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miércoles, 7 de marzo de 2018

Febrero 2018: Intimidación, censura y abuso de poder contra periodistas y medios en Venezuela

CAR03. CARACAS (VENEZUELA), 01/03/2018.- Miembros del servicio de inteligencia (Sebin) custodian las inmediaciones de la residencia de Leopoldo López hoy, 1 de marzo de 2018, en Caracas (Venezuela). Lilian Tintori, esposa del político venezolano en arresto domiciliario Leopoldo López, denunció hoy que el servicio de inteligencia (Sebin) ingresó "bruscamente" a su residencia y que permanece dentro de su hogar violando su privacidad y señaló que la custodia de su marido debe ser fuera del domicilio. EFE/Miguel GutiérrezMiembros del servicio de inteligencia (Sebin) custodian las inmediaciones de la residencia de Leopoldo López /EFE/Miguel Gutiérrez

En las últimas semanas el monitoreo de libertad de expresión de IPYS Venezuela ha registrado restricciones en la cobertura informativa, medidas sancionatorias y acciones de intimidación que afectan la labor de periodistas y medios de comunicación social en el país. IPYS Venezuela alerta sobre hechos de censura y abuso de poder que han ocurrido en contra de reporteros y medios de comunicación durante el mes de febrero.


En los estados Miranda, Vargas y Táchira se realizaron detenciones arbitrarias a varios reporteros venezolanos y extranjeros. También se inició un procedimiento sancionatorio en contra del canal televisivo Televen, mientras que dos diarios impresos de las entidades Sucre y Barinas debieron suspender su circulación por limitaciones de insumos. El uso abusivo de poder vulneró los derechos de un periodista en Aragua, y además ocurrió una suspensión temporal de servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional.
Según el informe anual de IPYS Venezuela, hubo 518 casos que acumularon 1087 violaciones a la libertad de expresión, entre enero y diciembre de 2017. Este resultado se inscribe en un contexto de conflictos sociopolíticos que a lo largo del año coartaron los derechos comunicacionales de los venezolanos, y representa un aumento de las restricciones en la labor periodística respecto a 2016, cuando ocurrieron 331 casos que comprendieron 763 violaciones.
Caracas: Sebin detuvo a varios periodistas frente a residencia de Leopoldo López
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a varios periodistas que realizaban una cobertura a las adyacencias de la residencia del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, el jueves 1 de marzo de 2018.
La periodistas Vanessa Rivas, el camarógrafo Aquiles Salcedo y el conductor Jonathan Guaricuco, del medio digital informativo Caraota Digital, fueron puestos en libertad luego de dos horas de detención arbitraria en la sede de el Helicoide, en donde los funcionarios del Sebin confiscaron sus equipos y les dijeron que serían sometidos a un “proceso investigativo”.
También detuvieron a los periodistas Karola Hernández y Alejandro Medina, de Univisión, Rafael Hernández, de NTN24, y Luis Gonzalo Pérez de Venemundo, quienes fueron liberados a los pocos minutos de su detención.
Ipys Venezuela intentó comunicarse con los periodistas afectados pero no fue posible. Esta organización alerta sobre el uso abusivo de poder de los cuerpos de seguridad contra los periodistas durante las coberturas de hechos noticiosos, pues estas acciones vulneran los principios de la libertad de expresión establecidos en la Constitución Nacional así como las normas y pactos internacionales.
De acuerdo con el monitoreo de alertas a la libertad de expresión y acceso a la información realizado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, los más perjudicados durante 2017 fueron los reporteros al ser víctimas en 276 casos. Esta cifra corresponde a 52% de los incidentes de todo el año. Luego se encuentran los reporteros gráficos que alcanzaron 107 alertas y, seguidamente, aparecieron los camarógrafos quienes fueron afectados en 38 casos.
Vargas: Retuvieron a periodistas paraguayos en aeropuerto de Maiquetía
Dos periodistas paraguayos que cubrían el partido de la Copa Libertadores 2018 entre el Monagas SC y el Cerro Porteño, fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado Vargas, el sábado 24 de febrero.
Los periodistas Marcos González, de Tigo Sports, y Daniel Maciel, de 970 AM, fueron retenidos durante dos horas por las autoridades de la aduana debido al porte de una cámara fotográfica, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) a través de su cuenta de Twitter. Hasta ahora no se han dado a conocer más detalles de la detención.
Los dos reporteros fueron liberados luego de la intervención de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en contacto con la Federación Venezolana de Fútbol, de acuerdo con las declaraciones de Daniel Maciel a través de sus redes sociales.
En 2017 IPYS Venezuela contabilizó 35 casos de restricciones, señalamientos y amenazas contra corresponsales extranjeros. Esta organización considera que estas acciones, que se han vuelto recurrentes, atentan contra la profesión del periodismo al vulnerar la libertad de expresión y el acceso a la información.
Táchira: Retuvieron a periodistas durante cobertura de entrenamiento militar
Los comunicadores sociales Daniel Cáceres, videógrafo freelance de AFP (Agence France-Presse), y René Méndez, periodista de NTN24 y videógrafo freelance de Reuters, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el municipio Lobatera del estado Táchira, el 24 de febrero de 2018.
Ambos periodistas recibieron información de que los ejercicios militares pautados por la Fuerza Armada Nacional para los días sábado 24 y domingo 25 de febrero, en el estado Táchira, se realizarían en el municipio Lobatera. Por lo que se trasladaron a dicho sector para realizar una cobertura periodística.
Cáceres relató a NTN24 que llegaron al lugar y no eran los únicos periodistas que documentaban la actividad. Se identificaron como prensa y, sin ningún inconveniente, les permitieron estacionar e ingresar. “Luego de que estábamos realizando nuestro trabajo, fuimos abordados por unos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que nos pidieron identificarnos”.
Pese a obedecer las órdenes de los funcionarios, les quitaron las cámaras y sus credenciales al tiempo que les dijeron que serían citados por la Dirección de Contrainteligencia. Luego de hablar con un oficial de alto rango pudieron acordar que ese mismo día les hicieran el interrogatorio.
Fueron escoltados hasta una oficina en La Fría, municipio García de Hevia, en donde les pidieron borrar el material que habían grabado. También les hicieron un interrogatorio que, aunque lo solicitaron, no recibieron una copia del documento respectivo.
Algunas de las preguntas que les formularon fueron cómo habían llegado al lugar del entrenamiento, quién los había invitado, qué tipo de imágenes habían obtenido y si anteriormente habían grabado ejercicios o instalaciones militares. A Cáceres también le quitaron el teléfono celular, y luego de una revisión le fue devuelto. Las cámaras también se las regresaron.
Barinas: Deja de salir versión impresa del Diario La Prensa de Barinas
El diario La Prensa de Barinas suspende su circulación temporalmente por falta de insumos, luego de que el Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM) no atendiera las solicitudes que el medio había estado realizando desde octubre de 2017. Así lo informó el periodista Wolman Linares a IPYS Venezuela.
Luego de dos semanas de cumplir 33 años de labor informativa, el diario La Prensa de Barinas se vio obligado a circular hasta el jueves 1 de marzo debido a que no cuentan con las planchas necesarias para la producción del periódico. Esta limitación, además, ha dejado sin empleo a más de 50 familias.
Wolman Linares declaró que luego de la suspensión de los periódicos De Frente y La Noticia, ambos cerrados por falta de papel, el cese de circulación del diario La Prensa deja al estado Barinas con solamente un medios impreso, el diario Los Llanos, cuyas reservas de insumos también se están agotando.
IPYS Venezuela constató que, desde agosto de 2013 hasta febrero del 2018, 35 diarios han dejado de circular debido a dificultades en la adquisición de papel periódico y otros insumos requeridos en la producción informativa. De esta cifra, 18 periódicos han salido de circulación de manera definitiva y los otros 16 temporalmente.
En lo que va de 2018 el Instituto Prensa y Sociedad ha registrado seis casos de cierres de medios impresos, tres temporales y tres definitivos, debido a las fallas en la distribución de la empresa estatal Complejo Editorial Alfredo Maneiro. Los últimos tres diarios que se vieron obligados a suspender su publicación fueron La Región (Sucre), El Impulso (Lara), La Verdad (Monagas).
Sucre: Diario Región deja de circular por falta de material para imprimir
La tarde del lunes 26 de febrero la directiva del Diario Región en el estado Sucre anunció el cese de circulación definitivo del medio impreso, tras 44 años de labor ininterrumpida.
Yndira Lugo, directora de información del rotativo, explicó que no cuentan con suficientes recursos económicos para adquirir los insumos básicos que necesitan para continuar imprimiendo el periódico.
La última edición del medio impreso fue publicada el 1 de marzo. Por el momento la página web del medio se encuentra en mantenimiento, de manera que Diario Región continuará su labor informativa a través de sus redes sociales.
Esta decisión ha dejado sin empleo a 70 trabajadores, entre ellos, cuatro periodistas y tres reporteros gráficos en la región de Cumaná. Mientras que dos periodistas y dos reporteros gráficos fueron los afectados en la ciudad de Carúpano.
En los últimos dos años, Diario Región mermó su paginación y pasó de imprimir 28 páginas a dieciséis, y eliminó secciones informativas para dar prominencia a las noticias locales.
Caracas: Conatel inició procedimiento sancionatorio contra Televen
El directorio de Responsabilidad Social de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) inició un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la televisora nacional Televen el viernes 23 de febrero de 2018.
En 2017 el presidente Nicolás Maduro denunció que Televen cometía “apología al delito” por transmitir las protestas convocadas por la oposición venezolana, y solicitó a Conatel que iniciara una investigación contra el canal de televisión.
Según un comunicado emitido por Conatel, la sanción se debe a que la televisora habría incurrido en la violación del artículo 27 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme), por difundir mensajes con imágenes gráficas de violencia real durante el proceso electoral para la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 30 de julio de 2017.
En el documento no se especifica cuál será la sanción impuesta al medio por violar la Ley. Además, el Directorio asegura que actúan apegados a la Constitución y a las leyes venezolanas en materia de comunicación, “teniendo siempre como norte la realización de todas las actuaciones necesarias para hacer cumplir el marco legal, respetando en todo momento los derechos de los administrados”.
Según el registro de IPYS Venezuela durante 2017 ascendió a 49 el número de medios audiovisuales nacionales censurados por Conatel. La mayoría de las restricciones afectaron la señal de emisoras de radio, sin embargo, los medios televisivos no escaparon de estas inhabilitaciones. El organismo estatal también clausuró los siguientes tres canales de televisión en el estado Mérida: ULA TV, de la Universidad de los Andes, Zea TV, de Santa Cruz de Mora, y la Televisora Cultural de Tovar.
Esta organización constató que entre 2014 y 2017 Conatel también retiró de la parrilla de programación a los canales de televisión internacionales: Caracol TV,(Colombia), RCN (Colombia), CNN (EEUU), El Tiempo Televisión (Colombia), Todo Noticias (Argentina) y Antena 3 (España).
Aragua: Funcionarios del Cicpc allanaron residencia de periodista en Maracay
El lunes 19 de febrero de 2018 una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentó en la residencia del periodista José Rafael Ramírez, ubicada en la urbanización Calicanto en Maracay.
Ramírez se encontraba con su esposa e hija cuando cinco hombres del Cicpc golpearon insistentemente la puerta de su casa. El periodista narró a IPYS Venezuela que los funcionarios le cayeron a patadas a la puerta, insistiendo en que la abriera porque tenían que entregarle una citación personalmente, pero él les dijo que la dejaran en la conserjería.
La comisión policial permaneció unos 40 minutos en el lugar, mientras que Ramírez en medio la situación pudo denunciar el hecho a través de Twitter, mencionando al Director del cuerpo de seguridad, Douglas Rico para reportarle el procedimiento ilegal. Quince minutos más tarde, los funcionarios se retiraron y dejaron la citación con la Conserje, a quien le habían solicitado previamente que no comentara nada.
Ese mismo día en horas de la tarde, el periodista compareció ante la sede del Cicpc de Aragua, tal como lo indicaba la citación. Acudió en compañía de su esposa y la abogada Matilde Paiva, y fue atendido por el comisario y director de la delegación de esa entidad, Gerson Ramirez.
“El motivo de la citación fue pedirme mayores detalles sobre la información que di a conocer sobre el incendio de los yates en Venetur Margarita. Pero le reiteré al comisario Ramírez que no podía revelar la fuente de información”, dijo el periodista. Una vez concluida su comparecencia, el reportero aseguró que el propio director del cuerpo de investigación le ofreció disculpas por la violencia con la que actuaron los funcionarios al momento de entregar la citación.

Imputaciones por delitos de odio
Los sacerdotes católicos monseñor Tulio Luis Ramírez Padilla, obispo auxiliar de Caracas y el presbítero Miguel Acevedo, párroco de Nuestra Señora de la Candelaria fueron citados a comparecer ante el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia por presunta “incitación al odio” , así lo dio a conocer una nota publicada por la red católica Aleteia en su página web.
La acusación se produjo luego de la misa el 2 de febrero, y fue realizada por una mujer que repudió las palabras del presbítero. Miembros de la feligresía alertaron que desde el 14 de febrero y durante días sucesivos un grupo de personas afectas oficialista instaló en las afueras de la iglesia sistemas de sonido con la intención de amedrentar a los asistentes y la ceremonia.
En el estado Zulia fue registrado otro caso en la Arquidiócesis de Maracaibo. La ciudadana María Antonieta Albarrán, denunció ante el Ministerio Público (MP) al sacerdote Santiago Domínguez, párroco de la Iglesia La Consolación de Maracaibo “por instigar al odio” en la misa dominical del 11 de febrero.
Albarrán presidenta de la fundación Somos uno contra el odio y el Fascismo y secretaria para el desarrollo social del estado Zulia detalló que la denuncia fue realizada por instigar al odio en su mensaje y forma parte de las “acciones ejemplarizantes” dentro del marco de la Constitución Nacional y la Ley Contra el Odio y la Convivencia Pacífica.
Esta norma aprobada el mes de noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ha sido ampliamente denunciado por organizaciones de derechos humanos por ser un Instrumento legal que contempla asuntos regresivos en materia normativa de los medios de comunicaciones tradicionales y digitales.
Derechos digitales: Formarán a “comunicadores CLAP” para responder a ataques a la revolución
El 22 de febrero de 2018 el ministro del Poder Popular para Agricultura Urbana y coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Freddy Bernal, informó que se empezarán a formar 834 comunicadores CLAP con experticia en redes sociales, en el estado Táchira, de un número aproximado de 32 mil en todo el país. “10 % de estos jóvenes ya están en batalla y los demás en formación, contra la guerra y la distorsión de la información”, explicó.
Además, Bernal señaló que los 834 comunicadores CLAP permitirán tener una plataforma comunicacional de respuesta y envío “contra cualquier ataque que reciba la Revolución Bolivariana, el liderazgo de la Revolución e incluso el proceso de distribución de alimentos de los CLAP”.
“Tendrán la función de comunicar en tiempo real los procesos de los alimentos y también las fallas y distorsiones, si las hubiere, para tomar medidas desde la sala de control social instalada en la Vicepresidencia de la República, en Caracas”, dijo Bernal.
IPYS Venezuela manifiesta su preocupación ante la implementación de estructuras de vigilancia en las redes sociales. Estas acciones oficiales avalan los bloqueos y la censura en internet al utilizar plataformas digitales para el seguimiento, la supervisión y las acciones de criminalización de los sectores que son considerados como disidentes del gobierno, ya que solo buscan afianzar los intereses proselitistas que favorezcan la gestión del Presidente Nicolás Maduro.
Apagones incrementaron fallas de servicios de teleoperadoras
Durante el mes de febrero recrudecieron fallas que afectaron los derechos digitales de los venezolanos. Las operadoras de telefonía móvil sufrieron varios ataques de cortes de cables de fibra óptica que afectó varias zonas del país.
El viernes 10 de febrero Digitel y Movistar reportaron fallas varias zonas del país debido al robo de fibra óptica.
Movistar informó en su cuenta en twitter: “Corte de Fibra Óptica en Occidente afecta parcialmente nuestros servicios de voz y datos en Maracaibo”. Los estados afectados para la teleoperadora Digitel fueron Miranda, Aragua y Carabobo.
Doce días después Movistar nuevamente informó que por la sustracción de cables los estados Bolívar Anzoátegui y Monagas se encontraban sin servicio celular.
Ese mismo día 22 de febrero en horas de la tarde un total de nueve estados del país se vieron afectados por un apagón de gran envergadura. Ciudadanos de Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Lara, Falcón y Yaracuy reportaron falla en el servicio hasta altas horas de la madrugada.
Los ciudadanos expresaron su descontento en redes sociales y exigieron a Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informaron sobre las causas del corte de electricidad. Desde su cuenta oficial en Twitter @CORPOELECinfo la empresa se limitaba a enviar la respuesta genérica “personal operativo estaba al tanto de la situación”.
Posteriormente, el ministro para la Energía Eléctrica, M/G Luis Alfredo Motta Domínguez, explicó a través de su red social en Instagram @LMOTTAD que la falla se habría debido a la explosión de un condensador en la subestación Yaracuy 765 ubicada en Yaritagua (Yaracuy). Indicó que durante las maniobras de restablecimiento del servicio se detectó que el sistema de protecciones había sido presuntamente “manipulado”, así como interruptores y una antena repetidora de la telefónica MOVILNET, que brindaba el servicio de comunicaciones a esta estación.
Nueva providencia de Conatel vulnera el derecho a la privacidad
Marianne Díaz, abogada venezolana e investigadora en asuntos de internet, durante el me de febrero publicó un reporte para la organización chilena Derechos Digitales donde da cuenta de los alcances de una normativa aprobada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATE) que vulnera el derecho básico a la privacidad de los venezolanos.
A finales de octubre de 2017, entró en vigencia la providencia administrativa Nº 171 de CONATEL, una normativa que fue aprobada sin superar los controles legislativos regulares del país y que atenta contra el derecho a la privacidad de los venezolanos.
En esta publicación se estableció la nueva información que será requerida en el momento de la contratación de una línea telefónica. Anteriormente, los ciudadanos venezolanos o extranjeros en cumplimiento de la Providencia Nº 572 del 21 de marzo de 2005, debían consignar el documento de identidad, firma, huella dactilar, y proporcionar nombre completo y domicilio del contratante; con la nueva normativa se deberá presentar adicionalmente Registro Único de Información Fiscal (RIF), correo electrónico y una foto tamaño carnet, que deberá ser tomada en el sitio de la contratación del servicio.
En el caso de los extranjeros, los requisitos incluirán copia de su pasaporte, dirección de correo electrónico, firma, huella digital, fotografía, y una factura de servicio a su nombre que refleje dirección en domicilio Venezuela.
La información será obtenida por las operadoras telefónicas de forma digitalizada a través de lectores biométricos o captahuellas, tales como los implementados en sistemas electorales y alimentarios.
La providencia obliga al desarrollo de un nuevo sistema de “registro de los abonados” donde convergerá la información del número de los usuarios más el del IMEI (identificativo del dispositivo) e IMSI ((international mobile subscriber identity) que identifica a la línea telefónica. Todo ello permitirá adelantar una base de datos donde se detalle la titularidad de las líneas telefónicas, con información de ventas y traspasos. De esta forma, cualquier operadora telefónica podrá identificar y localizar a cualquier usuario, dispositivo y línea telefónica de forma rápida.
Adicionalmente, esta norma que vulnera el derecho básico a la privacidad y a la libertad de comunicación y asociación, establece que los plazos de retención de estos datos pasarán de 2 años desde la fecha de obtención y tres meses luego de la extinción del contrato a cinco años después de la finalización del contrato. De esta forma quedaría Venezuela —junto a Colombia— entre los países con períodos de retención de datos más largos en Latinoamérica tal como lo ha denunciado en febrero de 2018 la organización Derechos Digitales.

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