La oposición venezolana lanza este domingo su mayor desafío al
Gobierno del presidente Nicolás Maduro con la convocatoria de una
consulta calificada de ilegal desde el oficialismo en la que espera que
el pueblo se pronuncie masivamente contra el proceso constituyente
impulsado por el chavismo, reseña Efe.
Convocada por la oposición con el aval del Parlamento, que ha
invocado el derecho constitucional a la desobediencia cuando el Gobierno
atropella la democracia, el plebiscito tiene el respaldo de importantes
actores del tejido económico, cultural y civil del país.
Las reacciones que ha suscitado muestran con claridad la ruptura
completa entre los poderes públicos, y de algunos de estos con buena
parte de la sociedad en Venezuela.
El referendo -que pregunta también a los venezolanos si quieren la
convocatoria de elecciones y piden a los militares que defiendan la
Constitución vigente- ha sido denunciado ante el Tribunal Supremo por el
diputado oficialista Pedro Carreño, que pide que sea declarado nulo y
lo tacha de “plan golpista”.
Pero poco importa a quienes apoyan la consulta lo que diga el
Supremo, un tribunal acusado de servir al Gobierno de Maduro cuya
legitimidad no reconocen ni el Parlamento ni la fiscal general, Luisa
Ortega, que también se ha rebelado contra un Gobierno al que recrimina
convertir al país en un “estado policial” y practicar “terrorismo de
Estado”.
Pese a que ha dejado clara la magnitud de la afrenta al Estado y a la
Revolución bolivariana que el referendo supone, Maduro no ha adelantado
hasta ahora represalias para quienes vayan este domingo a las urnas,
como sí prometió actuar contra los que boicoteen el 30 de julio la
elección de la Asamblea Nacional Constituyente que ha puesto en marcha.
Sin embargo, y para tranquilizar a quienes temen posibles castigos -a
través del sistema de distribución estatal de alimentos o a los
empleados en empresas públicas-, los impulsores del plebiscito se han
comprometido a quemar las papeletas y las listas de participación para
que no lleguen a manos del Gobierno.
En estas circunstancias, la mayor inquietud apuntada por opositores y
críticos de Maduro viene de los llamados “colectivos”, grupos civiles
de chavistas armados que algunos consideran “paramilitares” del Gobierno
y han asaltado el Parlamento e intimidado a manifestantes antichavistas
en los últimos meses.
Su posible presencia en las calles preocupa sobre todo en las zonas
tradicionalmente chavistas, en las que el oficialismo niega el menor
malestar con el Gobierno y donde la oposición tiene su principal reto
cerca de dos años después de la mayoría absoluta las legislativas de
diciembre de 2015, las últimas celebradas en la nación caribeña.
Al llamamiento opositor a acudir a las urnas y votar ‘sí’ a las tres
preguntas se han sumado importantes sectores de la sociedad civil como
la influyente Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras),
sindicatos no oficialistas, organizaciones estudiantiles y algunas de
las universidades más prestigiosas del país.
Uno de los más sólidos apoyos viene de la Iglesia venezolana, que ha
cedido sus instalaciones para la votación y ha reconocido la legitimidad
de este referendo contra una Constituyente cuya apuesta por el “Estado
comunal” es vista por los obispos como una vía a la
“constitucionalización de una dictadura comunista” en Venezuela.
La consulta cuenta con el dinamismo que le dan los miles de
ciudadanos volcados en las labores organización como voluntarios,
quienes han puesto a disposición del referendo mesas, sillas, comercios y
automóviles para desplazar votantes.
Pero debido al corto tiempo en que se convocó, y al no estar
auspiciada por el Poder Electoral, carece de algunos mecanismos de
control y no puede asegurar que los ciudadanos no voten más de una vez
por persona en todos los centros del país o del extranjero, donde tienen
permitido expresarse sin importar dónde están inscritos como votantes.
Los líderes de la coalición opositora han apelado a la conciencia de
los venezolanos que vayan a pronunciarse para que no depositen más de
una papeleta.
Para contrarrestar estas informalidades propias de la naturaleza
misma de una consulta organizada contra el Poder Electoral y el
Gobierno, los convocantes han encargado a cinco rectores universitarios
del país que actúen como garantes, y miles de voluntarios harán de
interventores siguiendo el proceso en las mesas.
A este mayor rigor pretende contribuir también la presencia como
observadores, a invitación cursada por el Parlamento, de diputados y
expresidentes de otros países, como el mexicano Vicente Fox y el
colombiano Andrés Pastrana.
Consiga la oposición o no movilizar a una parte importante de los
venezolanos contra la consulta, la mayor cuestión vendrá el lunes: cómo
hacer valer unos votos que no están reconocidos por los poderes llamados
a hacerlos efectivos.
Marcel Gascón Barberá/EFE
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