Un grupo de abogados acudió a la
Fiscalía General de la República para solicitar un antejuicio de mérito
contra las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral: Tibisay
Lucena, presidente; Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D’Amelio.
La petición se relaciona con la asamblea nacional constituyente y sus
bases comiciales.
Los abogados indicaron que las
funcionarias estarían incursas en los delitos de conspiración, abuso de
autoridad, violación de tratados internacionales y malversación de
fondos públicos.
El grupo estuvo encabezado por
Alberto Arteaga Sánchez, y lo acompañaban Carlos Simón Bello, Fernando
Fernández e Iván Figueroa. Informaron que elevaron la solicitud ante el
Ministerio Público porque esperan que colabore a la restitución del
orden democrático en Venezuela.
“De convocarse a unas elecciones
constituyentes, cuyas bases no han sido aprobadas por el pueblo en un
referéndum consultivo, se atenta contra la forma política de la nación”,
dijo Arteaga Sánchez.
“Denunciamos ante la Fiscalía que el
CNE convocó una constituyente, lo que solo puede hacer el pueblo. Estas
rectoras no solo cooperan con el Ejecutivo, sino que duplican la
violación ya cometida, y esas acciones pudieran considerarse como
favorecimiento electoral”, indicó Bello.
El grupo señaló que el organismo
comicial incurrió en delito al modificar la data electoral y agregar
información sectorial o territorial, e instó al Ministerio Público a
investigar.
Destacaron los abogados que el Poder
Electoral ubicó a votantes en determinados sectores, o les ha
calificado, conjuntamente o no, como electores territoriales; “elementos
que son contrarios a Derecho, cuando no existe una declaración de
voluntad propia y personalísima del elector, cuya condición, de acuerdo
con la Constitución y las leyes, depende de la ciudadanía y no de
determinada actividad o ubicación territorial, hecho que pudo haber
contado con la complicidad de particulares”.
Advirtieron que la Ley de Presupuesto de 2017 se encuentra en una situación de ilegalidad, pues no ha sido publicado enGaceta Oficial, y, además, que en su distribución no aparecen créditos adicionales para el Poder Electoral.
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