“La ‘conquista de espacios' legitima el secuestro del país e instituciones”

 Para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder, quienes pretendan hacerle oposición deben partir del principio de que combaten contra una dictadura militar integrada por narcotraficantes y criminales, sugirió Diego Arria, ex presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Pablo Escobar, capo del Cartel de Medellín, nunca fue presidente de Colombia, ni de la Corte Suprema de Justicia, ni ministro de la Defensa, pero Maduro y otros funcionarios como Diosdado Cabello o Maikel Moreno sí ocupan esas posiciones”, dijo Arria en declaraciones para El Nacional Web. 

 

ONU, OEA y CPI podrían unirse por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Recalcó la importancia de dejar clara la naturaleza perversa de quienes ostentan el poder pues, a su juicio, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no solo ha actuado a favor del oficialismo sino en detrimento de quienes protestaron entre abril y julio, y de las denuncias que han presentado dirigentes y entidades ante la comunidad internacional.

“No hay oposición sino una serie de posiciones que en su suma no generan un verdadero resultado que beneficie al interés nacional”, agregó. De acuerdo con su criterio, cada partido tiene su propia agenda particular en lugar de volcarse por conseguir un cambio de gobierno.

Primarias en perjuicio de presión internacional

A pesar de que gobiernos, Parlamentos e incluso instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA), Mercosur y Unión Europea (UE) desconocen a la asamblea nacional constituyente (ANC), la MUD no estaría sacando provecho a estas acciones.

“Ninguna dictadura permite que haya primarias. Con eso, de manera irresponsable, legitimaron al régimen de Maduro, al Consejo Nacional Electoral y a la propia ANC”, fustigó Arria.

Apenas horas después de que la militancia de la MUD escogiera a sus candidatos para los comicios regionales, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, afirmó que pueden haberse cometido “crímenes contra la humanidad” en Venezuela como parte de las protestas antigubernamentales. Además urgió al Consejo de Derechos Humanos a abrir una investigación internacional.

Por ello, la OEA y la ONU, en una acción sin precedentes, podrían unirse —utilizando también documentos del Ministerio Público— para castigar a quienes hallasen culpables por tales hechos.

Previamente, Estados Unidos decidió sancionar a más de 30 funcionarios venezolanos, incluyendo al propio Maduro, que de esa manera se convirtió en uno de los cuatro mandatarios en todo el mundo castigado por el Departamento del Tesoro.  

“A veces los venezolanos se preguntan cuándo los van a ayudar, pero en el exterior existe el enigma de cuándo se van a dejar ayudar, porque entonces si uno se mete, lo critican”, analizó, haciendo referencia el repudio de miembros de la MUD a las sanciones estadounidenses.

Además restó importancia al hecho de que la oposición gane gobernaciones, debido a que considera que no tendrán algún peso en el futuro para presionar al Ejecutivo, que les quitó competencias como el manejo de hospitales, carreteras o policías.

“Con la ‘conquista de espacios’ están legitimando el secuestro del país y sus instituciones. Terminan siendo representaciones sin ninguna capacidad para solucionar los problemas de la gente”, remató.

Deuda con los caídos y presos políticos

Más allá de considerar que la MUD no posee una estrategia que sobrepase de lo electoral para combatir a bandas criminales que ostentan el poder, Arria objetó las acciones emprendidas por la oposición desde 2016, cuando asumió las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (AN).

“El Parlamento fue la conquista más grande del pueblo venezolano pero su único legado fue sacar los cuadros de Hugo Chávez, que al final regresaron con la ANC”, consideró.

Remarcó que no removieron a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ni cambiaron a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para luego defender el referéndum revocatorio, que finalmente nunca se materializó.

Asimismo tampoco sancionaron a los ministros (con la excepción de Néstor Reverol, contra quien ejercieron moción de censura).

“El propósito del pueblo era desmontar y desalojar al régimen”.

A esas acciones sumó el resultado de las protestas que ocurrieron en Venezuela entre abril y julio, que dejaron un saldo de más de 120 muertos, 5.000 detenidos y casi 2.000 heridos, según cifras de la ONG Foro Penal Venezolano.

Aseguró que se desperdició el esfuerzo de quienes manifestaron y participaron en la consulta popular, que según cifras de organizadores, rosó los ocho millones de votantes.

“No cumplieron el mandato. Tenían que convocar una sesión de la AN con el cuerpo diplomático y nombrar a un gobierno de unidad nacional con ministros, rectores del CNE, magistrados del TSJ y embajadores”, sostuvo.

Dudó que Maduro se hubiera atrevido a apresarlos a todos, ya que se hubiera enviado un mensaje al mundo sobre lo que hubiera significado un gobierno legítimo ante otro de corte dictatorial.

En su lugar, solo se designaron 33 magistrados que acabaron perseguidos, refugiados y presos a merced de su propia suerte.

Y es que finalmente se instaló la ANC, destituyó a Ortega Díaz, allanó la inmunidad de su esposo, Germán Ferrer, el TSJ destituyó y apresó a alcaldes y se abandonaron las calles.

“A los fallecidos, detenidos y torturados se les tiene la deuda pendiente de rescatar al país”.

Sin rencores con Ortega Díaz

En noviembre de 2014, con Luisa Ortega Díaz como fiscal general, el Ministerio Público dictó orden de captura contra Arria y otros cinco dirigentes opositores por presuntos planes de magnicidio contra Maduro.

Desde entonces el ex embajador no pudo regresar a su país, pues sería inmediatamente encarcelado.

“Estoy exiliado por orden del MP y soy una de sus víctimas, pero lo mío es algo menor ante la posibilidad de tener a una fiscal que dio declaraciones más contundentes que la oposición en 18 años y que goza del reconocimiento internacional”, consideró.

Por ello recomendó aprovechar los documentos y pruebas de corrupción y crímenes del chavismo para que se puedan abrir las investigaciones que sean necesarias.