El reciente asalto militar al Fuerte
Paramacay, en la 41 Brigada Blindada del Ejército, engrosó la lista de
oficiales activos y retirados objeto de investigaciones. Las acusaciones
sobre golpes de Estado contra el presidente Nicolás Maduro han
arreciado desde 2015 cuando se develaron la Operación Jericó y el Golpe
Azul. Por estos casos, considerados como parte de un mismo plan, han
sido condenados 14 militares.
La defensa de los acusados ha
denunciado la realización de procesos penales amañados con pruebas
fabricadas como signos de retaliación. “En la Operación Jericó y en el
Golpe Azul los procesos fueron llevados por un Consejo de Guerra
Accidental que solo es para juicios en tiempos de conflicto. Esto fue
señalado ante la Corte Marcial que ignoró los argumentos”, dijo Alonso
Medina Roa, defensor del capitán retirado Juan Carlos Nieto Quintero,
uno de 9 oficiales que fue condenado en el caso Jericó por instigación a
la rebelión y delitos contra el decoro militar.
“No se presentaron pruebas que
demostraran los hechos y ninguno de los testigos admitió haber recibido
órdenes precisas para rebelarse. Al capitán Nieto Quintero lo acusaron
por haberse comunicado con su hermano, un capitán retirado, con fines
conspirativos y lo condenaron por una supuesta llamada al capitán Juan
Caguaripano Scott que jamás se demostró”, expresó Medina Roa.
Caguaripano, identificado como líder
del asalto de armas en Paramacay (Operación David) fue detenido el 11 de
agosto junto con el primer teniente Yefferson García Dos Ramos, quien
formaba parte de la custodia de la unidad militar. Por este caso hay 18
detenidos entre civiles y militares.
“El general Raúl Isaías Baduel es la
barajita repetida desde Chávez hasta Maduro. Nunca han dejado de
inculparlo por las conspiraciones. En enero de este año lo involucraron
con acusaciones de traición a la patria e instigación a la rebelión.
Pero en un allanamiento a su casa para ubicar armas de guerra, solo se
llevaron la laptop donde los niños hacen las tareas, un CPU dañado y un
cargador con 27 proyectiles, lo que es normal tratándose de un ex
ministro de la Defensa. No hubo pruebas de reuniones conspirativas,
menos cuando en marzo cumpliría su condena de 7 años y 11 meses”, dijo
el abogado Omar Mora.
Añadió que con Baduel se ha seguido
el patrón de la desaparición forzada: en enero durante 20 días no se
supo de él y desde el 8 de agosto se desconoce su paradero: “Antes lo
incomunicaban en Ramo Verde y ahora su destino es desconocido. Por
algunas informaciones se presume que está en la Dirección General de
Contrainteligencia Militar, pero exigimos una fe de vida”.
La investigación contra Baduel fue la primera misión del Comando Antigolpe creado a principios de 2017: en la investigación del Tribunal Militar Primero de Control de Caracas hay 9 militares detenidos y uno es juzgado en libertad: 2 generales, 1 teniente coronel y 7 sargentos. En el grupo figura el general retirado Ramón Lozada Saavedra, ex director de personal de la FANB.
Su abogada, Yasnaia Villalobos, expresó: “La forma como se ha conducido el proceso es el derecho penal del enemigo. Se utiliza la estructura del Estado para perseguir de manera insoslayable a las personas que resultan incómodas”.
La investigación contra Baduel fue la primera misión del Comando Antigolpe creado a principios de 2017: en la investigación del Tribunal Militar Primero de Control de Caracas hay 9 militares detenidos y uno es juzgado en libertad: 2 generales, 1 teniente coronel y 7 sargentos. En el grupo figura el general retirado Ramón Lozada Saavedra, ex director de personal de la FANB.
Su abogada, Yasnaia Villalobos, expresó: “La forma como se ha conducido el proceso es el derecho penal del enemigo. Se utiliza la estructura del Estado para perseguir de manera insoslayable a las personas que resultan incómodas”.
Ninguno de los militares ha sido
imputado y la audiencia preliminar lleva 5 diferimientos. Villalobos
sostuvo que se ha declarado la reserva del expediente en varias
ocasiones, lo que traba el acceso a las actas, y están prohibidas las
reuniones, en privado, de la defensa con el general Lozada Saavedra en
la Dgcim: “Las pruebas han sido absolutamente frágiles e inconsistentes
desde el punto de vista técnico y fueron obtenidas ilícitamente. Esto
puede considerarse ilegítimo y con visos de nulidad absoluta. No se
pueden dar detalles por la reserva del caso, pero el general Lozada solo
fue implicado por su amistad con Baduel”.
Incriminar a la disidencia. El
diputado Teodoro Campos, miembro de la Comisión de Política Interior del
Parlamento y militar retirado, indicó que han recibido denuncias de
familiares de militares investigados por presuntas conspiraciones.
“Argumentan que las pruebas no tienen ningún asidero; hay fallas
técnicas en los procesos, no se ha aportado la información fehaciente de
los testigos y los procedimientos han sido amañados. Estas denuncias
las llevamos ante la Fiscalía Militar cuando la fiscal general era la
capitana Sira Venero”, indicó.
El presidente de la Comisión de
Defensa de la AN, diputado Edgar Zambrano, dijo que han recibido
denuncias de militares perseguidos por disentir: “Primero Chávez y ahora
Maduro dieron el plácet a los militares para que se expresaran, como lo
hace el Alto Mando, pero se pretende incriminar a los que disienten.
Esta es la manera que usa el gobierno para desincorporarlos de los
cuarteles”, dijo.
EL DATO
Los primeros tenientes Ricardo José Antich, Luis Lugo, Peter Alexander Moreno, Carlos Esqueda y Henry Salazar fueron condenados por los delitos de rebelión y contra el decoro militar, en enero pasado, y señalados como integrantes del Golpe Azul. La causa la llevó el Tribunal Militar Segundo Accidental de Maracay. Los militares detenidos por conspirar están recluidos en varios sitios: Ramo Verde, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Fuerte Tiuna, la cárcel de Santa Ana (Táchira), el anexo 26 de Julio de la PGV (Guárico) y el retén de La Pica en Monagas.
Operación Jericó
Los primeros tenientes Ricardo José Antich, Luis Lugo, Peter Alexander Moreno, Carlos Esqueda y Henry Salazar fueron condenados por los delitos de rebelión y contra el decoro militar, en enero pasado, y señalados como integrantes del Golpe Azul. La causa la llevó el Tribunal Militar Segundo Accidental de Maracay. Los militares detenidos por conspirar están recluidos en varios sitios: Ramo Verde, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Fuerte Tiuna, la cárcel de Santa Ana (Táchira), el anexo 26 de Julio de la PGV (Guárico) y el retén de La Pica en Monagas.
Operación Jericó
En febrero de 2015 el capitán de
corbeta José Moreno Mora recibió una pena de 3 años por admitir haber
participado en una conspiración dentro de la Operación Jericó que fue
denunciada ese mismo mes por Maduro. En mayo de ese año fueron
condenados 8 militares más por instigación a la rebelión y contra el
decoro militar: el general Oswaldo Hernández Sánchez, el coronel (r)
José Delgado, el teniente coronel (r) Ruperto Chiquinquirá Sánchez, los
mayores Víctor Ascanio y César Orta Santamaría y los capitanes Andrés
Thomson, Nery Córdoba, Juan Carlos Nieto Quintero y Laided Salazar. La
mayoría de estos oficiales enfrentan una pena de 8 años.
En la denuncia de esta presunta
conspiración el gobierno presentó mapas con edificios marcados como
posibles objetivos tácticos, entre ellos, el Palacio de Miraflores, el
Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y la
DGIM. Estas edificaciones, según la denuncia, serían atacadas con un
avión Tucano. En VTV se informó sobre la incautación de armamento de
alto calibre.
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