La Comisión para los Derechos Humanos
del Estado Zulia presentó ayer su informe anual en la Cámara de
Comercio de Maracaibo. “El capítulo más duro de este informe es el de la
emergencia humanitaria en Venezuela”, aseguró Daniela Guerra, directora
del organismo.
“El acceso a los alimentos es cada vez más difícil para la población”, señaló.
En el documento se señala que el
Estado venezolano no tiene capacidad para hacer frente al
desabastecimiento de alimentos, medicamentos e insumos para los
servicios de salud. La Codhez destaca que la situación se ha agravado,
afectando aún más a las mujeres, niños y personas mayores: “La escasez y
el aumento de precios de alimentos básicos han incidido gravemente en
la nutrición de los zulianos y, en especial, a los niños y ancianos de
zonas pobres”.
En todo el Zulia –especifica el
informe– apenas hay cuatro servicios de recuperación nutricional: dos en
la Guajira y dos en Maracaibo, lo que es insuficiente porque, según
cifras de Cáritas, es el estado con mayor prevalencia de desnutrición
aguda global, que lo hace ubicarse en 16%. Hay zonas de Maracaibo, como
el barrio San Antonio de los Caños, en las que el índice de desnutrición
infantil sobrepasa 60%.
La Codhez indica también que solo hay
información que procede del seguimiento realizado por algunas ONG a los
casos de desnutrición: “Según la fundación Milagro de Amor, durante
2017 murieron 17 niños por desnutrición. La fundación Ángeles
Chiquinquireños prestó asistencia nutricional a más de 100 niñas y niños
que sufrían de desnutrición en 2017, de los cuales 3 fallecieron en el
curso del año”.
Sobre la crisis de los hospitales,
alertó sobre la situación y el informe ofrece datos de la fundación Azul
Positivo: el área de consultas del Hospital Universitario no tiene aire
acondicionado, y la del Hospital General del Sur tiene hongos; en los
hospitales Chiquinquirá y Central no hay médicos suficientes. El
hospital Adolfo D’ Empaire, en Cabimas, solo se atiende una vez a la
semana.
Destaca de igual forma los problemas
para tratar a los niños con cardiopatías y el reclamo de los pacientes
renales que durante todo 2017 se vieron afectados por la escasez de
insumos y medicamentos, así como el deterioro de los centros de
diálisis. “Se reportaron fallas en la Unidad de Diálisis del Hospital
Universitario de Maracaibo (donde además se denunció contrabando de
insumos y medicamentos), en el Hospital General del Sur, y las
dependencias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales: Unidad
Centro del Sol y Centro de Diálisis de Occidente”.
En el informe se documentan la
discriminación y detenciones arbitrarias por motivos políticos, así como
los excesos en el control de manifestaciones; la situación sobre
derechos políticos en el contexto de la asamblea nacional constituyente y
la crítica situación de los pueblos indígenas de la entidad.
“Según nuestros reportes se
detuvieron a 635 personas en el marco de las protestas, 160 de las
cuales fueron presentadas en tribunales militares”, afirmó Guerra.
Reveló que hubo 14 muertes y 635
detenciones arbitrarias de abril a julio de 2017, “siendo el Zulia el
estado que registró más detenciones por día en el ámbito nacional”.
La organización de derechos humanos
destaca: “El ejercicio autoritario del gobierno ha empeorado la crisis
política y económica y, en consecuencia, la vulneración de los derechos
alcanza todos los ámbitos de la vida de los venezolanos”, lo que ha
llevado a profundizar la emergencia humanitaria.
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