El gobierno de Nicolás Maduro desde el
año pasado ha intentado, a toda costa, consolidar y estabilizar un
sistema de gobierno dictatorial a través de mecanismos de chantaje y
control hacia los ciudadanos y adversarios políticos, denunciaron
defensores de los derechos humanos.
Los activistas de Provea –Programa
Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos–, Centro de Paz y
Justicia, y el Foro Penal coincidieron en que los venezolanos padecen
una crítica situación de institucionalidad democrática y de violación de
sus derechos fundamentales que ha causado la alarma ante instancias
internacionales.
También advirtieron que existe el
riesgo de que se agudice la violación sistemática de las libertades de
los ciudadanos, a través de mayores controles y arbitrariedades por
parte del Estado, a fin de instaurar el modelo político.
“Vivimos una situación de derechos
humanos de extrema gravedad, debido a la ausencia de democracia y a la
inexistencia de instituciones que puedan dar respuesta a la violación de
esos derechos”, manifestó Rafael Uzcátegui, coordinador General de
Provea.
El activista por los derechos humanos
indicó que esta situación tuvo notoriedad desde 2013 con las primeras
evidencias de pobreza en el país; las cuales denunciaron ese mismo año
mediante el informe anual de la organización. Pero tres años más tarde,
con la fractura de la institucionalidad democrática, se produjo una
crisis humanitaria y social que ha hecho que los ciudadanos dependan de
las políticas públicas existenciales.
“El gobierno está estatizando la vida
cotidiana de los venezolanos, afinando mecanismos de control y de
asistencia que hacen al ciudadano dependiente del Estado. Es un contexto
que se presta para la manipulación y el chantaje. Hay un intento de
profundizar y estabilizar la dictadura, y con esto se profundiza la
discriminación política”, expresó.
Uzcátegui afirmó que el gobierno está
consciente de que es minoría, por lo cual establece mecanismos
irregulares, como la asamblea nacional constituyente, para seguir
teniendo el control del país, pese a que la mayoría de los ciudadanos no
están de acuerdo con sus políticas.
Lejos de la democracia. Beatriz
Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, indicó que desde el año
2016 con la suspensión del referendo revocatorio le dieron una estocada
final a la democracia y se instauró una dictadura, la cual “se
constitucionalizó” con la imposición de la asamblea nacional
constituyente, como mecanismo para “controlar y perseguir”.
En el informe llamado “La estocada
final” que presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
denunciaron que el fracaso progresivo del modelo económico, la
corrupción, la persecución sistemática a la disidencia política, los
mecanismos inconstitucionales para permanecer en el poder, la falta de
independencia de los poderes, las desigualdades e injusticias, la
exclusión y la ausencia de garantías para el ejercicio de la
participación política y ciudadana, son los hitos antidemocráticos que
demuestran que en Venezuela existe una dictadura.
“En Venezuela no hay democracia, nos
encontramos en una dictadura. Las elecciones se hicieron con base en una
dictadura. Existieron hitos antidemocráticos que dieron muerte a la
democracia en Venezuela”, manifestó.
Alonso Medina Roa, abogado del Foro
Penal indicó que el deterioro de los derechos humanos está en peligro
mientras que no haya institucionalidad en el país. Dijo que la situación
de Venezuela ha encendido las alarmas internacionales, que “no es
atacar a un gobierno”, sino que es un espacio de solidaridad hacia los
venezolanos que permite solventar la crisis.
Exhortó a los venezolanos a
empoderarse en la defensa de sus derechos como ciudadanos. Consideró que
estos deben dejar de ser un campo de la política y de abogados, y
convertirse en un tema de cultura de ejercicio de la población.
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