martes, 26 de septiembre de 2017

Trump ha sancionado a 29 funcionarios en 8 meses


Las restricciones migratorias impuestas el domingo por Estados Unidos a funcionarios venezolanos son medidas que se insertan en la política desarrollada por el presidente Donald Trump desde su llegada al poder en enero de este año. El mandatario ha firmado órdenes ejecutivas en varias oportunidades mediante las cuales han sido sancionados 22 civiles y 7 militares.

El grupo de sancionados lo encabeza el presidente Nicolás Maduro, quien fuera señalado el 31 de julio tras celebrarse la elección de la ANC. “Las elecciones ilegítimas confirman que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano. Al sancionar a Maduro, Estados Unidos pone de manifiesto nuestra oposición a las políticas de su régimen y nuestro apoyo al pueblo de Venezuela que busca devolver a su país a una democracia plena y próspera”, señaló el Departamento del Tesoro.
Las medidas que acarrean la congelación de bienes y la imposibilidad de hacer transacciones en Estados Unidos han recaído en funcionarios presuntamente relacionados con el narcotráfico, violación de derechos humanos, por atentar contra el Estado de Derecho, violencia contra opositores, deterioro de la democracia, interferencia con la autoridad del Poder Legislativo, entre otros argumentos.
El mes pasado, Estados Unidos sancionó a 6 constituyentes: Adán Chávez, Francisco Ameliach, Hermann Escarrá, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas; a la rectora del CNE, Tania D’ Amelio; y al coronel Bladimir Lugo (GNB), jefe de seguridad del Palacio Federal Legislativo. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que los funcionarios fueron señalados “por organizar y ayudar a crear el proceso para la asamblea nacional constituyente y por tomar parte en acciones antidemocráticas”.
El 26 de julio, en medio del paro cívico al que convocó la oposición, el gobierno de Trump dictó medidas administrativas contra 13 venezolanos. En este caso, el argumento fue el de acciones asociadas al quebramiento democrático, “así como la violencia generalizada contra manifestantes de la oposición y corrupción". Figuraron, entre otros, la presidente  del CNE, Tibisay Lucena; el entonces defensor del pueblo, Tarek William Saab; el ministro de Interior y Justicia, mayor general (r) Néstor Reverol Torres; los comandantes del Ejército y la GNB, mayores generales Jesús Suárez Chourio y Sergio Rivero Marcano, respectivamente; el comandante de la PNB, general Carlos Alfredo Pérez; el mayor general Franklyn García Duque; los ex ministros Elías Jaua e Iris Varela y funcionarios del área comercial y petrolera.
En mayo, Estados Unidos aplicó medidas administrativas sobre el presidente del Poder Judicial, Maikel Moreno, y los 7 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ: “El pueblo venezolano está sufriendo por el colapso económico provocado por la mala gestión y la corrupción de su gobierno. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia han exacerbado la situación al interferir con la autoridad del Legislativo”, aseguró el Departamento del Tesoro.
En febrero, el vicepresidente ejecutivo de la república, Tareck el Aissami, fue sancionado por presuntos vínculos con el narcotráfico. El gobierno del presidente Barack Obama sancionó a cerca de 15 funcionarios venezolanos. En 2014 fueron 7 los señalados por violación de los derechos humanos durante las protestas;  en 2011 figuraron en la Lista Clinton un militar y tres civiles; y en 2008, 3 militares por presuntas actividades ligadas al narcotráfico y nexos con las FARC.
El internacionalista Carlos Romero lamentó las nuevas medidas estadounidense y el hecho de que Venezuela apareciese reflejada en la lista de restricciones migratorias junto a países que tienen un Estado fallido. “Estados Unidos profundiza con las sanciones la presión para que en Venezuela haya una salida política pacífica y democrática. Podrían esperarse sanciones más fuertes y en el plano económico y petrolero”, dijo.
Añadió que la política de Canadá hacia Venezuela es novedosa y radical, especialmente porque el país siempre ha mantenido una posición neutral sobre Latinoamérica.
Las sanciones aplicadas por Canadá, el viernes, contra 40 funcionarios también  implican la congelación de activos y la prohibición de mantener relaciones económicas con el país o algunos de sus ciudadanos. En esta lista hay 26 funcionarios que también han sido señalados por Estados Unidos, comenzando por Maduro. En el grupo de reincidentes figuran, entre otros, Lucena, El Aissami; Reverol, Escarrá, D’Amelio, Meléndez y los magistrados de la Sala Constitucional. Diosdado  Cabello, Pedro Carreño, Aristóbulo Istúriz; los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y Susana Barreiro, forman parte de quienes debutan como afectados por este tipo de medidas ejecutivas.

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