TSJ designará a un Vicefiscal General y otorga poderes al Defensor del Pueblo

Foto: Archivo 2001.com.ve Mediante la sentencia n° 470, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que la Sala Constitucional "por auto separado designará de manera temporal un Vicefiscal General de la República". La Sala Constitucional informó de la anulación de la designación de Rafael González Arias como vicefiscal por parte de la actual fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz por considerar que "dicha designación es contraria a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio Público, por cuanto la misma requiere la previa autorización de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional, órgano que para el momento en que se efectuó la designación se encontraba y aun se mantiene en una situación fáctica consistente en el desacato en el cual permanece la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional frente a las decisiones de este Máximo Tribunal." Asimismo, el TSJ declaró nulo, improcedente e inadmisible el recurso de nulidad interpuesto por la Fiscal General, en el que pidió la suspensión de las bases comiciales convocadas por el presidente Nicolás Maduro para una Asamblea Nacional Constituyente. Lea la sentencia íntegra aquí. En otra sentencia, la Sala Constitucional admitió un recurso interpuesto por el Poder Moral y solicitado por el defensor del pueblo, Tarek William Saab para aclarar los artículos 49, 280, 281 y 285 de la Constitución, los artículos 2, 4, 15, 66 y 67 de la Ley Ogánica de la Defensoría del Pueblo y los artículos 1, 10, 11, 12, 13, y 124 del Código Orgánico Procesal Penal. En dicho escrito la sala constitucional del máximo tribunal resolvió las siguientes atribuciones de la Defensoría, asumiendo competencias de la Fiscalía General de la República: 1.- El Defensor del Pueblo tiene atribuidas las funciones de promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías constitucionales y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos. Además de la promoción, defensa y vigilancia de los intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos. 2.- La Defensoría del Pueblo tiene amplias competencias de actuación, las cuales no son sólo preventivas sino también de acción y reparación. 3.- La Defensoría del Pueblo tiene facultades para investigar, emitir opiniones y recibir denuncias requiriendo, si es necesario, la colaboración de los demás órganos del Poder Público. Así mismo ostenta la legitimación procesal para demandar ante órganos jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus competencias señaladas en el número 1. 4.- No existen obstáculos jurídicos para que la Defensoría del Pueblo pueda asumir la representación procesal de los intereses legítimos de la víctima, en el caso especialísimo de hechos punibles que pudieran implicar violación de derechos humanos, en los términos del artículo 123 del Código Orgánico Procesal Penal. 5.- El Defensor del Pueblo ostenta amplia competencia constitucional para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos (artículo 280) y en el ejercicio legítimo del mismo, está facultado para iniciar una investigación, así como para tener acceso a las actuaciones judiciales y administrativas relacionadas con la misma, cuando se trate de la violación a los derechos humanos y de ésta derive la comisión de un hecho punible, sin que ello menoscabe el marco de actuación del Ministerio Público. 6.- La Defensoría del Pueblo, conforme a la competencia constitucional antes señalada, puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio Público, ante los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, los órganos auxiliares de justicia y los centros policiales y penitenciarios y, de manera autónoma, en aquellos casos de violación de derechos humanos, aunque no le sea delegado por parte de la persona ofendida, a tenor de lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, incluyendo los casos de asistencia especial a que se refiere dicho artículo. 7.- La Defensoría del Pueblo, en el ejercicio de la competencia constitucional que ostenta en materia de investigación, puede promover pruebas, solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen diligencias de investigación, tales como: realización de experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, entre otras, así como estar presentes en todas las audiencias y cualquier acto de investigación del proceso penal ordinario y penal militar, incluidas las pruebas anticipadas, audiencias preliminares y de juicio. Puedes leer la sentencia completa aquí.