El Tribunal Constitucional español
suspendió este jueves cautelarmente el pleno del Parlamento regional
catalán previsto para el próximo lunes con el argumento de que si
declarase la independencia se produciría un quebrantamiento de la
Constitución y una “aniquilación” de los derechos de los diputados,
reseña EFE.
Esta suspensión se produce después de
que este alto tribunal haya admitido el recurso presentado este mismo
jueves por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) ante la convocatoria
de dicho pleno.
El presidente del Gobierno regional de
Cataluña, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de comparecer el
próximo día 9 ante el pleno del Parlamento regional para valorar los
resultados y los efectos del ilegal referéndum independentista del 1 de
octubre, con la declaración de independencia de Cataluña sobre la mesa.
Aunque en el único punto del día de la
sesión no se menciona específicamente una declaración de independencia,
la CUP, grupo independentista radical que apoya a la coalición de
gobierno de centroderecha y republicanos de izquierda Junts pel Sí
(JxSí), aseguró que en el pleno se proclamaría la república catalana.
Los socialistas catalanes (PSC)
presentaron hoy el recurso, en el que se advierte de que convocar el
pleno supone “ignorar a sabiendas la suspensión acordada por el Tribunal
Constitucional” sobre la Ley del Referéndum.
Dicha ley, aprobada el pasado 6 de
septiembre y suspendida por el Constitucional, dice que en caso de
victoria del sí en el referéndum independentista “dentro de los dos días
siguientes a la proclamación de los resultados por parte de la
Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria (la Cámara) para
efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña”.
En esa consulta, declarada ilegal y
suspendida por el Constitucional español, participaron 2,2 millones de
personas, sobre un censo de 5,3 millones (42 %), y el 90 % de los votos
fue a favor de la independencia, según señaló el Gobierno regional de
Cataluña respecto a una consulta que estuvo plagada de irregularidades.
Entre esas anomalías hubo votaciones en
la calle, la implantación de un censo universal poco antes de que se
abrieran los centros electorales o la posibilidad de votar aunque fuera
sin sobre, con papeletas impresas en casa, urnas que cambiaban de
colegios y sin aclarar el proceso de recuento, incumpliendo así su
propia Ley del Referéndum, suspendida por el TC.
El PSC afirma en su recurso que
“pretender que la citada ley surta efecto supondría un quebrantamiento
radical del ordenamiento constitucional”.
Del mismo modo, en el supuesto de una
declaración formal de independencia, los socialistas catalanes
consideran que se daría una “total y completa aniquilación” de los
derechos de los diputados, “por la demolición ilegítima del bloque de
constitucionalidad en Cataluña”.
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