El gobierno de Nicolás Maduro creó en
marzo de 2016 un sistema de venta de cajas de alimentos subsidiados
para intentar paliar el desabastecimiento de comida en abastos y
supermercados pero un año y nueve meses después, los comercios lucen
prácticamente vacíos, mientras las denuncias y quejas aumentan.
Protestas que han culminado en
saqueos y denuncias de corrupción en el manejo de estas cajas de
alimentos de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción
conocidos como CLAP se han desarrollado en los últimos días porque
nunca llegan o se tardan meses en llegar.
El gobierno ha dicho que incrementará
la cantidad de cajas para beneficiar a más familias, aunque también
informó, hace pocos días, del aumento de precio de estos paquetes de 13 o
14 kilos de productos que supuestamente alimentan a cinco de los 31
millones que viven en Venezuela.
Las cajas contienen cuatro latas de
atún, dos botellas de aceite vegetal de 900 ml, un kilo de arroz, un
kilo de azúcar, un kilo de harina de maíz, dos kilos de leche en polvo,
dos kilos de espagueti, medio kilo de pasta corta, dos bolsas de
fríjoles negros, dos bolsas de lentejas, una botellita de salsa de
tomate y una bolsita de mayonesa.
Efe tuvo acceso a una de estas cajas y
además de verificar este contenido, verificó que todos los productos
-con etiqueta- son importados y que ninguno tiene el número de registro
sanitario de Venezuela lo que confirma algunas de las denuncias del
diputado opositor Carlos Paparoni sobre este tema.
El atún es de Costa Rica, el aceite
de Argentina, la pasta corta es peruana, el arroz de Guyana, el fríjol
negro y la leche son de México, la mayonesa es de Brasil, la harina de
maíz y el azúcar son de Colombia y la salsa de tomate de El Salvador.
El espagueti está identificado como
un "producto peruano" pero "importado y distribuido" por una empresa
panameña, mientras que las lentejas están empaquetadas en una bolsa
transparente sin identificación alguna.
Las cajas cargadas de alimentos, que
empezaron siendo bolsas, surgieron cuando en el país se manejaban tres
tipos de cambio siendo el más bajo 6,30 bolívares por dólar que, según
el gobierno, solo estaban disponibles para comprar alimentos y
medicinas, un canje que ya subió a 10 bolívares por moneda
estadounidense.
En la actualidad, es el dólar a 10
bolívares el que se destina a estas compras vitales por lo que los
CLAP deberían ser adquiridos bajo este cambio -de los dos que existen-
aunque el gobierno no ha ofrecido un reporte detallado sobre este tema.
Bajo estos mecanismos de cambio las
cajas han pasado de costar 4.000 bolívares, cuando empezaron a
distribuirse en 2016, a 25.000 bolívares.
Paparoni dijo que en la investigación
que hizo el Parlamento se ha descubierto que las cajas CLAP son
compradas a empresas mexicanas a través intermediarios, acusados de
corrupción, que a su vez adquieren los productos de otros intermediarios
y que por ello se han incrementado los costos.
Sin embargo asegura que los
intermediarios que negocian directamente con el gobierno recuperan 100%
del costo pues las compran a 22.000 bolívares y las venden al Estado al
doble a un cambio que no se ha especificado.
Paparoni dijo que estos
intermediarios son los empresarios Samark López y Alex Saab, no
obstante, el primero dijo - a través de su oficina de prensa- que desde
hace un año se desentendió del negocio de los CLAP.
Con respecto a Saab la ex fiscal
venezolana Luisa Ortega declaró a periodistas poco después de su
destitución en agosto pasado que se mantenía en marcha una investigación
sobre la supuesta corrupción en el manejo de las cajas CLAP y mencionó a
este empresario.
Muchas de las protestas que se han
producido recientemente tienen que ver con que las cajas CLAP no llegan a
la mayoría de las familias más necesitadas del país, compuestas por un
mínimo de cinco miembros.
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