Víctor Clark no solo se metió en el
chorro de agua cuando se lo ordenó Nicolás Maduro el 8 de septiembre al
inaugurar una planta desalinadora en Paraguaná, Falcón, sino que anunció
los recursos que recibe la gobernación de ese estado, asignado por
Miraflores, mientras la titular Stella de Montilla aparece en segundo
plano.
Clark fue designado el 28 de
septiembre como autoridad encargada de la Zona Económica Especial de la
península por el vicepresidente Tareck el Aissami en la sesión del
Consejo Nacional de Economía Productiva en Falcón.
Su caso pudiera ser una anécdota de
la campaña regionales, pero la situación se repite en otros 7 estados.
El 25 de septiembre, en Mérida, Yehyson Guzmán, aspirante a sustituir al
mandatario Alexis Ramírez, dijo desde el comando que administrarían 98
millardos de bolívares para terminar algunas obras. Participó en la
“Operación Cocuyo”, creada por Corpoelec, para alumbrar las calles; y el
28 de septiembre, entregó 40.000 ayudas a igual números de familias.
Guzmán lo llama “campaña y gestión de
gobierno”, pero para Transparencia Venezuela es un delito, pues los
recursos del Estado son usados para favorecer a determinadas tendencias a
pesar de estar prohibido por la Constitución y de constituir un
ventajismo electoral.
El candidato del Partido Progresistas
Merideños, Daniel García, denunció la supuesta desaparición de activos
de la gobernación ante la eventual derrota del chavismo, y que
aumentaron la partida de propaganda para promover a Guzmán: “5 millardos
de bolívares mientras la gente no tiene con qué comer. Un pendón vale
50.000 bolívares y una valla entre 1 y 2 millones, y el PSUV llenó el
estado”.
En Lara, Carmen Meléndez recibe ayuda
de Miraflores al igual que Rafael Lacava que reparte bolsas CLAP, casas
y coordina reuniones con los cuerpos de seguridad en Carabobo. Héctor
Rodríguez da órdenes al Ministerio de Educación para que envíe
Canaimitas y al Ministerio de Alimentación para usar galpones regionales
para empaquetar los CLAP. Además, cuenta con el respaldo de
CorpoMiranda. Marco Torres hace proselitismo en Aragua con carros de la
Fuerza Armada, recursos de la gobernación, como lo muestran fotos de las
dependencias regionales.
La relación gobierno y candidatos del
PSUV quedó evidenciada cuando el 25 de septiembre, dos días después de
arrancar la campaña electoral, Maduro convocó a 9 de los aspirantes al
Palacio de Gobierno y anunció que aprobó cerca de 1 millardo de
bolívares, concretamente 944. 444.000 Bs. Los recursos irán a
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Nueva Esparta,
Sucre y Yaracuy.
Campaña desigual. La activación de
los programas Somos Venezuela y Chamba Juvenil son percibidos como
“armas electorales” para captar jóvenes en edad de votar y obligarlos a
acudir el 15 de octubre, afirmaron dirigentes del PSUV. Cuentan cómo
censan a los beneficiados, colocan sus datos en una cuenta adscrita a la
Oficina Presidencial de Proyectos Especiales, y allí deciden a quiénes
se les asigna los recursos y entran en una base del PSUV.
“En la oposición estamos conscientes
que la campaña es desigual: es el Estado al servicio de un partido
político, de un proyecto. El gobierno mantiene un control férreo de los
medios públicos y privados que, por temor a sanciones, se pliegan y no
dan espacios. La política es inculcar miedo a todo nivel. Es lo que los
sociólogos llamamos ‘manipulación de masas’. Sin embargo, la Unidad
Democrática no puede callar, ni dejar de participar; al contrario, debe
develar todos esos delitos y pedirle al CNE, a la Contraloría y la
Fiscalía que actúen”, afirmó el concejal de Primero Justicia, Máximo
Sánchez.
Por ley, los partidos y los
candidatos deben presentar ante la Oficina de Control de Financiamiento
de Campaña del CNE un libro contable, en el cual asentarán los gastos y
los aportes. Al finalizar la campaña, tienen que llevar un balance y
justificar el destino de los recursos.
EL DATO
El artículo 67 de la Constitución
establece que no se permitirá el financiamiento de las asociaciones
políticas con fondos del Estado. La ley regulará el financiamiento y a
las contribuciones privadas a partidos, y los mecanismos de control. El
financiamiento de la propaganda y de las campañas será regulado por la
ley. Las direcciones de partidos no podrán contratar con el sector
público.
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