Vicerrectores académicos de
universidades públicas y privadas expresaron preocupación por el
programa de asignación de becas para estudiantes de pregrado y posgrado,
a través del carnet de la patria, como único requisito para la
obtención del beneficio, según el anuncio hecho por el presidente
Nicolás Maduro, el lunes pasado. Coincidieron en que no han recibido
información oficial por parte del Ejecutivo.
Nicolás Bianco, vicerrector académico
de la UCV, calificó de chantaje y de inconstitucional la medida que, a
su juicio, convierte el otorgamiento de becas en “una demagogia barata”.
“En la UCV no reconocemos otro documento que no sea la cédula de
identidad y el carnet estudiantil. Los demás no tiene ningún valor”.
El médico especialista enfatizó que
la medida constituye una violación a la autonomía universitaria
consagrada en el artículo 109 de la Constitución nacional, el cual
establece plena libertad de acción a las casas de educación superior.
“La UCV tiene su Organización de Bienestar Estudiantil que funciona
desde hace más de 40 años para asignar becas. Cualquier intento de
instaurar el carnet de la patria es un chantaje y es inconstitucional.
Lo rechazamos”.
Bianco aseguró, que la comunidad
estudiantil democrática rechazará la implementación del carnet de la
patria dentro de la universidad, por ser una medida que atenta contra la
libertad académica y los principios constitucionales. Instó a los
profesores a mantenerse en las aulas pese a las condiciones laborales,
para defender los principios éticos y morales que rigen a la
institución. “Hoy más que nunca debe existir un principio de solidaridad
entre nosotros. No debemos abandonar las aulas”, dijo.
Mary Carmen Lombao, vicerrectora
académica de la Universidad Metropolitana, enfatizó que el rectorado
desconoce los procedimientos del plan de carnetización debido a que no
han sido notificados por el Ministerio de Educación Universitaria.
Puntualizó que aunque la iniciativa del Ejecutivo es positiva en
beneficio de los estudiantes, es necesario respetar las normativas
legales de cada universidad para el otorgamiento de las becas.
“Nos regimos por principios de ética,
inclusión y calidad para evaluar cada caso. Si el Estado quiere
contribuir nos parece positivo, pero hay políticas de requisito y es una
competencia única de cada universidad”, señaló.
Magaly Vásquez, secretaria general
de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que las autoridades no
han recibido ninguna información relacionada con el programa de
asignación de becas anunciado por Maduro. “Ni por correo electrónico ni
en físico se nos hizo llegar alguna indicación de cómo se implementaría
ese mecanismo”.
La vocera destacó que la iniciativa
de cooperación económica puede ser una valiosa ayuda para los
estudiantes más necesitados, pero señaló que es fundamental que los
entes encargados dispongan de información socioeconómica de cada
institución. “Esos datos son necesarios si se van a hacer las cosas con
seriedad y hace más de un año que no se nos hace llegar una solicitud
para conocer este tipo de información”.
Vásquez expresó que es alarmante que
el carnet de la patria pueda convertirse es una herramienta de
discriminación para privar a los estudiantes de ciertos beneficios o
servicios. “Nos preocupa el criterio con el que se va a manejar este
programa y consideramos que debería ser algo voluntario no obligatorio”.
Sin carnet no hay becas
La creación del mecanismo de
asignación de becas a través del carnet de la patria para estudiantes de
pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas, fue anunciada
por el presidente Nicolás Maduro el lunes en la noche, durante la
presentación del informe anual ante la ANC. “Con el sistema del carnet
de la patria voy a establecer un nuevo sistema de apoyo y protección de
todos los estudiantes de educación superior de universidades públicas o
privadas, incluyendo los estudios de posgrado”, informó. Aunque no
ofreció mayores detalles, el programa consiste en la realización de
jornadas de carnetización dentro de cada institución de educación
superior para censar a la población estudiantil que requiere el
beneficio. La iniciativa formará parte de la ampliación de la política
de protección social a través del cual se distribuirán bonos de ayuda
económica a las embarazadas, las familias sin ingreso salarial, explicó
una nota de prensa difundida a los medios.
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