La Asamblea Nacional declaró nula la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia,
promulgada por la asamblea nacional constituyente la semana pasada. El
proyecto de acuerdo aprobado por el Parlamento “en rechazo al
instrumento generador de odio e intolerancia promovido por Nicolás
Maduro y la fraudulenta constituyente”, establece que el mecanismo legal
viola los artículos 202, 49, 51, 57, 58, 62 y 68 de la Constitución;
los artículos 6, 11, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.
“La pretendida y espuria ley usurpa
las funciones legítimas de la Asamblea Nacional. Es inconstitucional,
ilegítima e ilegal desde su origen, pasando por la técnica como se
aprobó y además por su forma y fondo”, expuso el diputado Biagio
Pilieri, quien abrió el debate y presentó el proyecto.
El texto, aprobado por la unanimidad
de la bancada opositora, señala que además de estar viciada de
incompetencia, su aplicación viola las garantías fundamentales del
Estado de Derecho, y “pretende aniquilar de una vez por todas los
valores democráticos”.
Indica también que con esa normativa
se pretende penalizar la disidencia política al tipificarla como delito,
imponiendo sanciones penales, administrativas y tributarias “en
flagrante violación del derecho al debido proceso y a la presunción de
inocencia”.
Sin piedad. En el
artículo 20 de la ley se establece una pena de 10 a 20 años de cárcel a
“quien públicamente (...) fomente, promueva o incite al odio, la
discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de
personas”. Es decir, con esto se abre la posibilidad de que sean
evaluados por los parámetros de esta ley la opinión expresada “mediante
cualquier medio apto para su difusión pública” y formas de expresión
como los comentarios en las redes sociales, que podrían convertirse en
delitos.
“De esa manera intentan legitimar el
abuso de poder y coartar la protesta ciudadana en contra de la crisis,
penalizándola de la misma forma que un asesinato”, manifestó Pilieri,
durante el debate, en el cual participaron los diputados Franklyn
Duarte, Arnoldo Benítez, César Alonso y Ángel Medina.
Los parlamentarios denunciaron que la
constituyente pretende tipificar una serie de delitos sin tener la
competencia en materia legislativa.
“18 años para enterarse de que todo
lo que ellos hacen (el gobierno) son actos de odio contra el pueblo”,
manifestó el diputado Benítez. Criticó que la ley impulsada por la
ANC no deja claro elementos fundamentales como, por ejemplo, el concepto
de odio y amor. “Lo que están tratando de buscar con esta ley es que
los quieran ahora. Hablan del reconocimiento, ¿será que van a ser ahora
ellos los analfabetas funcionales que reconozcan que destruyeron el
país? ¿Será que van a censurar todos los programas del canal 8?”,
expresó.
Alonso aseguró que el odio que “el
régimen” no quiere afrontar es el de las familias que no pueden mantener
a sus hijos y el del pueblo diezmado por la inseguridad y las
enfermedades. “No aceptar y perseguir con cólera asesina al que piensa
distinto es la realidad que presenta esta ley”, manifestó el
parlamentario.
La Asamblea Nacional también
considera que la ley establece restricciones a la libertad personal,
promueve la autocensura y la censura por parte de los órganos del
Estado. “suprimiendo los pocos espacios con que cuenta el ciudadano para
debatir los asuntos de interés colectivo e inhibiendo la posibilidad de
formular denuncias de cualquier naturaleza”.
Convocaron a reuniones con sectores
El presidente de la Asamblea
Nacional, Julio Borges, informó sobre la creación de un proyecto de
acuerdo –que se aprobará la próxima semana– para la promoción de una
negociación política internacional.
Luego de que el diputado Luis Florido
propusiera el proyecto, Borges dio a conocer la creación de una
comisión de trabajo, encabezada por el diputado Stalin González, e
integrada por los jefes de fracciones y de un grupo de trabajo de los
legisladores en conjunto con la sociedad civil para establecer la
posible agenda de negociación.
Indicó que en los próximos días se
desarrollará una reunión entre el Parlamento y sectores de la sociedad
civil (estudiantes, trabajadores, sectores productivos, organizaciones
de derechos humanos y electorales).
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