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martes, 8 de mayo de 2018

“Se evidencia un proceso de militarización de la represión en Venezuela”


La persecución política avanza y no solo lo demuestra el número de civiles y militares tras las rejas por disentir del gobierno. En lo que va de año, el Foro Penal reporta un incremento de los presos políticos. La cifra ahora asciende a 336. ONG, activistas y abogados en derechos humanos alertan sobre la profundización de otra forma de acoso e intimidación, en la que participan los organismo militares. Alertaron que la práctica  que se empezó con la implementación del Plan Zamora durante las protestas contra el gobierno el año pasado, se ha recrudecido en los últimos meses y ha dejado a decenas de personas sometidas a juicios en tribunales militares. 


Provea ha registrado una mayor actuación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en los casos de persecución política. Comúnmente las víctimas son críticos del gobierno y disidentes del chavismo. Sin embargo, el último caso fue contra empresarios señalados por el gobierno de atacar la moneda venezolana. La semana pasada, la dirección de contrainteligencia detuvo a 11 directivos de Banesco. Los trasladaron a la sede de Boleíta para declarar, y allí iniciaron el proceso judicial.
Marino Alvarado, activista de derechos humanos de Provea, aseguró que este patrón de persecución consiste en allanar y detener a las víctimas, procesarlas en tribunales castrenses y enviarlas a cárceles de control militar, restringiendo el acceso a la defensa y a las visitas familiares. “El incremento de la actuación de la Dirección de Contrainteligencia Militar evidencia la militarización de la represión en Venezuela. Es una expresión de una dictadura que recurre a la represión frente al descontento social y al incremento de la disidencia”, apuntó.
 Advirtió que cuando los militares “asumen el control de la represión se hace más difícil el derecho a la defensa, se incrementa el riesgo de las violaciones a la integridad física, y las probabilidades de que las personas sean incomunicadas, maltratadas y torturadas son más altas”.
Alonso Medina Roa, abogado especialista en derecho militar, indicó que la práctica del organismo de inteligencia militar tiene sus antecedentes en el Sistema de Información de las Fuerzas Armadas y la Direcciónde Inteligencia Militar.
El uso de la inteligencia militar es una política de Estado y de capacidad operativa de los organismos. “Es evidente el crecimiento de la DGCIM en los últimos tiempos, tanto en recursos económicos como humanos”, agregó.
Alvarado indicó que el uso de los militares para perseguir y reprimir a civiles refleja “el desespero que tiene el gobierno de Maduro frente al descontento social y la disidencia”. Afirmó que está en riesgo la libertad de los ciudadanos porque cada vez más se nota un sometimiento a la justicia militar, lo cual viola el derecho humano al juez natural.
Beatriz Borges, directora Ejecutiva del Cepaz, añadió que al no contar con las libertades democráticas ni con los medios institucionales para hacer valer los derechos, la persecución aumenta. No existe discreción en las detenciones arbitrarias que violan el debido proceso. “Ahora no hay formalidades. La detención de la directiva de Banesco es un ejemplo de ello”, dijo
Afirmó que la actuación de los militares en la represión guarda relación con la participación activa del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, en los asuntos políticos.

Más allanamientos
Familiares de nueve magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio han sido víctimas de persecución por parte del Sebin en las últimas dos semanas. Ayer fueron allanadas las casas y oficinas de los magistrados designados por la Asamblea Nacional, Antonio Marval, Pedro Troconis, Ramón Pérez, Gonzalo Álvarez y Alejandro Rebolledo.
Ocho funcionarios del Sebin ingresaron, junto al fiscal 22 del Ministerio Público, a la casa de la madre de Troconis en Barquisimeto. Vecinos indicaron que la señora de 73 años de edad sufrió una crisis hipertensiva durante el procedimiento en el que fueron decomisados documentos, un celular y papeles de una motocicleta.
Luis Álvarez, director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV, hijo de Gonzalo Álvarez, denunció que debió irse del país a causa de la persecución del Sebin.

Liberación inmediata
38 organizaciones de derechos humanos rechazaron “la detención arbitraria” de Gregory Hinds y Geraldine Chacón, y exigieron que el Sebin cumpla la orden de excarcelación del Tribunal 31 de Control, y que ambos sean liberados inmediatamente. Las ONG también pidieron que se garanticen los derechos humanos de Hinds y Chacón. “Las condiciones de detención de los dos activistas han vulnerado sus derechos básicos. No cuentan con las condiciones adecuadas para su salud e integridad física, se les ha prohibido el contacto con sus abogados y familiares,”, indicaron.

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