Los venezolanos nacen endeudados. Los
expertos ubican el monto actual de la deuda externa en 150 millardos de
dólares, lo que implica que cada ciudadano debe 4.720 dólares por ese
compromiso que adquirieron el gobierno y Petróleos de Venezuela. El
cálculo de la cuota per cápita de la deuda se basa en una población de
31,7 millones de individuos en 2017, según las proyecciones.
El pago actual de la deuda externa
por persona creció 64,1% con respecto a 1998, pues en ese año el monto
individual era de 1.693,29 dólares. La deuda entonces era de 39,1
millardos de dólares, según cifras del Banco Central de Venezuela.
En la calle algunos ciudadanos están
preocupados por el efecto que tendrá en su calidad de vida el
refinanciamiento o reestructuración de la deuda, anunciado por el
presidente Nicolás Maduro el 2 de noviembre. “No entiendo, Chávez dijo
una vez que se estaba superando lo de la deuda externa. ¿Ahora Maduro
viene a decir que la va a renegociar o reestructurar?”, señaló Juana
Rodríguez.
También sienten aprehensión sobre los
resultados de la reunión que para hoy convocó el gobierno con los
tenedores de los bonos. “En las colas, transporte público o caminando
por la calle, la gente mostraba esta semana su disgusto por la medida.
Esa negociación la terminará pagando el pueblo”, expresó José Pérez,
pensionado de 70 años de edad.
Una empleada pública, que prefirió no
dar su nombre, recordó: “Hace 20 años decían que la deuda la pagarían
hasta nuestros nietos, ¿y ahora qué?”. Su acompañante dijo: “No sé mucho
de economía, pero la cantidad de plata que se debe pagar ahora es mucho
mayor. Eso indigna”.
El director de Ecoanalítica,
Alejandro Grisanti, destacó que los venezolanos seguirán padeciendo el
desabastecimiento y la inflación independientemente de si la deuda sea
renegociada o reestructurada. Aclaró que renegociar y reestructurar la
deuda soberana y de Pdvsa no es lo mismo, pues en el primer caso se
trata de una decisión, un acto voluntario, de canje de la deuda por
otra. En el segundo, la acción no es voluntaria y se presenta cuando un
país no tiene con qué pagar e intenta obligar a los tenedores a aceptar
un bono en peores condiciones.
Grisanti considera que la
renegociación podría significar un respiro para la población de 6 o 9
meses, si el gobierno destina el dinero de liberación de los pagos de la
deuda a las importaciones de bienes esenciales, lo cual decantaría en
una menor presión inflacionaria. Pero con la
reestructuración, explicó, se profundizarán el desabastecimiento y la
escasez porque habrá una oferta menor de bienes, dado que no se podrán
importar por la falta de divisas.
Advirtió que la negociación de la
deuda no será rápida ni fácil ante las sanciones económicas de Estados
Unidos contra funcionarios y un gobierno que irrespeta los derechos
humanos. Además, está la exigencia internacional de que un acuerdo de
esta naturaleza cuente con la aprobación de la Asamblea Nacional. En
este contexto,aseguró, la asistencia de los tenedores de bonos no
será hoy masiva porque la mayoría de ellos están obligados a cumplir la
legislación estadounidense.
El economista Luis Oliveros indicó
que 70% de los bonos de la deuda está principalmente en manos de
inversionistas independientes, la mayoría de Estados Unidos. El
resto de los tenedores son venezolanos, pero un gran porcentaje está en
Norteamérica, lo que significa que “preferirán no tratar directamente
con el gobierno sino a través de sus abogados”.
Sin capacidad. Entre
el 7 de noviembre y el 29 de diciembre se ubican las fechas de
vencimiento de los pagos por 1,79 millardos de dólares de la República y
Pdvsa en lo que queda de 2017. En los bonos están Elecar (Electricidad
de Caracas) 2018 y Pdvsa 2017, 2026, 2024, 2021y 2035. Los títulos de
Venezuela son 2019, 2024, 2025, 2026, 2013, 2028 y 2018.
Durante un foro sobre la materia
celebrado el viernes en la Universidad Católica Andrés Bello, el
presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José
Guerra, afirmó que actualmente el gobierno no está en capacidad de
hacer frente a los compromisos con sus acreedores, pues ha perdido la
credibilidad para ofrecerles nuevas condiciones de pago.
“La reestructuración anunciada por
Maduro no es posible porque no hay un programa económico serio. Ningún
fondo de inversión que tenga deuda venezolana que se vence
ahorita aceptará canjearla por otra que venza en 2030 si no le prometen
un plan distinto que haga viable la economía venezolana”, dijo.
Asdrúbal Oliveros, director de
Ecoanalítica, recalcó que se agotó el modelo del gobierno para cancelar
la deuda. “Hasta ahora lo había logrado a través de la reducción de
importaciones con un costo social profundo por los alimentos y las
medicinas que han dejado de entrar al país”. Piensa que Venezuela puede
entrar en un proceso de default o impago debido a la caída de
la economía (36%) en los últimos 4 años y de la producción petrolera
(600.000 barriles diarios) en 2 años.
Listos para firmar. Rusia
y Venezuela firmarán un acuerdo de reestructuración de deuda el 15 de
noviembre por un plazo cercano a 10 años y con pagos que aumentarán
gradualmente, dijo una fuente familiarizada con las negociaciones.
El gobierno de Maduro le tendrá que
devolver a Moscú un monto significativo de dinero antes de finales de
2017 para que el acuerdo sea efectivo, agregó.
Los negociadores de Maduro
El equipo designado por el presidente
Nicolás Maduro para negociar la deuda externa lo integran el
vicepresidente Tareck el Aissami; Simón Zerpa, jefe de Finanzas de Pdvsa
y ministro de Finanzas; Wilmar Castro Soteldo, vicepresidente de
Economía; Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación; Eulogio del
Pino, ministro de Petróleo; el procurador general, Reinaldo Muñoz, y
el presidente de Pdvsa, Nelson Martínez. Hoy está prevista una reunión
con los acreedores. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos advirtió a los tenedores de bonos que tratar con El Aissami y
Zerpa, que figuran en listas negras de Washington, podría acarrearles
fuertes penas. El gobierno venezolano prometió a inversionistas que
funcionarios sancionados no participarán en el primer encuentro.
Tareck El Aissami. El
vicepresidente de la República preside la comisión. Es abogado y
criminólogo y no tiene experiencia en el mundo financiero. Fue
sancionado por Estados Unidos.
Wilmar Castro Soteldo. El también ministro
de Producción Agrícola y Tierras es el único militar del grupo. Ha
estado al frente de los despachos de Producción y Comercio y Turismo.
Simón Zerpa. No es
economista, sino internacionalista y ha sido presidente del Fonden y
presidente del Bandes. Fue sancionado este año por Estados Unidos y
Canadá.
Ricardo Menéndez. Es geógrafo y con un doctorado en urbanismo. Forma parte de la Comisión Mixta de Alto Nivel que mantienen Venezuela y China.
Eulogio Del Pino. Es
un ingeniero geofísico con amplia trayectoria en Pdvsa. Su presencia en
la comisión obedece a sus contactos con tenedores de bonos. Fue
sancionado por Canadá.
Reinaldo Muñoz. Es
abogado y ha desempeñado varios cargos dentro de la administración
pública. Ha representado al gobierno en las distintas demandas que
enfrenta ante el Ciadi.
Nelson Martínez. Es químico. Fue
presidente de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos. No tiene
formación financiera, pero tiene muchos contactos con los tenedores de
bonos y acreedores.
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