miércoles, 15 de noviembre de 2017

Ley contra el odio viola 7 artículos de la Constitución


La Asamblea Nacional declaró nula la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, promulgada por la asamblea nacional constituyente la semana pasada. El proyecto de acuerdo aprobado por el Parlamento “en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente”, establece que el mecanismo legal viola los artículos 202, 49, 51, 57, 58, 62 y 68 de la Constitución; los artículos 6, 11, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“La pretendida y espuria ley usurpa las funciones legítimas de la Asamblea Nacional. Es inconstitucional, ilegítima e ilegal desde su origen, pasando por la técnica como se aprobó y además por su forma y fondo”, expuso el diputado Biagio Pilieri, quien abrió el debate y presentó el proyecto.
El texto, aprobado por la unanimidad de la bancada opositora, señala que además de estar viciada de incompetencia, su aplicación viola las garantías fundamentales del Estado de Derecho, y “pretende aniquilar de una vez por todas los valores democráticos”.
Indica también que con esa normativa se pretende penalizar la disidencia política al tipificarla como delito, imponiendo sanciones penales, administrativas y tributarias “en flagrante violación del derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”.
Sin piedad.  En el artículo 20 de la ley se establece una pena de 10 a 20 años de cárcel a “quien públicamente (...) fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas”. Es decir, con esto se abre la posibilidad de que sean evaluados por los parámetros de esta ley la opinión expresada “mediante cualquier medio apto para su difusión pública” y formas de expresión como los comentarios en las redes sociales, que podrían convertirse en delitos.
“De esa manera intentan legitimar el abuso de poder y coartar la protesta ciudadana en contra de la crisis, penalizándola de la misma forma que un asesinato”, manifestó Pilieri, durante el debate, en el cual participaron los diputados Franklyn Duarte, Arnoldo Benítez, César Alonso y Ángel Medina.
Los parlamentarios denunciaron que la constituyente pretende tipificar una serie de delitos sin tener la competencia en materia legislativa.
“18 años para enterarse de que todo lo que ellos hacen (el gobierno) son actos de odio contra el pueblo”, manifestó el diputado Benítez. Criticó que la ley impulsada por la ANC no deja claro elementos fundamentales como, por ejemplo, el concepto de odio y amor. “Lo que están tratando de buscar con esta ley es que los quieran ahora. Hablan del reconocimiento, ¿será que van a ser ahora ellos los analfabetas funcionales que reconozcan que destruyeron el país? ¿Será que van a censurar todos los programas del canal 8?”, expresó.
Alonso aseguró que el odio que “el régimen” no quiere afrontar es el de las familias que no pueden mantener a sus hijos y el del pueblo diezmado por la inseguridad y las enfermedades. “No aceptar y perseguir con cólera asesina al que piensa distinto es la realidad que presenta esta ley”, manifestó el parlamentario.
La Asamblea Nacional también considera que la ley establece restricciones a la libertad personal, promueve la autocensura y la censura por parte de los órganos del Estado. “suprimiendo los pocos espacios con que cuenta el ciudadano para debatir los asuntos de interés colectivo e inhibiendo la posibilidad de formular denuncias de cualquier naturaleza”.

Convocaron a reuniones con sectores
El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, informó sobre la creación de un proyecto de acuerdo –que se aprobará la próxima semana– para la promoción de una negociación política internacional.
Luego de que el diputado Luis Florido propusiera el proyecto, Borges dio a conocer la creación de una comisión de trabajo, encabezada por el diputado Stalin González, e integrada por los jefes de fracciones y de un grupo de trabajo de los legisladores en conjunto con la sociedad civil para establecer la posible agenda de negociación.
Indicó que en los próximos días se desarrollará una reunión entre el Parlamento y sectores de la sociedad civil (estudiantes, trabajadores, sectores productivos, organizaciones de derechos humanos y electorales).

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