jueves, 5 de octubre de 2017

La máscara del "terror oficial" en Venezuela




Foto: Archivo
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Redacción 2001|r2001@bloquedearmas.com
Poco se conoce en el plano internacional de la violenta política adelantada en Venezuela con el argumento de recuperar la tranquilidad ciudadana ante los altos índices de criminalidad.
Bajo esta premisa el portal RunRun.es, en alianza con la plataforma de Periodismo Latinoamericano CONNECTAS, realizó una exhaustiva investigación sobre las víctimas, victimarios, patrones de ejecución y violaciones de derechos humanos cometidas durante la ejecución de este plan de seguridad.
El gobierno de Maduro ha impulsado operativos conjuntos de las múltiples fuerzas armadas y de inteligencia a su cargo para acorralar la delincuencia, los cuales bautizó como Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).


Un documento "reservado" del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz expresa que la OLP fue diseñada: "…Para combatir la delincuencia y, especialmente, el paramilitarismo, una práctica colombiana que ha sido importada para vulnerar la tranquilidad en Venezuela y con ello, dar al traste con la Revolución Bolivariana y los logros sociales".
Sin embargo, evaluaciones de expertos, datos y testimonios reflejan que el plan de seguridad ha estado fuera de control desde que se activó en julio de 2015. En una de sus primeras acciones en la Cota 905, al suroeste de Caracas, se reportó la masacre de 15 personas.
También se denunció el uso excesivo de la fuerza, pues miembros de los cuerpos de seguridad destruyeron la propiedad y robaron bienes en las viviendas visitadas sin orden judicial. A juicio de Keymer Ávila, investigador y profesor de la Universidad Central de Venezuela, estos maltratos y la violación sistemática de los derechos humanos se convirtieron en el sello de la política que implica una “masacre por goteo”.
Por aire y tierra. Los testimonios de víctimas y victimarios, así como el riguroso seguimiento a archivos oficiales y cobertura de medios realizada para esta investigación documentan cómo bajo la OLP se han cometido 560 asesinatos con intervención de funcionarios públicos en al menos 44 masacres.
Las operaciones estaban caracterizadas por una espectacularidad casi cinematográfica que incluyó el uso de vehículos blindados, helicópteros, armas de guerra, dispositivos electrónicos y drones para la identificación de las víctimas.
Es así como la política de pacificación se ha traducido en una fórmula de terror y zozobra, que ha incluido hasta el uso de atemorizantes máscaras en los operativos, para mantener bajo control a la población, principalmente en las zonas menos privilegiadas donde se han dado estos operativos.
La investigación además evidencia que detrás de algunos de estos procedimientos en realidad lo que había eran venganzas personales, el cambio de manos de territorios de un grupo criminal a otro, o la protección a los intereses de militares y personajes del alto gobierno.
Peor el remedio... Tras la OLP la violencia no se ha reducido. Al contrario: el año pasado, los crímenes -según cifras oficiales- aumentaron 12 por ciento (21.752) con relación al año anterior. Tampoco está claro el argumento de ser una política contra una supuesta fuerza extranjera que busca desestabilizar, pues menos de 1% de las víctimas, entre asesinatos y detenidos sin orden judicial, son extranjeros.
Dentro de ellos está el caso del religioso estadounidense Joshua Anthony Holt y su esposa Thamara Caleño Candelo, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos hace más de un año sin ninguna fórmula de juicio luego de que en uno de los allanamientos masivos de una OLP, supuestamente encontraron en su residencia un fusil AK-47, una granada MK2 y municiones.
Se ha demostrado que en varios casos las OLP han sido operaciones selectivas. Estaban dirigidas a personas previamente escogidas. Los funcionarios de la fuerza pública llevaban teléfonos móviles y tabletas con fotos o nombres de los presuntos delincuentes a los que buscaban como resultado de labores de inteligencia en los que han echado mano desde dispositivos electrónicos de monitoreo, de prostitutas que pasan información de sus clientes, hasta información obtenida a través de la denominada "inteligencia social", un mecanismo de información mediante el cual las comunidades, vecinos y representantes de las estructuras políticas del Gobierno suministran detalles de identidad y ubicación de los presuntos “paramilitares”.
Así lo llamó públicamente la entonces viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal del Ministerio de Relaciones Interiores, Katherine Harrington. Luego se supo que varios de los informantes que estaban dentro de las propias comu- nidades y algunos de estos “delatores” fueron asesinados por las bandas delictivas que se quedaron tras la OLP.
El equipo de investigación de RunRun.es visitó los cinco estados que han registrado más víctimas debido a los procedimientos de la OLP: Distrito Capital, Carabobo, Aragua, Miranda y Bolívar.
Los familiares de las víctimas coinciden en asegurar que sus parientes fueron ejecutados por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y en que ninguno ha tenido acceso a las autopsias, pese a haber casos desde 2015.
La mayoría solo disponían de un acta de muerte expedida en la morgue de su localidad. Este documento no describía con detalles las causas de la muerte, solo especificaba que el cuerpo presentaba herida de arma de fuego y en dos líneas una descripción de su efecto: “Hemorragia interna. Herida por arma de fuego toraco-abdominal o shock hipovolémico”, era la explicación que más se repetía.
“Lo que buscan es que no se haga justicia. Las víctimas se cansan. Viven un duelo y luego caen en un sistema que las vuelve a revictimizar”, asegura Ronnie Boquier, abogado de la organización no gubernamental Cofavic, la cual se ha especializado en atender casos de ejecuciones sumarias. Más de 95 por ciento de las denuncias que ha recibido Cofavic están en etapa de investigación y muchas tienen entre dos y cuatro años en ese estado.
Eso es cuando las familias se deciden a denunciar, porque en la mayoría de casos, los deudos reciben amenazas y prefieren guardar silencio. La impunidad es el denominador común.
En la región, aún no se supera la conmoción por el centenar de muertos que hubo entre abril y julio de 2017 en Venezuela en medio de las protestas contra "la ruptura del hilo constitucional" denunciada por la Asamblea Nacional tras la "usurpación de funciones" por parte del Tribunal Supremo de Justicia, además de la convocatoria y elección de una Asamblea Nacional Constituyente sin la consulta previa establecida en la Constitución vigente, esto último ampliamente señalado por dirigentes de la oposición y expertos abogados constitucionalistas.
La implementación de las llamadas OLP multiplica por cinco ese saldo trágico. Una política de seguridad que ha terminado convirtiendo a los ciudadanos no en los beneficiarios sino en el objetivo, todo en aras de una supuesta pacificación que no llega, y que lo único que ha traído es más angustia y dolor.

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