jueves, 14 de septiembre de 2017

Panamá aprueba petición de asilo político a otro magistrado venezolano

Lawmakers attend a session of Venezuela's opposition-controlled National Assembly to appoint alternative judges to the Supreme Court in Caracas, Venezuela, July 21, 2017. REUTERS/Ueslei Marcelino
Los magistrados juramentados por la Asamblea Nacional el 21 de julio de 2017. REUTERS/Ueslei Marcelino

El Gobierno de Panamá aprobó hoy la petición formal de asilo político al magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Milton Ladera, debido al grave peligro que corre en el país suramericano.


La solicitud de Ladera, designado y juramentado por la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) como magistrado suplente, era para obtener la condición de asilado, a fin de garantizar su libertad y garantías personales por la crisis a la que está expuesto en su país, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Ladera, que aún está en Venezuela, se una a la condición de asilado en Panamá que ya tienen un diplomático y otros 3 magistrados nombrados por el Parlamento, de mayoría opositora, y quienes el pasado 4 de agosto acudieron a la embajada panameña en Caracas para pedir protección porque el Gobierno de Nicolás Maduro no les reconoce.
La Cancillería panameña indicó que “insiste en la necesidad de negociar una salida política en el marco de la Constitución vigente en Venezuela, y hace un llamado al más estricto respeto de los Derechos Humanos, y las libertades para el bienestar de su población”.
El 21 de julio pasado, la oposición venezolana aprobó las designaciones de nuevos magistrados semanas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, impugnara sin éxito los nombramientos de 33 jueces que ahora ocupan los sillones del Supremo, por presuntas irregularidades en su proceso de elección.
Estos jueces en ejercicio fueron designados por el Parlamento, cuando este era de mayoría chavista, en un proceso relámpago completado en unos días, justo después de la victoria opositora en las elecciones legislativas de 2015.
Tras la elección de los nuevos 33 jueces, el Supremo advirtió a los recién nombrados que estaban incurriendo en “delitos de traición a la patria” contemplados por la justicia militar y pidió asimismo “medidas de coerción” contra todos los que participaron en los supuestos delitos. EFE

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