripartita de alto
nivel de la OIT, lo cual tampoco se concretó.
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