Las acusaciones sobre conspiración
contra miembros de la FANB evidencian los temores presidenciales de
descontento en la organización castrense, coinciden el ex ministro de la
Defensa Raúl Salazar y la presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío
San Miguel.
“El poder es una enfermedad que todos
queremos padecer y el gobierno no la quiere perder. Por eso actúa como
lo hace. Las recientes detenciones de un grupo de militares por
conspiración no tienen sentido si no se cometió ningún delito, ni se
materializó el movimiento castrense, como sí ocurrió en 1992. Mientras
tanto, el gobierno se mantiene en silencio, no se hace eco de nada y las
informaciones se conocen solo por los familiares de los acusados”, dijo
Salazar.
Se refiere al llamado Movimiento de
Transición de la Dignidad del Pueblo, por el que fueron detenidos 9
militares e imputados por los delitos de traición a la patria,
instigación a la rebelión y contra el decoro militar.
“Por primera vez, Nicolás Maduro, en
sus miedos, ha decidido ir contra ‘oficiales de comando’ que dirigen
unidades con poder de fuego. Esto no tiene precedente”, indicó San
Miguel. Puntualizó que no puede hablarse de un golpe de Estado, porque
eso significaría acusar a un grupo de militares privados de libertad.
Cree que aumentará la persecución en la FANB debido al objetivo de
Maduro “de instaurar una casta castrense no chavista”.
San Miguel sostuvo que al Batallón
Ayala están asignados vehículos blindados livianos de ruedas, tipo
dragón 300 con cañón de 90 mm, trasporte de tropas y vehículos rusos BTR
80. El general Salazar recordó que fue desde ese batallón de donde
salieron las unidades hacia Miraflores cuando el golpe a Carlos Andrés
Pérez en 1992.
Alonso Medina Roa dijo que se
violó el COPP: los militares fueron privados de libertad el 2 de marzo y
presentados ante el Tribunal Militar Tercero de Control de Caracas el 9
de marzo, cuando debió hacerse en un lapso de 48 horas.
Medina Roa es el abogado de los
tenientes coroneles Igber José Marín Chaparro, comandante del Batallón
de infantería motorizada Juan Pablo Ayala; Eric Peña Romero; Henry José
Medina Gutiérrez, adscrito al Batallón Logístico de San Cristóbal, y
Deibis Esteban Mota Marrero, comandante del Batallón Pedro León Torres
en Valencia; el primer teniente Jaiber Ariza y el sargento supervisor
Juan Gutiérrez.
En el caso también están imputados
los tenientes coroneles Victoriano Soto Méndez, 432 Grupo de Artillería
de Campaña Autopropulsado GJ Cipriano Castro, en Calabozo; Juan Carlos
Pena Palmentieri, y la sargento Primero Yuleima Medina.
El teniente coronel Marín Chaparro
fue secretario de Hugo Chávez y el primero de su promoción en 1999. Su
padre es un coronel retirado.
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