Esta semana, al tiempo que Venezuela
conmemoraba el aniversario de su independencia, dos nuevos hitos
marcaron la grave crisis política, económica y social en la que el país
bolivariano se encuentra sumergido: el cobarde ataque de colectivos
chavistas –con palos y piedras en mano– a la Asamblea Nacional
Legislativa (ANL) y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
de cambiar el régimen carcelario del líder opositor Leopoldo López por
el de arresto domiciliario.
Sobre lo primero, según informó el
presidente de la ANL, Julio Borges, alrededor del mediodía del miércoles
una turba de manifestantes rodeó el Palacio Federal Legislativo y
mantuvo cautivas por más de siete horas a cerca de 350 personas (entre
diputados, periodistas y trabajadores públicos). Ello ocurrió mientras
se discutía la convocatoria –finalmente aprobada– de un plebiscito
nacional para refrendar o anular la Asamblea Constituyente que viene
impulsando el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro (medida esta última
que, además de ser inconstitucional, otorgaría carta libre al Ejecutivo
para que redacte una nueva Constitución a su antojo). Como resultado
del ataque, al menos cinco diputados y siete empleados fueron heridos.
Si bien la gravedad de lo ocurrido
esta vez escaló a niveles no antes vistos, no se trata de la primera vez
que el Congreso venezolano, de mayoría opositora desde el año pasado,
es asediado por colectivos chavistas. Tanto el 23 de octubre pasado como
el 28 de junio último, días antes del más reciente ataque, seguidores
del régimen emprendieron atropellos similares ante la mirada
condescendiente de los efectivos policiales.
A estas alturas, es evidente que el
continuo maltrato que viene sufriendo la ANL, al ser primero declarada
en “desacato” por el Ejecutivo y luego viendo reducidas sus competencias
por dos cuestionables sentencias luego revocadas del TSJ, no se agota
en las mañas legales. Los actos vandálicos de esta semana arrastran la
crisis en el país llanero a una delicada situación en la que se han
terminado de borrar no solo las fronteras que separan los poderes del
Estado, sino también las garantías más básicas de respeto y protección
para los ciudadanos que no se alineen con el régimen (no en vano Maduro
advirtió el pasado 27 de junio: “[Si] fuera destruida la revolución
bolivariana, nosotros iríamos al combate […] y lo que no se pudo con los
votos, lo haríamos con las armas. ¡Liberaríamos nuestra patria con las
armas!”).
En esta coyuntura, sin embargo,
ocurrió luego el segundo evento aludido al inicio, más bien positivo y
acaso fruto de la presión generada sobre el régimen como consecuencia
del ataque a la ANL. En efecto, la madrugada de ayer, y tras pasar más
de tres años recluido en una prisión militar, Leopoldo López fue por fin
trasladado a su casa en Caracas para que cumpla desde allí el resto de
su condena.
López, quien fue acusado sin
fundamento de varios delitos y condenado en el 2014 a casi 14 años de
prisión, se había convertido en uno de los símbolos más representativos
de la fuerza opositora a la dictadura. El cambio en su régimen
carcelario es una buena noticia, pero no borra la injusticia de la
condena en su contra ni la de todo el daño ya cometido contra él y su
familia. Y en ese sentido, es necesario todavía exigir su libertad
absoluta, así como la del resto de presos políticos que aún mantiene el
chavismo.
Mención aparte merece el inaceptable
nivel de violencia que desde hace meses envuelve a Venezuela y que se ha
acrecentado en las últimas semanas. Y es que la cruenta represión que
vienen ejerciendo los efectivos militares y comandos chavistas contra
las protestas ciudadanas ya ha dejado más de 90 muertos en poco más de
tres meses.
Así las cosas, ha hecho bien el
canciller Ricardo Luna en reafirmar que el Perú no enviará de regreso a
un embajador a Venezuela mientras esta situación se mantenga y resulta
injustificable que hasta ahora la OEA no haya alcanzado un consenso para
condenar las tropelías del chavismo debido a la vergonzosa complicidad
de algunos gobiernos. Hoy más que nunca resulta indispensable que se
dejen de lado las ideologías y que, de una vez por todas, la región se
muestre unida en contra de un régimen opresor y sanguinario que ha
llevado a su país a la debacle.
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