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sábado, 16 de septiembre de 2017

Gobierno usó Plan Zamora y el carnet de la patria para sumisión ciudadana


El Plan Zamora transformó en enemigo del Estado a los opositores al gobierno, a los disidentes políticos, a los desleales a los intereses del régimen, todos eran señalados como amenaza interna, aseveró el mayor general, Herbert García Plaza, viceministro de alimentación y encargado de los puertos del país durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.


García Plaza declaró durante el segundo día de audiencias públicas en la OEA, en la que asistieron miembros retirados del Ejército venezolano como el teniente coronel José Arocha, torturado en el Sebin, y el capitán Igor Nieto, quien señaló que el presidente Nicolás Maduro decidió someter a civiles a la persecución sistemática de la justicia militar que el gobierno ya había usado contra oficiales activos y retirados.
Los militares fueron interpelados por Luis Moreno Ocampo, asesor especial designado por el secretario Luis Almagro para crímenes de lesa humanidad de la OEA.
En su declaración, García Plaza manifestó que al activarse el Plan Zamora se convirtió a Venezuela en un teatro de operaciones que permitió el uso de la fuerza que terminó con el manejo de munición letal.
“En mi opinión, en Venezuela, los hechos que ocurrieron entre abril y julio se produjo una operación militar de imposición de la paz para a la vez instalar la asamblea nacional constituyente”, dijo.
“Todos los poderes electos deben ir a la asamblea constituyente y subordinarse a ella, quien no lo haga irá a un proceso jurídico por desacato. Hoy tenemos más de una decena de alcaldes pero es probable que haya pronto gobernadores e incluso el presidente preso o en el exilio”, afirmó.
El militar expresó temor ante la posibilidad de que el PSUV se convierta en una fuerza armada paralela. Con un video mostró su advertencia. En la grabación está el diputado Pedro Carreño en el canal del Estado y este anuncia la incorporación a entrenamientos militares de las Unidades de Batalla Hugo Chávez.
“Más de 200.000 personas en armas, sin la preparación del Ejército y que eventualmente podría sustituirlo, es el PSUV en uniforme”, dijo.
García Plaza se refirió también al control y limitación de los derechos con objetivos políticos, bien sea alimentación o medicinas y con coerción a la ciudadanía.
“El carnet de la patria es un instrumento creado en 2017 para supervisar el acceso a derechos humanos y constitucionales por la afiliación política, en este caso para que su hijo pueda ser vacunado o acceder a los alimentos”, indicó.
Expresó que el uso de sistemas como Mercal, Pdval son medios para recompensar a parroquias políticamente priorizadas –poblaciones electorales importantes y con alto grado de adhesión al gobierno. “En donde no hubiese aceptación de las ideas del Ejecutivo los inventarios estaban mermados”.
Afirmó que estas medidas las hizo bajo la instrucción directa de Maduro.
“El carnet de la patria ha sido manipulado, si lo saco significa que estoy de acuerdo con sus políticas, es un perverso instrumento de manipulación. Quien no tiene el carnet de la patria es enemigo”, dijo.
Se refirió además al control del Poder Judicial. “Para nadie es un secreto que la justicia en Venezuela obedece a la estructura de gobierno. Es el Ejecutivo el que ordena abrir y cerrar juicios”.
“Es imposible que salga una sentencia sin que sea revisada por Elvis Amoroso y Cilia Flores. Ella tiene contacto con el presidente del Tribunal, Maikel Moreno, que es su amigo personal”, agregó que la primera dama es asesora de Maduro en los aspectos políticos y jurídicos del país.
Consultado por Moreno Ocampo si presenció instrucciones del Ejecutivo en lo judicial, García Plaza expresó: “No tengo información de instrucciones, pero sí tengo una experiencia personal: En 2013, en el despacho presidencial, Maduro y Flores discutían si dar una medida cautelar para el comisario Iván Simonovis. Finalmente no se dio”.
Evaluadores. Almagro, nombró al argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al costarricense, Manuel Ventura, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al canadiense Irwin Cotler, ex ministro de Justicia como el panel de expertos independiente que evaluará si Venezuela debe ser llevada ante la CPI.
El dato
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, afirmó que la OEA es un escenario fallido para quienes quieren atacar al país. “Da vergüenza lo que está ocurriendo en la OEA. Ya la OEA fue un escenario fallido para quienes quisieron agredir al país, afortunadamente los amigos de Venezuela y de la verdad repelieron en conjunto, coordinadamente, el ataque diplomático dentro de la OEA”.
“Entra un muerto
en La Tumba”
Detenido el 2 de mayo de 2014, por un supuesto plan de golpe de Estado, el teniente coronel retirado José Gustavo Arocha fue torturado en el Sebin durante seis meses.
“Fui esposado y tratado como un criminal”, dijo.
Arocha estuvo en “La Tumba,” en Plaza Venezuela, una celda a 5 pisos bajo tierra con frío extremo, de 3x4 con baño que nunca era limpiado y de la que no podía salir a caminar, no sabía si era de día o noche y fue amenazado con el maltrato de su hija.
A su llegada a la prisión los funcionarios gritaron: “Aquí entra un muerto a la tumba”.
Afirmó que en su carrera fue víctima de persecuciones por motivos políticos y en 2009 solicitó su baja del Ejército.
“Fui objeto de acusaciones desde 2002. Primero fue por supuesta insubordinación, la suspensión de un cargo administrativo y por presuntamente realizar unos pagos de los que yo no tenía conocimiento. El objetivo de esas investigaciones no era esclarecer cosas, sino mantenerme vigilado y meterme preso”, explicó.
Afirmó que sus acusadores estaban obsesionados con Antonio Ledezma, Pedro Mario Burelli y María Corina Machado y buscaron siempre que los incriminara en un golpe de Estado o magnicidio.
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El proceso en su contra fue irregular. “No me permitieron sino un abogado que trabajaba para el Sebin. La jueza me decía que esperaba el informe del Sebin para ver qué hacer conmigo. El fiscal afirmó que solo seguía instrucciones de Luisa Ortega Díaz”.
Dijo que su abogado defensor y el fiscal representaban el rol de policía bueno y policía malo solo para implicar a opositores en ataques contra el gobierno. Arocha denunció a Gustavo González López, general encargado del Sebin y al gobernante Nicolás Maduro, de quien dijo que conocía su caso.

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