En octubre de 2011, el médico
venezolano Salvador Navarrete ofrendó su carrera y seguridad ante el
altar de las ciencias, o quién sabe si de la democracia o simplemente de
la verdad: reveló en una entrevista con el periodista salvadoreño
Víctor Flores, para la revista dominical del diario Milenio de México,
que el presidente Hugo Chávez padecía de un tumor maligno que le dejaba
con una expectativa de vida de “hasta dos años”.
Pasarían poco menos de esos dos años
para que la predicción se cumpliera. Pero en lo inmediato, el propio
Chávez reaccionó con sorna ante la primicia. Para el comandante de la
revolución bolivariana, Navarrete era “un gran embustero” al que no
conocía. “Yo me reía leyendo la entrevista”, dijo.
El desmentido presidencial no fue el
único que Navarrete tuvo que afrontar. Seis días después de la
publicación, tres médicos de planta del Hospital Militar Carlos Arvelo
de Caracas –donde, según la versión oficial, Hugo Chávez fallecería en
marzo de 2013– ofrecieron una rueda de prensa.
Aunque en el trío se encontraban el
director del hospital para el momento, Earle Siso García, y el ex
ministro de Sanidad y de la Presidencia de la República, Rafael Vargas,
la voz cantante correspondió al gastroenterólogo Fidel Ramírez. “El
doctor Salvador Navarrete nunca ha sido médico tratante del presidente
Hugo Chávez ni ha formado parte de su equipo de confianza”, sentenció
Ramírez con gravedad, antes de criticar la “imprudencia científica” de
Navarrete. “Podemos dar fe, como médicos tratantes del presidente, en
momentos puntuales del pasado y de la actualidad, que las declaraciones
del doctor Navarrete carecen de base científica y, por lo tanto, de
veracidad”.
Salvador Navarrete a la postre debió
abandonar el país. La carrera de Fidel Ramírez Carreño, en cambio,
prosperaría. Su hermano, Rafael Ramírez Carreño, era para entonces uno
de los hombres más poderosos de la nomenklatura chavista y del país.
Llevaba ya siete años en la presidencia de la petrolera estatal Pdvsa, y
casi otros tantos como ministro de Energía. Desde esas posiciones había
moldeado la corporación “roja, rojita” que servía de caja chica para la
inversión social –y clientelar– del gobierno, casi tanto como de nicho
para su séquito personal.
Plenipotenciario, Rafael Ramírez
nombró a su hermano Fidel Ramírez como director general de Servicios de
Salud y Asistencia de Pdvsa en 2012, y lo sumó a un entorno íntimo que
en la corporación también conformaban personajes como Diego Salazar,
primo, y Baldo Sansó, cuñado.
Ahora en 2017, cuando Rafael Ramírez
parece caído en desgracia, la trayectoria siamesa de Fidel Ramírez
empieza a hacerse pública en su dimensión de enriquecimiento irregular.
Por ejemplo, el nombre de Fidel Darío Ramírez Carreño acaba de aparecer
en la reciente filtración denominada Paradise Papers.
El médico Ramírez Carreño figura como
presidente de la junta de directores, principal accionista –con 98% de
las acciones– y fundador de Roraima SAL, una empresa incorporada en
julio de 2014 en el registro mercantil de Líbano. La empresa es
calificada como offshore, por lo que está habilitada para operar y
recaudar ingresos en el extranjero, solo con la administración afincada
en Líbano. Los socios de Ramírez en la empresa son Mostafa Al-Huseini y
Mostafa Ali Al-Huseini.
Este dato suelto se deja conocer
justo en momentos en que concluye en Nueva York un proceso judicial en
el que el nombre de Fidel Ramírez también salió a relucir. Se trata del
juicio contra los dos propietarios –Luis Díaz Jr y Luis Javier Díaz– de
Miami Equipment & Exports, una empresa de venta de maquinaria pesada
en Florida que, según la acusación, se había convertido en una
auténtica centrifugadora de pagos irregulares a terceros, emitidos desde
Venezuela por la Constructora KCT, y destinados a ejecutivos de la
propia empresa y a personeros del gobierno de Venezuela. Los pagos
correspondían a comisiones por operaciones cambiarias ilegales o
sobornos a autoridades, y Miami Equipment & Exports accedía a servir
de canal para ellos a cambio de una comisión estipulada por lo general
en 2% del monto total. La empresa habría encauzado hasta 100 millones de
dólares en esos pagos irregulares.
Esa actividad permitió al fiscal Joon
H. Kim imputar a los acusados con cargos de conspirar para la operación
de un negocio ilegal de envío de dinero sin los respectivos registros
estadales y federales, lavado de dinero y pagos para financiar
actividades ilegales en el extranjero.
Aunque los acusados se declararon “no culpables”, el 15 de noviembre pasado el jurado encontró a Luis Díaz Jr responsable de todos los cargos y a su padre, Luis Javier Díaz, culpable de solo dos. El próximo marzo recibirán condena del juez William H. Pauley III, titular de la corte del Distrito Sur de Nueva York.
Aunque los acusados se declararon “no culpables”, el 15 de noviembre pasado el jurado encontró a Luis Díaz Jr responsable de todos los cargos y a su padre, Luis Javier Díaz, culpable de solo dos. El próximo marzo recibirán condena del juez William H. Pauley III, titular de la corte del Distrito Sur de Nueva York.
En los interrogatorios y testimonios
de expertos surgió el nombre de Fidel Ramírez Carreño como receptor de
hasta 8 millones de dólares en remesas. Otro hermano de Rafael Ramírez,
Daniel, había aparecido un año antes en los llamados Panamá Papers de
2016, por una referencia oblicua. En diversos correos electrónicos
filtrados entonces desde el bufete panameño Mossack Fonseca se puede ver
cómo un hombre de negocios uruguayo, Fernando Burstin, indaga acerca de
la posibilidad de abrir a través del bufete unas cuentas bancarias en
un banco panameño para hacer giros regulares a tres venezolanos, entre
ellos, Ramírez.
Burstin y Ángel Mariani representan a
empresas como Tecno Uruguay e Interamericana de Cómputos S. A.
(Incosa), ambas prestadoras de servicios informáticos. Según
informaciones publicadas en Uruguay, Incosa obtuvo en 2005 contratos de
una filial de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG Telecom.
Al constatar que estaban hablando
nada más y nada menos que del hermano del presidente de Petróleos de
Venezuela, en Mossack Fonseca dudaron. “Con relación a este caso, hemos
estado investigando un poco más la situación por el tema familiar y su
clasificación como PEP (persona políticamente expuesta) por la posición
de su hermano, Rafael Ramírez, como ministro del Poder Popular de
Petróleo y Minería (Pdvsa) de la República Bolivariana de Venezuela,
desde el 20 de noviembre de 2004”, advirtieron en su correspondencia
interna del martes 29 de enero de 2013. “De parte de Compliance
consideramos que debemos tener mucha cautela con la aprobación de este
cliente pues no tendremos manera de verificar que efectivamente la
cuenta bancaria sea utilizada para recibir los pagos de Mandala
Services, igualmente porque en los resultados de las búsquedas aparece
que su profesión es contador público; mas no se le relaciona con el
mundo de la informática”.
Pero al final, los delegados
encontraron la manera de evadir los controles y las regulaciones
internacionales, por recomendación del FPB Bank de Panamá, donde
depositarían el dinero del hermano de Rafael Ramírez.
“Dando seguimiento a nuestra
discusión ayer por teléfono en cuanto al tema de la cuenta personal del
Sr. Daniel Ramírez, confirmo que la cuenta estará siendo presentada
frente al comité de cumplimiento en la primera semana de septiembre”,
apuntó una agente financiera del banco llamada Simone Lima, en una
comunicación dirigida a sus interlocutores de Mossack Fonseca.
“Entretanto resalvo la sugerencia del banco en crear una compañía
panameña para el Sr. Ramírez a fin de proteger y agilizar los trámites
de movimiento de cuentas entrantes o salientes en vista de que (…) los
bancos corresponsales involucrados en cualquier transacción estarán
verificando el nombre del Sr. Ramírez y a la vez identificarlo como PEP o
que podrá retrasar algún pago”.
Esta es otra entrega del proyecto
Paradise Papers. En este trabajo se analizaron 13,4 millones de
documentos procedentes de 2 proveedores de servicios offshore, Appleby
(Bermudas) y Asiaciti Trust (Hong Kong), y de registros mercantiles de
19 paraísos fiscales, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung
a través de una filtración que compartió, por medio del Consorcio
Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, Washington), con 382
periodistas de 96 medios en 67 países. En Venezuela, el socio del
proyecto es Armando.info, que hizo una alianza para publicarlo con el
diario El Nacional.
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