La voz de la
dirigencia opositora es una sola. En una decisión unánime e histórica,
la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció este martes la invocación
del artículo 350 de la Constitución, apartado que garantiza el derecho a
la desobediencia civil, ante las medidas ilegítimas adoptadas por el
gobierno nacional.
“Lo que hizo la MUD fue ratificar la
protesta ciudadana como un derecho que está dentro de ese principio de
desobediencia civil”, destacó el jurista.
El antejuicio de mérito que admitió
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la fiscal general
Luisa Ortega Díaz, sin tomar en cuenta a la Asamblea Nacional; la
ejecución de una Asamblea Nacional Constituyente sin consultar a la
población en un referéndum consultivo y el desacato de tribunales
penales a las órdenes de detención solicitadas por el Ministerio
Público, son algunos de los ejemplos que recientemente demostrarían lo
que la misma fiscal califica como la “descomposición del Poder
Judicial”.
Foto: EFE
La coordinadora nacional del movimiento político Vente Venezuela, María Corina Machado, indicó a El Nacional Web que
han sido cerradas “todas las puertas institucionales”. Dijo que un
ejemplo es la fiscal: “Cuando ella comienza a cumplir con su trabajo y
se pone del lado de la sociedad, se le amenaza. Quedó claro que la ruta
institucional en una democracia fue bloqueada. Lo que queda es la fuerza
de una ciudadanía organizada: protesta, movilización, huelgas y paros”.
Freddy Guevara, primer vicepresidente
de la Asamblea Nacional, explicó en una rueda de prensa este miércoles
que la oposición procederá a partir de este 22 de junio con una agenda
de protestas que espera lograr el desconocimiento masivo y la
cancelación de otro proceso inconstitucional: la Constituyente.
“Ya declaramos el artículo 350, ahora
viene la ejecución (…) El 350 va desde el desconocimiento institucional
del régimen, hasta que la ciudadanía, en todas sus expresiones, se
niegue a acatar órdenes”, agregó.
El problema
Canalizar la desobediencia civil a
través de las protestas organizadas es el objetivo opositor. Sin
embargo, a pesar de ser un derecho, buena parte de los tipos de
desobediencia están penados por la ley. Hernández aclaró que si la
autoridad no considera que se ejerce el 350 al protestar o a impedir la
ejecución de la Constituyente, por ejemplo, puede penar esas acciones
al alegar que son ilegales.
“Otro ejemplo es la desobediencia
tributaria, un acto penalizado por el Código Orgánico Tributario. Si
alguien al invocar este artículo ejecuta este tipo de desobediencia,
estará incurso en ese delito. Ese es el problema práctico de la
desobediencia civil. Cuando esta se ejerce frente a un gobierno que no
la reconoce, el Ejecutivo considera que estos ciudadanos no están
ejerciendo un derecho sino que actúan fuera de la ley”, agregó.
Constituir nuevos poderes
José Vicente Haro, abogado constitucionalista, aseguró a El Nacional Web que
usar la protesta cívica como la expresión de la desobediencia civil no
es suficiente. Precisó que es necesario que la Asamblea Nacional actúe
con celeridad y nombre a cinco nuevos rectores para el CNE y los 32
magistrados del TSJ, ambas acciones en desconocimiento a la elección
írrita de ambos poderes en los últimos cuatro años.
Foto: Unidad Venezuela
“La forma en la que los diputados
pueden desconocerlo es proceder con la designación de los cinco rectores
del Consejo Nacional Electoral, debido a que ninguno ha sido elegido
legalmente. Además, también deben designar a los magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia”, acotó.
La designación más reciente de
rectores del CNE ocurrió el año pasado, cuando la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo ratificó en el cargo a Socorro Hernández y Tania
D'Amelio, al alegar que el Parlamento estaba en desacato. El Poder
Judicial, por su parte, fue electo en diciembre de 2015 por los
diputados del Gran Polo Patriótico. La misma fiscal Ortega Díaz denunció
que hubo irregularidades en la selección de los juristas, al considerar
que no cumplen con los méritos necesarios para el cargo.
Machado explica que este martes la
Asamblea Nacional realizó un compromiso con la MUD y los venezolanos a
desconocer a los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral y elegir a sus
autoridades de forma legal.
“Hay gente que dice que crearíamos un
Estado paralelo, pero no es así. Sería un Estado verdadero que cumple
con la Constitución. En la actualidad, el Parlamento es un poder público
con legitimidad y en las calles le hemos pedido que actúen”, sentenció
la dirigente opositora.
Artículo 350: El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
Antecedente
Hermann Escarrá, abogado
constitucionalista y actual miembros de la comisión presidencial para la
Asamblea Nacional Constituyente, rechazó en 2007 las acciones de
Parlamento de mayoría oficialista para reformar 69 artículos de la
Constitución, a pesar de que los ciudadanos rechazaron en el referéndum
consultivo del 2 de diciembre que se realizaran tales cambios.
“Debemos impedir la consolidación del
fraude y la consecuencia de la usurpación, avanzar desconociendo estos
hechos con la movilización ciudadana, la denuncia en las calles y el
esfuerzo cívico del pueblo para defender la libertad y la democracia. Es
el momento de defender el sagrado derecho de desconocer cívica y
constitucionalmente a cualquier autoridad que menoscabe los derechos
humanos y las garantías democráticas como lo expresa el artículo 350”,
señaló Escarrá.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.