Arco Minero sigue sin estudios de impacto socioambiental a dos años de su creación

La anarquía minera no ha ocurrido por falta 

de legislación ambiental, “lo que se necesita 

es cumplir con las leyes y Áreas Bajo Régimen 

de Administración Especial que ya existen”

Dos años se cumplen este sábado de la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, cuyo objetivo oficial era el “estímulo sectorial de las actividades asociadas a los recursos minerales que posee el país”, de acuerdo con el decreto 2.248 publicado en Gaceta Oficial el 24 de febrero de 2016, publica Correo del Caroní.


María Ramírez Cabello
mramirezcabello@gmail.com
En este tiempo no ha habido avances en la meta de industrialización minera, hartamente criticada por la falta de estudios de impacto socioambiental y los planes se han reducido al soporte de la pequeña minería, incluso ilegal, para engrosar las reservas de oro del país. Las piedras que se extraen del subsuelo guayanés con absoluto descontrol siguen manchadas de sangre, pues el Ejecutivo no ha podido aminorar la violencia al sur del país, que se divide en zonas controladas por bandas criminales.
“El Arco Minero como tal no existe. Lo que se hizo fue subirle el volumen a la anarquía minera, respaldarla, para de allí llevar oro al Banco Central de Venezuela, un oro manchado de caos y sangre”, sostuvo un trabajador minero del sur de Bolívar, que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
El Arco Minero es el área definida por el Ejecutivo para la explotación de minerales, principalmente oro, coltán, diamante y bauxita. Ha sido clasificado en cuatro bloques de exploración en el oeste y sureste del estado Bolívar, en una franja que toca a los municipios Cedeño, Sucre, Angostura, Caroní, Piar, Sifontes, Roscio y El Callao. Son más de 110 mil kilómetros cuadrados.
El megaproyecto estatal fue parte de los planes del ex presidente Hugo Chávez, que en 2011 planteó cómo desarrollar en conjunto la Faja Petrolífera del Orinoco y el Arco Minero. “Del lado sur del Orinoco hay un arco minero que comienza por esta zona donde hay bauxita, coltán, diamantes y la zona del oro, es un arco minero. Son grandes extensiones donde reside un gran potencial y poderío económico”, expresó Chávez.
“Un día comencé a pensar en cómo engranar una sola estrategia de desarrollo acá, de lo petrolero con lo minero. Hace varios años que estamos hablando de eso y no habíamos concretado una estrategia”, dijo al aprobar el plan de acción estratégica conjunta de ambas actividades económicas.
Al momento de la creación formal del Arco Minero, el presidente Nicolás Maduro aseguraba que la minería era uno de los elementos con la mejor planificación y proyección, “y que nos permite hoy echar a andar este motor minero con mucha fuerza”, aseguró en febrero, cuando vislumbró la actividad minera como “fuente de riqueza, para que vaya equilibrando los ingresos, que los vaya diversificando y vaya sustituyendo al petróleo como única fuente de divisas internacionales”, en un contexto de caída de los precios internacionales del crudo.
El entonces presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, sostuvo durante la creación del AMO que la próxima fase, que vislumbraban posible en el corto plazo, “es llamar a los inversionistas venezolanos y a las internacionales para el proceso de industrialización”.
“Hay minerales que se van a sumar rápido; por ejemplo, el coltán no va a ser tanto de extracción sino de industrialización, mientras que el oro va a ser figura de extracción y luego de industrialización”, explicó.
La estatal Agencia Venezolana de Noticias ha señalado que de acuerdo con estudios recientes adelantados por el BCV y el Ministerio de Petróleo, en el Arco Minero existe un potencial de 7.000 toneladas de oro, alrededor de 3.000 millones de quilates de diamantes y una reserva probable de 14.678 millones de toneladas de hierro.
Lo concreto del AMO
Aunque el AMO nació con una serie de firmas de carta de intención con empresas extranjeras, han sido reducidos los acuerdos que han logrado materializarse. En el campo aurífero no ha llegado aún a la zona sur de Bolívar inyección de capital, que permita no solo rescatar a la debilitada estatal Minerven sino mostrar un proyecto formal de envergadura.
En cambio, el gobierno ha aprobado áreas para brigadas mineras y recientemente el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico dio luz verde a 23 nuevas áreas para la explotación minera durante 20 años en los municipios Roscio, El Callao, Sifontes, Piar, Cedeño y Padre Pedro Chien, que estarán bajo la tutela de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y la Empresa Nacional Aurífera (ENA), ambos entes adscritos al despacho minero desde hace un año.
La aprobación fue publicada en la Resolución N° 0013, anunciada en la Gaceta Oficial N° 41.329 del viernes 26 de enero de 2018. Parte de los yacimientos, un poco más de 35 mil hectáreas, habían sido asignados en diciembre de 2012 a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que, en la práctica, nunca operó formalmente en la zona.
Nueve días después de la aprobación del nuevo lote de explotación minera, una masacre sacudió al municipio Roscio de Bolívar, cuando en un supuesto enfrentamiento con uniformados de la 51 Brigada de Infantería de Selva, 17 hombres y una mujer fueron asesinados con armas de fuego. El hecho recordó a la masacre de Tumeremo, ocurrida en marzo de 2016.
En esa oportunidad, el presidente Maduro anunció la creación de una zona militar especial para proteger a los pueblos mineros de “ataques violentos”. La zona estaría a cargo del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
“El motor minero y el plan del Arco Minero del Orinoco, es lo que va a solucionar estructuralmente y de manera absoluta y completa, la irregularidades y la explotación en las minas de oro, de diamantes que hay en toda esa gran región. Vamos a poner orden con el Arco Minero”, dijo Maduro. Pero la paz está lejos de ser decretada.
Al oeste de Bolívar, de tres empresas mixtas creadas en noviembre de 2016 para la explotación del azulado coltán, solo una ha logrado instalarse: la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza, ubicada en la ruta hacia la capital de Amazonas, justo frente a la comunidad indígena piaroa de Aguamena.
Sus operaciones, con apoyo de la comunidad indígena, son un enigma, pues la empresa no ha emitido balances ni detalles sobre la extracción del mineral estratégico. En septiembre de 2017, sin embargo, la empresa informó que logró producir la primera tonelada de coltán mientras se calibraba la maquinaria y el sistema mecánico que regirá las operaciones en las minas, explicó el presidente de la empresa, César Sanguinete, según reseña de Globovisión.
En estas zonas, la presencia de disidentes de la guerrilla colombiana es cada vez más advertida por los lugareños. Un informe de la Asamblea Nacional de diciembre de 2017 lo recoge: “La Fuerza Armada no está cumpliendo con su deber de defender la soberanía, ni ejerce sus funciones de protección y guardería ambiental, ya que tolera presencia en territorio nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos paramilitares procedente de otros países, incluyendo organizaciones mineras ilegales”, advierten.
Académicos coinciden en necesaria derogación
En la academia, las organizaciones no gubernamentales, ambientales y la Asamblea Nacional no hay dudas de que el decreto 2.248 es inconstitucional, incumple la obligación de presentar estudios de impacto ambiental y sociocultural, ha violado la consulta previa en las comunidades indígenas, y atenta contra el derecho a la manifestación pacífica y la soberanía nacional, entre otros argumentos.
No obstante, el rechazo ha despertado los extremos del ecologismo puro y una serie de inconsistencias que generan confusión y, en muchos casos, ignorancia sobre la dinámica minera del estado Bolívar.
La AN ha propuesto un proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético Hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonia Venezolana, que ha avivado críticas sustentadas en torno a inconsistencias geográficas y el desconocimiento de la realidad del estado Bolívar.
Al desmontar una serie de mitos en torno a las consecuencias del AMO, José Rafael Lozada, ingeniero forestal y miembro del grupo de investigación Manejo Múltiple de Ecosistemas Forestales de la Universidad de Los Andes, sostiene que la propuesta actual del Arco Minero es inviable y merece rechazo, principalmente “porque no hay una institucionalidad que garantice el cumplimiento de la normativa ambiental”.
Pero, asegura, que el rechazo no puede fundamentarse en argumentos erróneos ni caer en el extremismo ecológico, en el que considera ha caído la AN en sus planteamientos. “Una prohibición total de la minería no tiene ninguna factibilidad”, apunta.
“Aunque la minería no puede calificarse como sustentable, debería intentarse la consulta entre actores para definir límites permisibles de afectación al ambiente, en paralelo con la generación de beneficios sociales y económicos que permitan el desarrollo de las comunidades involucradas. La viabilidad de esta estrategia se fundamenta en la existencia de opciones para hacer una minería racional y medidas de restauración ecológica, que han tenido resultados favorables en Guayana”, resalta, en una detallada opinión sobre el segundo informe de la comisión mixta de la Asamblea Nacional de diciembre de 2017.
Sostiene que la anarquía minera no ha ocurrido por falta de legislación ambiental, “lo que se necesita es cumplir con las leyes y Áreas Bajo Régimen de Administración Especial que ya existen”.
El Observatorio Guayana Sustentable sostiene que el proyecto de ley, si bien busca derogar el decreto 2248, no considera suficientemente la realidad que se vive y padece en el estado Bolívar en torno a la minería; desconoce la realidad sociocultural existente en la región, en donde se estima la existencia de unas 80 mil personas desarrollando actividades de minería artesanal y minería a pequeña escala y niega la posibilidad de ordenar, racionalizar y aprovechar el potencial minero en el estado Bolívar, a los fines de apuntalar un verdadero crecimiento y desarrollo socioeconómico de la región y el país.
El grupo opina que el proyecto de ley niega la posibilidad de circunscribir la explotación de los recursos minerales en áreas específicas, donde las reservas minerales, tecnologías de explotación y de aprovechamiento garanticen la factibilidad técnica, económica y socioambiental de los proyectos, “respondiendo a planes de ordenamiento territorial y reglamentos de usos, en cuanto a su localización fuera de parques nacionales, monumentos naturales, reservas de biosfera, reservas hidráulicas y reservas forestales”.
Las consideraciones suscriben el Manifiesto de Guayana contra el Arco Minero del Orinoco del 30 de mayo de 2016, en el que si bien se considera la necesidad de derogar el decreto del AMO por inconstitucional, entre otras razones, se establece la posibilidad de una minería más amigable con el ambiente “lo cual requiere conocimientos por parte de los actores involucrados, utilización de tecnologías limpias, voluntad política para ejecutarla, transparencia ante la opinión pública y una institucionalidad eficiente, capaz de hacer cumplir nuestra legislación ambiental y minera”.
El manifiesto propone diseñar una política minera que contemple la creación de un ministerio específico para esta área, reformar la ley de minas y su reglamento y fortalecer las instituciones que tradicionalmente han investigado y evaluado las potencialidades mineras reales de la región, tales como Tecmin e Ingeomin, utilizando el talento humano venezolano.
Ahonde sobre la realidad del megaproyecto estatal en los reportajes de la plataforma Arco Minero, escritos por el periodista Bram Ebus en una iniciativa del portal InfoAmazonia en alianza con el Centro Pulitzer y Correo del Caroní.