domingo, 23 de julio de 2017

Abismo constituyente


Conseguir “fiadas” las bolsas del Clap, explicar que la inflación está elevada porque el petróleo ataca, invitar a votar no con la cédula sino con el carnet de la patria, pedir bono de alimentación para pensionados aunque la ley ya fue sancionada por la Asamblea Nacional pero el TSJ la suspendió, acabar con la burocracia, crear contratos colectivos exclusivos para discapacitados, armar el modelo pospetrolero, blindar los consejos comunales y protegerlos de los “apátridas”, mantener la revolución y la lealtad al proceso, lograr la paz.



Las propuestas de los candidatos constituyentes se diversifican en una cantidad de lineamientos de todo tipo que poco tienen que ver con la redacción conceptual y concreta de una nueva constitución, objetivo esencial de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.
A través de la inédita propaganda de campaña que encontró espacio de difusión seguro al ser transmitida a través de cadena nacional, los 6.150 candidatos han presentado sus peculiares ideas y perfiles sobre lo que ellos entienden como la labor que tendrán en el nuevo proceso, que a juicio de especialistas no posee referencia alguna ni norma, ni siquiera con la última ANC que se encargó de redactar la Constitución en 1999.
En la también inédita elección fijada para el domingo 30 de julio, en la cual los electores podrán votar en cualquier centro de su municipio y fuera de este, sin el uso de tinta indeleble y con un tarjetón electoral que muestra números y no personas, los 545 constituyentes que resulten elegidos tendrán sobre sus hombros la tarea de redactar el texto fundacional y principal marco normativo de los habitantes de la República y sus futuras generaciones.

El perfil de los refundadores
La lista de candidatos es larga y compleja, tanto como la elección que se plantea. Su referencia más cercana fue la elección de los 131 constituyentes de 1999, que tardó 7 meses en organizarse, más un mes completo para su instalación y 3 meses para redactar la carta magna vigente. Ese grupo contaba con personas provenientes de una variedad de sectores y representaciones de la vida gremial, social, política y partidista de la Venezuela que apenas iniciaba su período con Chávez al frente.
Sin embargo, en esta convocatoria se pretende elegir cuatro veces más candidatos en un proceso para un lapso menor de dos meses, sin cumplir con el requisito de origen establecido en la Constitución: la consulta refrendaria para saber si la población aprobaba el proceso y con apenas una promesa sin garantía de que el documento final sí irá a consulta a través de referéndum para su aprobación o rechazo.
Los perfiles de los candidatos muestran diversidad en cuanto a sus estilos de presentación, pero las propuestas y  el discurso están totalmente alineados a la posición progobierno. Al revisar las listas de postulados y cruzarlas con la data del PSUV se puede calcular un promedio de 500 candidatos militantes del partido de gobierno por cada estado.
Y el número aumenta al constatar los representantes que se postulan por la votación de sectores como el de comunas y consejos comunales, que se presentan como defensores de la revolución en sus perfiles públicos en redes sociales, los videos de campaña que están respaldados por espacios de 12 minutos en cadena nacional y los objetivos que defienden a pesar de que se presentan como inclusivos.
La mayoría de los admitidos son figuras que han ocupado cargos públicos en el gobierno o líderes identificados abiertamente con el chavismo o el madurismo. Por eso al frente de la campaña aparecen los rostros del clásico enroque de gobierno, figuras que han rotado por varios cargos durante estos 18 años: la primera dama, Cilia Flores; el hijo del presidente, Nicolás Maduro Guerra; la ex canciller Delcy Rodríguez; el hasta hace poco vicepresidente de la República Aristóbulo Istúriz; el ex constituyente y ex diputado Earle Herrera; el cantante y diputado suplente Roque Valero; el ex presidente de Venezolana de Televisión Luis José Marcano; el ex ministro de Educación Rodulfo Pérez; el ex gobernador Adán Chávez; el ex gobernador de Carabobo Francisco Ameliach, que renunció pocos días antes de esta postulación; la ex gobernadora Erika Farías; la ex ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela; el polémico presentador de La Hojilla, Mario Silva; el abogado constitucionalista recién afecto al oficialismo Herman Escarrá, y hasta el embajador de Venezuela en España y ex fiscal general de la República Isaías Rodríguez.  

Normas sobre la marcha
El CNE respondió en 14 días la solicitud presentada por Nicolás Maduro para revisar las bases comiciales del proceso constituyente y en 10 días pudo revisar 19.786 inscripciones para el sector territorial y 35.438 postulaciones para el sectorial, a pesar de que tardó un mes y cinco días para admitir la solicitud de revocatorio presentado en 2016 por la oposición y demoró cuatro meses para verificar 399.000 firmas.
Tres días después de que se realizó la consulta popular del 16 de julio convocada por la Asamblea Nacional y que no contó con la organización del ente electoral, la rectora principal del CNE Tibisay Lucena anunció nuevas medidas que se sumaron a las bases comiciales ya aprobadas y presentadas por el Ejecutivo. 
Lucena dijo que se tomarían “medidas inusuales porque estamos viviendo tiempos inusuales de violencia en el país”. Una es que los electores en zonas que Lucena calificó de “de riesgo” podrán votar en cualquier centro de votación de su mismo municipio, pero también el CNE creará un gran centro de contingencia en el área metropolitana de Caracas para garantizar que voten, aunque no especificó cuáles son las parroquias o municipios considerados zonas de riesgo.
La rectora solicitó también que el Consejo de Defensa de la Nación tomara medidas de seguridad adicionales para proteger la elección del 30 de julio, lo que se tradujo en la activación del Plan República una semana antes de los comicios.
A pesar de todas esas previsiones y normativas, en las listas presentadas por el Consejo Nacional Electoral se encuentran varios tipos de irregularidades y violaciones de la norma electoral que de entrada impedían la admisión de algunas postulaciones. Por ejemplo, candidatos con súbitos cambios de residencia, como el caso de la primera dama, Cilia Flores, que fue elegida diputada a la Asamblea Nacional por Cojedes, pero ahora se postula por el Distrito Capital; igual que Héctor Rodríguez, que era diputado por el estado Bolívar y ahora es candidato por el municipio Páez del estado Miranda; o la evidente postulación del embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, que recién llegó al país y se postuló como candidato por el municipio Plaza de Miranda, aunque las normas establecen que debe demostrar su residencia en el lugar por el cual se postula durante los últimos cinco años.   
Otra de las irregularidades que se observa en la revisión de las listas oficiales es el estatus contradictorio en la postulación de una misma persona. Nada más al revisar una muestra de la lista se puede verificar que hay personas que aparecen como rechazados y admitidos al mismo tiempo. Por ejemplo, en el estado Amazonas se encuentran los nombres de Antonio Rumbos, Josefina González, Jorge Estévez, Ezequiel Brito y Jaime García, que con sus respectivos números de cédula registran el doble estatus.
O casos particulares como el de Rigel Sergent y Tamayba Lara que presentaron su postulación por el municipio Libertador del Distrito Capital; ambas candidaturas aparecen señaladas con el estatus de “rechazadas”, pero en los perfiles de redes sociales se presentan como candidatos territoriales de Distrito Capital con el N° 13.

Quien no tuvo problemas en ser admitido por el CNE fue Valentín Santana, el candidato N° 2 por lista municipal para Distrito Capital. Su campaña incluye quema de banderas estadounidenses y mensajes para denunciar una conspiración en su contra. El líder del colectivo La Piedrita del 23 de Enero, de quien el mismísimo Hugo Chávez en 2009 se desmarcó, llamó “criminal” y solicitó a la fiscal general que lo detuvieran por los delitos que Santana se adjudicó públicamente, es uno de los admitidos por el CNE para postularse como constituyente.
A nueve días de la elección, Santana apareció en un video que tenía de fondo las estrofas de “patria querida” en la voz del fallecido presidente Hugo Chávez y en primer plano con tono amenazante acusaba al Cicpc de hostigamiento. Se dirigió al cuerpo policial directamente y les advirtió que si era asesinado, atacado o detenido, Caracas “se prenderá en candela”.
En un video de tres minutos grabado de noche en algún punto de la parroquia 23 de Enero, Santana se presenta como candidato, pero dice que en esta oportunidad no se va a referir a la constituyente: “Yo les advierto al Cicpc: ustedes osan tocar territorio La Piedrita, lo más seguro es que a mí me saquen muerto, pero yo no me les voy a arrodillar a ustedes”.
No es la primera vez en esta corta campaña que un candidato es asociado a las palabras “amenazas, armas y muerte”. El lunes 10 de julio en el sector 23 de Enero, pero en Maracay, estado Aragua, al candidato N° 35 sectorial, José Luis Rivas, lo asesinaron a tiros cuando era presentado en el acto de juramentación de candidatos que se realizaba en una cancha de la calle El Limón de esa ciudad. Rivas formaba parte del Frente Motorizado José Leonardo García, del municipio Girardot y era conocido como “Cara ‘e pizza”.
Y tampoco es el único caso en que uno de los admitidos por el CNE haya tenido algún conflicto con la ley. El candidato a la constituyente por el municipio Brión en Miranda, Eduin Sanabria, fue detenido en mayo de 2016 por estar relacionado con el robo de un vehículo. Sanabria no es nuevo en las contiendas electorales porque ya había sido candidato por el PSUV a la Asamblea Nacional por el circuito 5 de Miranda. El día que fue detenido iba con otro hombre llamado Francisco Arteaga y ambos cargaban armas de fuego y dinero en efectivo.
Otros candidatos han intentado destacar usando recursos que ponen en duda la seriedad del cargo al que aspiran. En apenas un minuto el candidato Antonio León cobró notoriedad porque se dio a conocer como “La máscara” y propuso entre cánticos y baile callejero en la plaza O’Leary, una especie de “fiado” con rango constitucional para dar las bolsas del Clap a quienes no contaran con el dinero en el momento de la entrega.
O la candidata que baila y canta con un motorizado, que conduce su moto y la estaciona sobre la acera del Paseo Los Próceres, para presentar una propuesta que se resume en “votar por la paz y la revolución”.
De los pocos candidatos que no están vinculados directamente con el PSUV destaca el retorno de María Bolívar, candidata presidencial en dos oportunidades, quien vuelve a las lides de campaña como representante para uno de los ocho sectores, el de banca y comercio. La célebre candidata de “la ayudaíta” logró recoger las firmas necesarias (3% del padrón electoral, aunque el CNE nunca informó la base de cálculo para la elección por sectores) para postularse, aunque aseguró que no fue una decisión personal sino de su Partido Democrático Unidos por la Paz y la Libertad (Pdupl) porque cree en el voto como mecanismo de cambio.
La consigna común de cada uno de los candidatos es que la constituyente es garantía de paz. Desde su principal postulante, el presidente Maduro –que a pesar de ser el proponente no asistió al simulacro del 16 de julio– hasta el más discreto de los candidatos redondean su discurso con esta consigna que se queda sin asideros concretos: lograr la paz. Y aunque en el discurso todos insisten en mantener la oferta de respetar el legado de Chávez, en la práctica también llevan una cuenta regresiva para liquidar la carta magna de 1999, que fue calificada por Chávez de “la mejor Constitución que se haya hecho para siempre en la historia venezolana, la mejor Constitución de nuestra historia, la mejor Constitución del continente americano y una de las mejores constituciones del mundo”.
La olla de presión internacional
La línea entre la soberanía y los efectos colaterales que resuenan en la comunidad internacional cada vez se hace más débil frente al escenario de que la constituyente se concrete. Presidentes y líderes mundiales, ex presidentes y organizaciones multilaterales insisten en hacer un llamado al gobierno venezolano  para que suspenda la convocatoria prevista para el próximo domingo.
Los dos hechos más recientes sobre el alerta que ha despertado esta posibilidad dentro de la comunidad internacional fueron, en primer lugar, la reacción del presidente de Colombia Juan Manuel Santos que se pronunció el lunes 10 de julio a través de su cuenta en Twitter: “Para que haya una solución negociada en Venezuela es necesario que Maduro desmonte la constituyente”, y una semana después lo reiteró luego de una reunión que sostuvo con el líder cubano Raúl Castro.
La otra reacción que resonó fuerte fue la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenazó con sanciones económicas fuertes y rápidas contra Venezuela si el gobierno mantiene la convocatoria: “Estados Unidos no se quedará quieto mientras Venezuela se desmorona. Si el régimen de Maduro impone su asamblea constituyente el 30 de julio, Estados Unidos tomará fuertes y prontas acciones económicas”, dijo Trump a través de un comunicado.
Este panorama lo analiza el abogado experto en derecho internacional y relaciones internacionales, Mariano de Alba, quien precisa que la semana que viene será crucial para la presión que pueda ejercer la comunidad internacional sobre la situación interna de Venezuela.
“La cancelación de la constituyente podría abrir la puerta a una negociación que evidentemente tendría que contar con participación internacional de mediadores o veedores que sean aceptados por ambas partes”, explica De Alba.
Pero el experto aclara que cualquier tipo de sanción genera una presión simbólica porque la comunidad internacional no tiene forma de imponer una solución en Venezuela. “La única solución es interna”.
La reacción de países vecinos responde a diversos factores pero hay uno en particular que activa las alarmas: una migración masiva para los países vecinos que responde a la inestabilidad interna venezolana. De Alba señala como ejemplo el caso de Colombia, que lleva más de un año preparándose con asesoría de países como Estados Unidos y Turquía para prevenir los efectos de una migración no controlada, escenario que también se plantea en Brasil y algunas islas del Caribe por la cercanía geográfica. El abogado no descarta que se tomen medidas directas como el cierre de fronteras o restricciones migratorias si la constituyente avanza y el clima conflictivo empeora.
El incierto Estado de Derecho
Las condiciones en las cuales se convocó este proceso constituyente no tienen marco referencial con el proceso anterior que permita proyectar un escenario posible desde el punto de vista estrictamente jurídico. De concretarse el proceso el país entraría en un limbo legal entre los poderes establecidos y los nuevos representantes constituyentes. 
La abogada Magaly Vásquez, especialista en derecho penal, explica que si el proceso se rigiera por la norma establecida, la Asamblea Nacional Constituyente tendría como único objetivo redactar una nueva Constitución por un tiempo definido pero respetando que mientras esta se redacta, la de 1999 sigue plenamente vigente.
“El problema es que esta constituyente no tiene una duración específica en el tiempo, asoma decisiones como cortar cabezas a ciertos funcionarios, constitucionalizar misiones y programas, podría tomar decisiones parlamentarias que reformarían el marco legal o generar nuevas leyes que tengan diferentes finalidades”, puntualiza la abogada.
Para Vásquez si existieran condiciones jurídicas para garantizar el Estado de Derecho, los actos de la ANC no deberían tener validez porque fue convocada sin legitimidad de origen ya que no se cumplió la norma constitucional que exige el referéndum para su aprobación o rechazo. “Pero tal y como se han venido desarrollando los acontecimientos, los candidatos no han ocultado sus intenciones de desmontar el actual marco jurídico y se establecería una duplicidad de actos porque pueden aprobar cosas aunque estén reñidas con la Constitución vigente invocado ese supuesto poder originario”.
Economía debilitada y discrecional
En un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello el jueves 13 de julio, cinco economistas analizaron las perspectivas que pueden enfrentar los venezolanos en medio de una de las más profundas crisis económicas del país si se concretan las propuestas que presentan algunos candidatos de la ANC.
El diputado José Guerra señaló el riesgo de entrar en un período de aún mayor inestabilidad: “Con esta Asamblea Nacional Constituyente el Gobierno quiere tener manos libres para gastar y endeudarse” e hizo referencia a la posibilidad de estatizar las empresas mixtas de petróleo lo que a su juicio generaría una crisis de producción porque “las empresas extranjeras son las que tienen la tecnología para extraer el petróleo pesado de la Faja. Además, el Gobierno se propone el absurdo más grande: controlar todos los precios, algo que se traduciría en una enorme escasez y, por último, estatizar los proyectos de gas en un país donde no hay bombonas de gas por la ineficiencia del Estado”.
La congelación de precios, que han reiterado como propuesta varios candidatos, es otro de los puntos de alerta que advierten los especialistas porque consideran que redoblar los controles ha sido un error demostrado dentro de la política económica y profundizará mucho más la escasez, el bachaqueo, las colas y la corrupción en las redes de distribución de alimentos.
Una visión única y excluyente
De concretarse la instalación de la ANC conformada en su mayoría por candidatos que se identifican con el partido de gobierno asumirían la redacción de una Constitución que solo contempla visiones de quienes son afines al oficialismo. Pero los números y el descontento popular indican que hay una mayoría de la población –reflejada en más de 7 millones de votos obtenidos en las elecciones parlamentarias y que fue ratificado con una cifra similar que reveló la consulta popular del 16 de julio en rechazo a la constituyente. Sin embargo este sector de la población quedaría sometido bajo un marco regulatorio excluyente de la disidencia y que pretende constitucionalizar medidas coyunturales como por ejemplo, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, en lugar de garantizar la capacidad de compra y la distribución de alimentos para todos los ciudadanos por igual sin afiliaciones partidistas.
El economista Ronald Balza, durante su participación en un foro organizado por la Ucab, destacó que la Constitución vigente ha sido violada de manera reiterada a pesar de que el voto popular se expresó en contra de la reforma que se propuso en 2007 en la cual se pretendía incluir el modelo socialista y las comunas como parte de los conceptos garantizados en la Carta Magna.
“Se rechazó la reforma constitucional en 2007 pero se aprobó el primer plan socialista. Ahora se busca introducir leyes que tienen diez años siendo inconstitucionales”, dijo Balza.

Su principal preocupación se centra en la pérdida de garantías y principios fundamentales que están contemplados en la actual carta magna: “Uno de ellos es el pluralismo, es una Constitución que nos da garantías. Después del cambio de Constitución viene la represión. La idea de tener el poder y negarle la existencia al otro es poder usar la fuerza contra el otro. Esa situación nos pone a todos en un peligro tremendo”, advirtió.

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