Los parlamentarios de la oposición,
que forman parte de la mesa de negociación con el gobierno, señalaron
ayer que la crisis que vive el país amerita continuar en el proceso
iniciado el fin de semana pasado en República Dominicana, con el aval de
los cancilleres de México, Chile, Nicaragua, Bolivia, y San Vicente y
las Granadinas. El diputado Simón Calzadilla, antes de iniciar la
sesión, rechazó los condicionamientos del ministro Jorge Rodríguez según
los cuales no habrá acuerdos si no se levantan las sanciones
internacionales y se reconoce a la ANC.
“El gobierno debe asumir el proceso
con seriedad; hoy dice una cosa y mañana otra. Todo lo que se haga fuera
de la negociación viola los acuerdos. Los cancilleres trabajan en las
propuestas que se llevarán a la reunión del 15 de diciembre. Les
recordamos que las sanciones son por delitos de narcotráfico, corrupción
y violación de derechos humanos. Es un acto criminal, un crimen de lesa
humanidad que el presidente Maduro niegue la ayuda humanitaria por
temor a una intervención extranjera, cuando hay tantos pacientes que la
requieren”, sostuvo.
Calzadilla afirmó que la ANC no puede
reconocerse: es fraudulenta y además no ha resuelto nada de lo ofertado
como el combate de la guerra económica sobre la que insiste el
gobierno. Dijo que desde la instalación del organismo, presidido por
Delcy Rodríguez, los venezolanos son más pobres.
“Estamos claros de con quién estamos
negociando, pero los detractores también deben usar la lógica. La
pregunta es la siguiente: ¿qué perdemos intentando este proceso? Nada,
pero podemos ganar mucho. ¿Dejamos de ser oposición?, no”, esgrimió
Calzadilla ante sus colegas de la AN. Dijo que por un solo paciente
crónico que se salve habrá valido la lucha por concretar acuerdos.
El diputado Luis Florido, también
miembro de la delegación de la MUD, reiteró que participan en la
negociación con el Ejecutivo para ser la voz de todo el país. Aunque
dijo estar claro en que el proceso está en una fase delicada, esbozó:
“Le pedimos a todo el pueblo venezolano la confianza en todos los que
hoy elevamos la voz por el país ante la comunidad internacional. Hay una
nueva cita para el 15 de diciembre con la esperanza de lograr acuerdos
beneficiosos”.
Pero la Bloque 16 de Julio no confía
en que salga humo blanco: “Negamos el proceso por falta de condiciones
previas. Independientemente de lo hablado, mantenemos posición: debe
exigirse el canal humanitario y el cese de la ANC antes de sentarse, no
como parte de la negociación”, exigió el diputado Biaggio Pilieri. Piden
que se libere a los presos políticos y se levanten las
inhabilitaciones.
Vendetta. El
diputado Julio Montoya señaló que el mayor corrupto del país es Rafael
Ramírez, ex ministro petrolero y quien renunció a su cargo de
representante ante la ONU. Dijo que el desfalco a Pdvsa está calculado
en 32 millardos de dólares, e indicó que el jefe del Estado “o es
cómplice o pendejo” ante estos hechos.
“Esto no es ninguna investigación
para castigar la corrupción en Petróleos de Venezuela, sino más bien
parece una vendetta entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, que
luchan por las pocas cuotas de poder que todavía mantiene el gobierno
de Nicolás Maduro”, dijo.
El parlamentario recordó que el 27 de
octubre de 2016, el TSJ prohibió investigar a Ramírez, “porque el Poder
Judicial también está detrás de esta guerra de pandillas”. Destacó que
Pdvsa funcionaba como una suerte de Cavidi paralelo.
Aseveró que Diego Salazar, detenido
el fin de semana e investigado por el caso Andorra, financió a los
candidatos del PSUV en las elecciones regionales. Las denuncias serán
sumadas al expediente de la Comisión de Contraloría para continuar la
investigación y presentar un informe ante la plenaria de la Asamblea
Nacional.
Piden mediación de Unicef
Codevida pide que se aprovechen los
mecanismos del Estado para adoptar medidas urgentes para salvar vidas y
atender a los sectores más vulnerables, cerca de 4 millones de
venezolanos, en materia de salud. Esperan que la respuesta se concrete
el 15 de diciembre.
Abogan por el empleo de los fondos de
Emergencia, Estratégico y Rotatorio de la Organización Panamericana de
la Salud, para proveer medicinas, vacunas e insumos para el tratamiento y
diagnóstico de enfermedades transmisibles y no transmisibles.
También piden adquirir la cantidad
necesaria del Botiquín Médico Interinstitucional de Emergencia, que
permite atender a 10.000 personas durante 3 meses. La ONG planteó “la
intermediación de Unicef como vía para la recepción y distribución de
insumos nutricionales y terapéuticos, dirigidos al tratamiento de la
desnutrición global aguda, severa o moderada”.
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