La directora ejecutiva del Instituto
Casla, abogada Tamara Sujú, presentó el viernes ante la Corte Penal
Internacional una lista de 57 altos cargos del gobierno de Nicolás
Maduro que son acusados de “torturas sistemáticas” en Venezuela. La
denuncia señala que estas prácticas violentas se han disparado desde el
inicio de las protestas el 1° de abril y hasta la fecha se registran
aproximadamente 300 casos.
Las torturas más habituales van desde
la intoxicación por el uso excesivo de bombas lacrimógenas hasta golpes
con objetos contundentes, violaciones o tratos crueles y humillantes,
como las denuncias presentadas por detenidos que aseguran que los
obligaron a comer excrementos y gusanos o a vestirse con ropa empapada
en heces.
Sujú, especialista en derechos humanos, dijo en una entrevista con el diario español ABC,
que esos hechos son “política de Estado”, con la cual el gobierno
busca “mantenerse en el poder, usando los organismos de seguridad, la
Fuerza Armada y el Tribunal Supremo, además de los voceros
internacionales que le hacen el coro para mentir sobre lo que pasa en
Venezuela”.
Prácticas sistemáticas.
Sujú, asilada en la República
Checa luego de abandonar Venezuela por persecución en 2014, señala que
la “sistematización” de las torturas se ha acentuado en los tres últimos
meses, y que en las denuncias se describe cómo los funcionarios que las
ejecutan buscan infligir “el mayor daño corporal y dejar secuelas”.
La abogada solicitó a la Corte
Penal Internacional que incorpore la nueva lista de responsables de
torturas a la denuncia que presentó hace un año. Se trata de la cadena
de mando de los funcionarios implicados en las torturas. El documento
precisa que los 57 integrantes de esta lista actualizada “han sido parte
de la represión de los últimos seis meses, cómplices directos por
acción u omisión de las torturas perpetradas por los funcionarios u
oficiales adscritos a sus dependencias, cómplices necesarios del régimen
para mantener su estructura represiva, bien sea jurídica y política,
cómplices necesarios del régimen para falsear o engañar a gobiernos
extranjeros y organismos internacionales”.
Maduro encabeza la denuncia inicial presentada ante la CPI en La Haya y le sigue el vicepresidente Tareck el Aissami.
La lista incluye al resto de miembros
del llamado Comando Antigolpe, que el jefe del Estado nombró en enero.
Allí figuran el ministro de la Defensa y comandante estratégico
operacional, general Vladimir Padrino López; el ministro de Interior,
Justicia y Paz, Néstor Reverol; la ex canciller Delcy Rodríguez; el ex
presidente dela Asamblea Diosdado Cabello; la almiranta Carmen Meléndez,
ex ministra de la Defensa y vicepresidente de Soberanía Política,
Seguridad y Paz; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (Sebin), general Gustavo González López, y el comandante
general de la Milicia Nacional, mayor general César Vega González.
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