El Consejo de Derechos Humanos de la ONU
se mostró hoy dividido entre aquellos países que denunciaron las graves
violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela y los que
criticaron la supuesta injerencia de este órgano en los asuntos internos
venezolanos.
El comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, presentó el lunes en
la apertura de la trigésimo sexta sesión ordinaria del Consejo su
informe general sobre la situación de las libertades fundamentales en el
mundo, en el que hubo un énfasis especial en la crisis venezolana.
Zeid afirmó que la represión de las
recientes protestas antigubernamentales podría constituir crímenes
contra la humanidad, y pidió una investigación internacional
independiente para dilucidar lo que ocurrió.
Ambos comentarios fueron
vehementemente rechazados por el canciller venezolano, Jorge Arreaza,
quien también se dirigió el lunes al pleno del Consejo y acusó a Zeid de
"mentir".
Este martes era el turno de los
países de responder al discurso de Zeid y la sala se dividió entre los
que defendieron al jordano, su oficina y los resultados de la pesquisa
sobre la situación en Venezuela y aquellos que acusaron al comisionado
de injerencia en los asuntos internos del país suramericano.
El más virulento fue el embajador
venezolano, Jorge Valero, quien censuró "el comportamiento selectivo,
parcializado y politizado del alto comisionado en contra de Venezuela" y
lo acusó de actuar "al servicio" de Estados Unidos.
Le apoyaron explícitamente Cuba,
Ecuador y Egipto, así como el Grupo de Países de Similares Opiniones y
el grupo de las Naciones No Alineadas.
Todos rechazaron la injerencia de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) en los
asuntos internos de Venezuela y la supuesta parcialidad del organismo.
"Llamamos al cese de toda intervención en los asuntos internos y al fin del doble rasero", demandó Cuba.
"La crisis debe ser resuelta sin
interferencias externas", aseveró Ecuador, que a su vez rechazó las
sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela.
En su turno de intervención, EE UU se limitó a denunciar "la escalada de las violaciones de los derechos humanos".
"Hacemos un llamamiento al gobierno
de Nicolás Maduro para que restablezca la democracia y libere
inmediatamente y sin condiciones a todos los presos políticos", dijo el
delegado estadounidense, una solicitud que también hicieron todos
aquellos que interpelaron a Caracas.
EE UU apoyó la declaración del Grupo
de Lima, que reúne a 12 países que el pasado agosto definieron como una
"dictadura" al gobierno de Nicolás Maduro.
El grupo volvió a tomar la palabra
hoy, y denunció que la situación en Venezuela se ha agravado en las
últimas semanas "con la decisión de perseguir a los opositores que han
compartido sus quejas con la comunidad internacional".
"El Estado venezolano transgrede las
normas constitucionales, la voluntad del pueblo y los valores
interamericanos, reprime el disenso político y atemoriza a la
población", dijo el representante paraguayo, que habló en nombre del
grupo.
La Unión Europea, liderada por
Estonia, consideró que "la crisis multidimensional" en Venezuela se está
profundizando y exigió la liberación de los presos políticos, algo que
apoyó también específicamente España.
El embajador español, Cristóbal
González-Aller, añadió que cualquier solución a la crisis debe ser
"pacífica, democrática y negociada, y debe incluir el fin de la
violencia y el respeto a la manifestación pacífica".
Los países críticos con el
comportamiento del gobierno venezolano pueden intentar reunir durante
los próximos días los apoyos necesarios para aprobar una resolución en
la que mostrar su preocupación y, tal vez, su condena a la situación en
la nación.
Por otra parte, la Comisión
Internacional de Juristas denunció hoy que el Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela es "un brazo" del gobierno de Maduro que ha dejado
de actuar como un ente independiente de defensa de la ley para
complacer los deseos del Ejecutivo.
"La Corte Suprema de Justicia
de Venezuela ha dejado de actuar como una corte independiente que aplica
la ley y el orden y se ha convertido en un brazo de un Ejecutivo
autoritario", afirmó la comisión en un informe.
Añadió que el tribunal "ha decidido
en función de consideraciones políticas e ideológicas y lealtades
partidarias hacia el poder Ejecutivo".
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