Las restricciones migratorias impuestas
el domingo por Estados Unidos a funcionarios venezolanos son medidas que
se insertan en la política desarrollada por el presidente Donald Trump
desde su llegada al poder en enero de este año. El mandatario ha firmado
órdenes ejecutivas en varias oportunidades mediante las cuales han sido
sancionados 22 civiles y 7 militares.
El grupo de sancionados lo encabeza
el presidente Nicolás Maduro, quien fuera señalado el 31 de julio tras
celebrarse la elección de la ANC. “Las elecciones ilegítimas confirman
que Maduro es un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano.
Al sancionar a Maduro, Estados Unidos pone de manifiesto nuestra
oposición a las políticas de su régimen y nuestro apoyo al pueblo de
Venezuela que busca devolver a su país a una democracia plena y
próspera”, señaló el Departamento del Tesoro.
Las medidas que acarrean la
congelación de bienes y la imposibilidad de hacer transacciones en
Estados Unidos han recaído en funcionarios presuntamente relacionados
con el narcotráfico, violación de derechos humanos, por atentar contra
el Estado de Derecho, violencia contra opositores, deterioro de la
democracia, interferencia con la autoridad del Poder Legislativo, entre
otros argumentos.
El mes pasado, Estados Unidos
sancionó a 6 constituyentes: Adán Chávez, Francisco Ameliach, Hermann
Escarrá, Erika Farías, Carmen Meléndez y Darío Vivas; a la rectora del
CNE, Tania D’ Amelio; y al coronel Bladimir Lugo (GNB), jefe de
seguridad del Palacio Federal Legislativo. El secretario del Tesoro de
Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que los funcionarios fueron
señalados “por organizar y ayudar a crear el proceso para la asamblea
nacional constituyente y por tomar parte en acciones antidemocráticas”.
El 26 de julio, en medio del paro
cívico al que convocó la oposición, el gobierno de Trump dictó medidas
administrativas contra 13 venezolanos. En este caso, el argumento fue el
de acciones asociadas al quebramiento democrático, “así como la
violencia generalizada contra manifestantes de la oposición y
corrupción". Figuraron, entre otros, la presidente del CNE, Tibisay
Lucena; el entonces defensor del pueblo, Tarek William Saab; el ministro
de Interior y Justicia, mayor general (r) Néstor Reverol Torres; los
comandantes del Ejército y la GNB, mayores generales Jesús Suárez
Chourio y Sergio Rivero Marcano, respectivamente; el comandante de la
PNB, general Carlos Alfredo Pérez; el mayor general Franklyn García
Duque; los ex ministros Elías Jaua e Iris Varela y funcionarios del área
comercial y petrolera.
En mayo, Estados Unidos aplicó
medidas administrativas sobre el presidente del Poder Judicial, Maikel
Moreno, y los 7 magistrados de la Sala Constitucional del TSJ: “El
pueblo venezolano está sufriendo por el colapso económico provocado por
la mala gestión y la corrupción de su gobierno. Los miembros del
Tribunal Supremo de Justicia han exacerbado la situación al interferir
con la autoridad del Legislativo”, aseguró el Departamento del Tesoro.
En febrero, el vicepresidente
ejecutivo de la república, Tareck el Aissami, fue sancionado por
presuntos vínculos con el narcotráfico. El gobierno del presidente
Barack Obama sancionó a cerca de 15 funcionarios venezolanos. En 2014
fueron 7 los señalados por violación de los derechos humanos durante las
protestas; en 2011 figuraron en la Lista Clinton un militar y tres
civiles; y en 2008, 3 militares por presuntas actividades ligadas al
narcotráfico y nexos con las FARC.
El internacionalista Carlos Romero
lamentó las nuevas medidas estadounidense y el hecho de que Venezuela
apareciese reflejada en la lista de restricciones migratorias junto a
países que tienen un Estado fallido. “Estados Unidos profundiza con las
sanciones la presión para que en Venezuela haya una salida política
pacífica y democrática. Podrían esperarse sanciones más fuertes y en el
plano económico y petrolero”, dijo.
Añadió que la política de Canadá
hacia Venezuela es novedosa y radical, especialmente porque el país
siempre ha mantenido una posición neutral sobre Latinoamérica.
Las sanciones aplicadas por Canadá,
el viernes, contra 40 funcionarios también implican la congelación de
activos y la prohibición de mantener relaciones económicas con el país o
algunos de sus ciudadanos. En esta lista hay 26 funcionarios que
también han sido señalados por Estados Unidos, comenzando por Maduro. En
el grupo de reincidentes figuran, entre otros, Lucena, El Aissami;
Reverol, Escarrá, D’Amelio, Meléndez y los magistrados de la Sala
Constitucional. Diosdado Cabello, Pedro Carreño, Aristóbulo Istúriz;
los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez y Susana Barreiro, forman parte de
quienes debutan como afectados por este tipo de medidas ejecutivas.
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