De 8 a 10 años de cárcel estarían
sometidos funcionarios militares y policiales que se abstengan de
intervenir para evitar la consumación de los hechos punibles
establecidos en la Ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, que
aprobó la asamblea nacional constituyente. Penalistas señalaron que la
intención es obligar a los oficiales a renunciar a su derecho a la
libertad de conciencia y a inhibir a los ciudadanos para que no se
expresen libremente.
“Todo funcionario o funcionaria
policial o militar que en ejercicio de sus funciones voluntariamente se
abstenga, omita o retarde intervenir para evitar la consumación de
cualquiera de los hechos punibles establecidos en la presente ley o para
detener a la persona respectivamente responsable (…)” será sancionado,
según lo establece el artículo 24 del instrumento legal.
“La Ley le está otorgando una
discrecionalidad ilimitada a los funcionarios militares y policiales a
modo de censores. Ya no es un eufemismo ni tampoco hashtag hablar
mal de Chávez ni del gobierno, ahora es un delito amparado por el
derecho penal del enemigo”, manifestó Jesús Ollarves, abogado
especializado en derecho penal.
Denunció que la ley está obligando a
los funcionarios a renunciar a sus derechos de conciencia, así como
también a detener o coaccionar toda práctica que para ellos sea
considerada como de odio. “No solo es un dislate jurídico, sino un
grandísimo disparate”, agregó.
El abogado y profesor de Derecho
Penal, Alberto Arteaga Sánchez, indicó que entre las gravedades de esta
norma es que pone en manos de esos funcionarios públicos la apreciación
de lo que es o no un delito de odio, debido a que el instrumento legal
carece de esta definición y además se pretende sancionarlos si se
rehúsan a detener a una persona que presuntamente incurra en esos hechos
punibles.
“Con eso se está autorizando una
detención arbitraria. Nadie puede ser detenido sin orden judicial y en
caso de que sea en flagrancia, ¿cómo se va a determinar que sea un
delito?”, expresó. Criticó que esto deje al libre albedrío de los
funcionarios y de los órganos de justicia “la interpretación
arbitraria”, de suponer que una persona incite al odio.
“Sencillamente es una norma carente
de todo sentido y fundamento jurídico que impone la detención arbitraria
de una persona que iría a manifestar su disgusto contra el gobierno”,
indicó Arteaga Sánchez. Agregó que en Derecho Penal es inaceptable
sancionar “por pretendidas condiciones”.
Mordaza. Ambos juristas indicaron que en el país existen promotores del la Ley contra el odio,
que han justificado la normativa con base en ordenamientos jurídicos
que se han aplicado en otros países, como en los europeos.
Arteaga Sánchez expresó que esas
legislaciones surgieron a raíz del nazismo, con lineamientos claros de
discriminación de raza, religión y preferencia sexual. No obstante, en
Venezuela “la situación es completamente distinta. En nuestro caso está
orientada hacia la discriminación de quien comparte determinada posición
política”.
Detalló que las legislaciones contra
el odio que se han implementado en el mundo son disposiciones que
también restringen la libertad de expresión, pero “no son tan vagas
sobre la base de presunciones” comparadas con la que se pretende aplicar
en Venezuela. Dijo que la ley aprobada por la ANC viola los principios
establecidos en la Constitución.
Ollarves explicó que las normativas
que han surgido sobre esta materia en otros países están adaptadas a las
declaraciones y pactos internacionales de derechos humanos, pero la
propuesta de la ANC no, y tampoco está acoplada a los principios de
legalidad, proporcionalidad y discrecionalidad.
Manifestó que estas leyes son
características de gobiernos totalitarios para perseguir a la
disidencia. Indicó que en otras latitudes la tendencia ha sido a
despenalizar este tipo de expresiones y de acciones, y se ha llevado a
la sanción civil, por daños y prejuicios, y no penal.
Dijo que las legislaciones como estas
no han funcionado en otras sociedades, como en Chile donde hace años
dejó de estar vigente. “Aquí lo que se pretende es silenciar al
ciudadano y aniquilar la libertad de expresión. Estamos experimentando
un franco retroceso en el que se han ido mutilando las premisas
liberales del derecho penal e incorporando delitos que son incompatibles
con la libertad de expresión”, sentenció.
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